Yucatán y Quintana Roo ejemplos de violencia institucional en contra de mujeres periodistas; México descalifica a organismos internacionales defensores de DDHH
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
La violencia institucional, así como la de particulares solapada por el Estado Mexicano, en contra de personas periodistas es un tema que ya sentó sus reales en la agenda de organismos internacionales defensores y promotores de la Libertad de Expresión, porque en México no hay partido o movimiento político que declare a la prensa como su enemiga, si esta no se convierte en su vocera.
El desprecio a los derechos humanos por parte del gobierno mexicano a sido la constante como se ratificó en días pasado en una audiencia pública en el seno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde la representante de México en ese organismo regional acusó a las organizaciones civiles de ser representantes del conservadurismo, solo porque han acudido a esa instancia a denunciar las violaciones a derechos humanos que se cometen en el país.
Durante la audiencia temática “Militarización de la Seguridad Pública en México”, realizada a solicitud de más de una decena de organizaciones civiles, en el contexto del 185 periodo de sesiones de la CIDH, la representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), fue la representante del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de descalificar el escrutinio internacional sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el país.
DESCALIFICAR A ORGANISMOS INTRNACIONALES PARA EVITAR QUE INVESTIGUEN VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN MEXICO
En ese encuentro el Estado Mexicano omitió responder cuestionamientos de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la sociedad civil sobre la militarización de la política de seguridad pública a partir de 2019.
Al concluir su participación en la que expuso las “bondades” de las fuerzas armadas mexicanas, la embajadora Baños, dijo que leería un mensaje de López Obrador al organismo regional: “En el México de ahora a diferencia de los gobiernos neoliberales, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie como torturas, masacres o ajusticiamientos. Los conminamos respetuosamente a que dejen de servir, dejen de simular y dejen de actuar como ariete del conservadurismo y de otros países del mundo”.
Cuando integrantes de la CIDH le hicieron preguntas, se negó a responderlas y solo dijo que tomaba nota y que transmitiría la información a la Presidencia. Desde luego que esta es una muestra del nivel diplomático del actual gobierno federal, no le interesa respetar lo que le ordena el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido por los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el mismo gobierno mexicano.
VIOLENCIA SISTEMÁTICA CONTRA MUJERES PERIODISTAS EN LA PENINSULA DE YUCATÁN
En ese contexto a nivel nacional e internacional, en la Península de Yucatán la Libertad de Expresión solo es válida para los grupos políticos y económicos que la usufructúan, pero cuando esta cumple con su función social de cuestionar a los poderes, quienes hacemos periodismo nos convertimos en los enemigos a vencer, porque la verdad les molesta, el Derecho a la Información que tiene la sociedad se convierte en una herramienta que abre los túneles de la corrupción y la impunidad.
Por ello, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos México y la Articulación de Defensoras y Periodistas de la Península de Yucatán, difundieron este jueves 27 de octubre de 2022, un comunicado para dar a conocer a nivel nacional e internacional dos reportes de agresiones a mujeres periodistas de la región.
La referidas organizaciones mencionan el caso de la periodista Cecilia Abreu, reportera del periódico peninsular La Jornada Maya y co directora del portal Líneas Emergentes, quien fue intimidada mientras realizaba su labor periodística.
De acuerdo al comunicado, los hechos ocurrieron la mañana del martes 25 de octubre, en la ciudad de Mérida. La periodista cubría una protesta cerca del Consulado de Estados Unidos, cuando un policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se dirigió hacia ella en actitud intimidatoria y elevando el tono de voz, le dijo que “estaba prohibido tomar fotos”. Después le exigió borrar las imágenes que había capturado.
Cecilia Abreu intentó explicar que se encontraba en la vía pública y que era representante de un medio de comunicación, pero el elemento insistió con la misma actitud agresiva y pese a que la periodista accedió a borrar las fotografías, le solicitó su identificación oficial y su acreditación de prensa, a las cuales sin solicitar consentimiento, les tomó fotos con su celular.
Después de que la reportera manifestó su inconformidad por esas acciones, el policía le contestó que “tenía que pasar el reporte” y le mostró su gafete para “identificarse”, aunque la periodista no tuvo tiempo siquiera de leerla.
ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS SE SOLIDARIZAN CON GRACIELA MACHUCA
En el mismo documento de denuncia pública, también se hace referencia a la situación vivida por quien esto escribe. “Graciela Machuca, también periodista e integrante de la organización civil Maya Sin Fronteras, hace un par de semanas enfrentó una nueva amenaza, la de ser criminalizada, tras hacer público, el soborno de que fue objeto en el mes de junio, por parte del hoy Director del Instituto para la Educación de Jóvenes y Adultos de Quintana Roo.
“La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos México, durante el 2021, registró 25 agresiones a mujeres periodistas en la región, por lo que junto con la articulación de Defensoras y Periodista de la Península de Yucatán, manifestamos nuestra preocupación ante la creciente ola de agresiones hacia quienes ejercen el derecho informar y condenamos estos hechos”.
Las organizaciones firmantes recordaron a los y las servidoras públicas que: “La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo el de no ser molestado por opinar, investigar, recibir informaciones y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
OTRO TIPO DE VIOLENCIA ES LA QUE ENFRENTAN MUJERES PERIODISTAS EN SALAS DE REDACCIÓN
Otro aspecto de violencia que vivimos las mujeres periodistas en México y en el resto de la región, es lo que concluye el Informe “Mujeres Periodistas y Salas de Redacción”, elaborado por la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que recomendó a los medios de comunicación que adopten procedimientos para erradicar este tipo de violencia, así como mecanismos independientes de denuncia y rendición de cuentas «frente situaciones de violencia», basada en género y, en particular, a casos de violencia y acoso sexual.
El 19 de octubre, Verónica Espinosa, integrante de Red Mex Periodistas, manifestó que, en los últimos años, la Relatoría Especial ha documentado múltiples ataques a la libertad de prensa y cientos de episodios de violencia contra periodistas de distintos lugares de la región, como desapariciones, asesinatos, amenazas, hostigamientos y otros ataques.
La también periodista, dijo que en el caso de las mujeres estos no son actos aislados, más bien sintomáticos de un patrón de discriminación estructural contra este sector.
El referido informe señala que las mujeres periodistas y el resto de las trabajadoras de los medios de comunicación consideran que las empresas deben adoptar una política de cero tolerancia frente al acoso laboral y sexual que debe ser diseñada a través de procesos participativos y transparentes.
Graciela Machuca
