Urge una ley general en la materia que vea el problema de forma integral: colectivo

Ante el alza de feminicidios en el país se requiere contar con una ley general en la materia, precisó María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quien remarcó que por lo pronto es urgente que los estados cuenten con un tipo penal homologado del delito.

En el contexto del foro Una luz de esperanza para las mujeres en México, realizado como parte de la conmemoración de los 15 años del organismo ciudadano, detalló que creemos que es muy importante impulsar un ley general contra el feminicidio en la que se retome el tipo penal que ha demostrado la eficacia en su acreditación y se incluyan los grandes pendientes relacionados con la problemática como son estrategias de prevención, reparación del daño y atención a niñas y niños en situación de orfandad por este delito.

Recordó que este año el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, hizo una propuesta para legislar al respecto. No obstante, desde el observatorio “nos parece fundamental que esas propuestas deben construirse colectivamente porque ya hay mucho trabajo que se ha hecho, y sabemos qué funciona y qué no.

Así como en 2007 se requirió una Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, hoy requerimos una ley general contra el feminicidio que mire el problema de forma integral para que podamos atacar un problema tan grave, expuso.

Falta de voluntad política

Anabel López Sánchez, directora general para la promoción de una vida libre de violencia e impulso a la participación política de las mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres, reconoció que las alertas de violencia de género deben mejorar, como lo ha hecho patente el OCNF.

Julia Monárrez, catedrática del Colegio de la Frontera Norte, expuso que la precariedad del sistema de impartición y procuración de justicia no sólo tiene que ver con falta de personal especializado y la carencia de infraestructura, lo más grave es la falta de voluntad política de algunos funcionarios de extender y ampliar esta precarización en la negación de asumir una óptica feminista y de derechos humanos para entender a las víctimas.