Atentado a periodista en Cancún, solo una muestra de la debilidad del Estado de Derecho en Quintana Roo
Necesariamente Incomoda
Graciela Machuca Martínez
La noticia que circuló a nivel nacional e internacional la noche del 26 de enero sobre el supuesto atentado que sufrió el periodista Rubén Darío Cruz en Cancún, a pesar de que cuenta con guardias de seguridad comisionados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derecho Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, puso a la luz pública la falta de claridad sobre las facultades constitucionales que tiene la gobernadora Mara Lezama, porque se erigió en agente del Ministerio Público y en jueza para decir que dicha agresión no se registró.
Si bien es cierto que la narración de los hechos por parte de la víctima es confusa, quizás por el nerviosismo del momento, o por otras razones, que sólo la Fiscalía General del Estado debe investigar durante la integración de la Carpeta de Investigación correspondiente, eso no le da facultades a la gobernadora a concluir mediáticamente con la investigación y emitir un fallo como lo hizo a través de sus redes sociales.
La Fiscalía de Quintana Roo por la noche del jueves 26, por medio de su cuenta de Twitter informó que “…inició una carpeta de investigación por la agresión que sufriera un periodista en el municipio de Benito Juárez. La Fiscalía General realiza los actos de investigación correspondientes”. Hasta el momento esta autoridad no ha dado más detalles sobre los hechos de acuerdo a sus protocolos de investigación.
Sin embargo, la gobernadora en su afán de evitar su responsabilidad en materia de seguridad pública, más no de fiscal, difundió un mensaje por medio del cual desacreditó las primeras versiones del periodista, sin esperar que la Fiscalía cumpliera con las indagatorias respectivas, lo cuál si queremos ponernos estrictos con la ley, se llama usurpación de funciones.
El viernes 27 de enero, por la mañana, Mara Lezama, publicó un mensaje en el que dijo que: “Hemos estado al pendiente y en constante contacto con el periodista Rubén Darío Cruz, quien nos comentó que si bien no hubo ataques de arma de fuego hacia su persona, experimentó una presunta situación de riesgo que orilló a que su escolta del servicio de protección federal, realizara una detonación de su arma de cargo para salvaguardar su integridad”.
A pesar que la máxima autoridad del estado de Quintana Roo busque minimizar la situación de riesgo que vivió el periodista que también labora para el periódico PorEsto! hay que recordar que Rubén Dario Cruz ya a sido víctima de agresiones y amenazas de muerte, por lo que el Mecanismo de Protección le otorgó medidas de protección. En un estado, donde periodistas tienen que salir a trabajar con escoltas habla de la debilidad del Estado de Derecho.
La Fiscalía de Quintana Roo realiza indagaciones para verificar la versión tanto de periodistas como de sus escoltas, quienes al ser personal de Protección Federal, saben muy bien que no pueden declarar con falsedad ante una autoridad, además, tienen que informar tanto a sus mandos superiores como a la Junta de Gobierno sobre qué es lo que sucedió, por lo que una declaración adelantada no solo pone en riesgo el esquema de seguridad del periodista afectado, si no de todos los demás periodistas y personas defensoras de derechos humanos que reciben protección federal en Quintana Roo.
La versión de Rubén Darío Cruz dice que salía de las instalaciones del periódico para el cual trabaja, cuando los delincuentes usaron a una persona como distractor, misma que se acercó a las instalaciones del periódico gritando que lo quería “levantar” solicitando la ayuda al periodista.
“La presunta víctima continuó su camino perdiéndose sobre la avenida Andrés Quintana Roo, al mismo tiempo tres hombres a bordo de un auto de color negro comenzaron a seguir al reportero”.
Rubén presume que los hombres armados que lo interceptaron podrían ser integrantes de una banda de asaltantes de cuentahabientes que operan en Cancún, debido a que momentos antes ya los había visto rondando un cajero automático cercano al periódico.
Detalló en sus declaraciones al Ministerio Público como a la prensa que el conductor del auto negro detuvo la marcha y uno de ellos bajó del vehículo con una arma de fuego, quien apuntó hacía el auto donde viajaba el comunicador y realizó los disparos, por lo que los escoltas repelieron la agresión para resguardarse cerca del Centro de Reinserción Social de Cancún, en donde pidieron el apoyo policial por medio del número 911.
Esta versión, así como la de testigos y las evidencias que se encuentren en las cámaras de seguridad del área le permitirán al Ministerio Público definir una línea de investigación.
Pero por lo pronto, las líneas de investigación tienen que ser diversas, empezando por el trabajo periodístico de Rubén, después por el presunto asalto, sin dejar a un lado los hechos que motivaron que el Mecanismo de Protección le haya proporcionado medidas de protección como es un vehículo y equipo de escoltas.
En el caso hipotético que se descartara un atentado hacia el periodista por su labor profesional, quedaría evidenciado, una vez más, que la sociedad quintanarroense no puede vivir en paz, porque las autoridades estatales y municipales se encuentran rebasadas por la delincuencia del fuero común y la organizada. Querer tapar con un dedo no es función de una gobernante que fue electa para brindar seguridad a la población, entre muchas otras obligaciones. La ciudadanía en general y las personas periodistas en particular debemos cumplir con lo que nos corresponde: acatar le ley.
Graciela Machuca
