Presencia militar en la Península de Yucatán para proteger al Tren Maya genera más violencia
Necesariamente Incómoda
**Soldado asesina a trabajador del Tren Maya en Campeche.
Graciela Machuca Martínez
Oponerse a la militarización de la vida del país tiene argumentos históricos, sociales y políticos muy claros, porque la formación de los militares no va acorde con la convivencia con civiles, el pueblo de México ha sido víctima de represión ejecutada por el Ejército Militares y la Marina, así como las fuerzas especiales del gobierno mexicano como la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), la cual en su momento fue dirigida por el actual director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlet Díaz, organismo policial que se dedicó a detener y desaparecer a cientos de personas durante las décadas de los años setentas y ochentas del Siglo XX.
Ahora que los expriistas siguen formando parte del gobierno, pero con la camiseta del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se olvidaron de la participación sangrienta de los militares durante llamada Guerra Sucia, pero además, le están entregando para su administración empresas que se están conformando con recursos públicos, con dinero que paga todo el pueblo de México a través de los impuestos.
A pesar que a las instancias castrenses se les está entregando la operación de la seguridad pública, una tarea que compete a la autoridad civil, de acuerdo a la Constitución y a la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mandos militares no tienen el mínimo interés de entrenar a su personal para dar sus servicios a la población civil y los resultados negativos los tenemos en las calles, donde actúan con la sentencia de “mátalos en caliente” y luego investigamos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han documentado una serie de violaciones a derechos humanos cometidos de manera sistemática por personal militar, sin que hasta el momento al gobierno federal le interese adaptar la institución militar a las nuevas tareas de índole civil que de facto se le han delegado.
Un caso reciente de la violencia del Ejército, contra civiles, se registró en Campeche, el pasado domingo 30 de abril, donde la Fiscalía General del Estado tuvo que asegurar a un efectivo del Ejército Mexicano, acusado presuntamente de asesinar a un trabajador del Tren Maya, hechos suscitados en el Ejido Constitución, perteneciente al municipio de Calakmul, localidad donde militares se encuentran comisionados para realizar patrullajes por la ruta del Tramo 2 de la obra ferroviaria.
Según reportes de prensa, el presunto asesino arribó a un puesto donde se vendían alimentos y bebidas alcohólicas y disparó su arma de cargo contra Alexis Domínguez Aguirre, trabajador en las obras del Tren Maya, quien murió al instante.
Después del homicidio, los soldados se refugiaron en el mercado municipal donde se abrió un campamento provisional para instalar a los militares mientras realizan su trabajo de patrullaje.
Cuando un grupo de pobladores decidió ir por el soldado agresor, sus compañeros lo protegieron, por lo que se generaron disturbios que terminó con soldados golpeados, dos vehículos de motor incendiados, al llegar la Guardia Nacional, también se enfrentaron con los pobladores. Posteriormente, el acusado fue entregado a la Fiscalía.
Al conocerse los proyectos del Tren Maya y del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, quien esto escribe advirtió del peligro de militarizar ambas zonas estratégicas para el país y el tiempo nos ha dado la razón.
Pero la política de la 4T de militarizar el país sigue a marchas forzadas a pesar que para ello se siga vulnerando la Constitución.
Durante la madrugada del 26 de abril pasado, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados Federal, sin discusión en comisiones, aprobó por 263 votos a favor, 218 en contra y 0 abstenciones, modificaciones al artículo 3 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, además de adicionar un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y un artículo 59 Bis a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
De acuerdo al Diario El Financiero, a iniciativa aprobada por los diputados morenistas y sus aliados, “prácticamente, una calca de la aprobada hace una semana en aviación, salvo que los cambios en la ley ferroviaria facultan al presidente para otorgar asignaciones a paraestatales para la operación de ferrocarriles”.
El párrafo adicionado a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario dice lo siguiente: “El título de asignación a favor de entidades paraestatales tendrá una vigencia indefinida. Una vez otorgada dicha asignación no podrá cederse o transferirse bajo ningún título; solo podrá concluir cuando se acredite fehacientemente que no existe utilidad o interés públicos, interés general, interés social o razones de seguridad nacional que lo justifiquen”.
Mientras el gobierno de la 4T adecua las leyes para continuar con la militarización del país, en la Península de Yucatán, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional ya forman parte de localidades rurales y urbanas, para inhibir la protesta social en contra del Megaproyecto Tren Maya, como lo han dado a conocer activistas de la región.
Graciela Machuca
