Contexto de violencia en que periodistas y personas defensoras de DDHH cubrirán el proceso electoral 2024
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Una evidencia que el Estado Mexicano se niega a cumplir con sus compromisos internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos o no sabe cómo hacerlo, es la violencia sistemática en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas, a pesar. qué en el discurso oficial se diga lo contrario.
A unas semanas que inicie formalmente el calendario electoral 2023-2024 es pertinente que los tres niveles de gobierno y la sociedad, hagamos un balance de las condiciones en que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas realizamos nuestro trabajo, porque la incidencia delictiva documentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos presenta un panorama sumamente violento para los próximos meses previos al dos de junio de 2024.
Mientras en enero de 2023 el número de delitos llegó a 165 mil 571, la cifra de julio es de 180 mil 761, en tanto en julio de 2022 fue de 176 mil 900, teniendo un incremento de tres mil 861 delitos, lo que representa el 2.2 por ciento en el referido mes.
Con este grado de violencia por todos los rincones del país se desarrollará el proceso electoral, quienes ejercemos el periodismo saldremos a la calle a realizar nuestras coberturas informativas, quienes se dedican a defender derechos humanos, incluido el derecho a votar y ser votado, harán lo propio, las familias de las personas desaparecidas aglutinadas en colectivos seguirán removiendo tierra y tocando puertas para encontrar a sus seres queridos.
La infiltración del crimen organizado en el financiamiento de campañas políticas o para imponer sus intereses por medio de la violencia es un factor que como sociedad y la clase gobernante debe tomar en cuenta, no podemos cerrar los ojos ante la realidad que ha desbordado a las instituciones y a su normatividad.
Los partidos políticos violentan en todo momento la ley electoral, realizan actividades proselitistas fuera de los tiempos establecidos por la legislación vigente, gastan carretadas de dinero, que no pueden tener otro origen que del presupuesto público o de actividades ilícitas.
Las personas precandidatas a la presidencia de la república del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) están replicando su pasado priista al llenar plazas con gente que las llevan de una ciudad a otra en cientos de autobuses. Una práctica que se suponía iba a desaparecer con el cambio de grupo político en el poder.
Mientras las coaliciones de partidos políticos deciden a quien designarán como candidata o candidato a la presidencia de la república, se vive una tensa calma en las diferentes regiones del país, en espera de que ya se tenga formalmente los nombres de quienes jugarán por ser titular del Poder Ejecutivo Federal, después vendrán los golpes bajos y los ajustes de cuentas para quedarse con las candidaturas a gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y locales, así como presidencias municipales.
Tanto el periodo de selección de personas candidatas, como durante los periodos formales de precampañas y campañas electorales, quienes aspiren a un cargo de elección popular deben recibir la protección del Estado mexicano para poder realizar sus actividades proselitistas con seguridad, ya que la violencia registrada en otros procesos electorales no es para echarla en saco roto.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez publicado en el mes de septiembre de 2021 realizado por el doctor Juan Pablo Aguirre Quezada, retoma declaraciones de la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien externó su preocupación debido a los actos de violencia registrados en México, durante el proceso electoral 2021, al afirmar que “al menos 91 políticos y miembros de partidos, entre los cuales 36 se presentaban como candidatos, fueron asesinados desde el pasado septiembre (2020), cuando comenzó la campaña electoral. Además, hubo amenazas ataques a políticos y funcionarios públicos”.
Pero al parecer, a las autoridades federales no les interesa gobernar haciendo análisis de contexto retrospectivo y prospectivo, como está sucediendo actualmente en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, organismo que se encuentra en crisis debido a la falta de políticas públicas para la defensa de derechos humanos y las múltiples omisiones institucionales.
Lamentablemente, esta situación no es privativa de este mecanismo, sino todas las demás instituciones creadas para dar cumplimiento a lo establecido por el Artículo Primero Constitucional en materia de derechos humanos están en crisis, como la Comisión Nacional de Atención a Víctimas.
La Revista Proceso dio a conocer la semana pasada las inconsistencias para darle protección a las personas beneficiarias, así como para cumplir con los derechos laborales del personal, lo que el coordinador del Mecanismo y titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, simplemente rechazó, pero hasta el momento hay varios recursos de revisión ante el INAI, por medio de los cuales se le ha pedido a la institución informar sobre la cancelación de medidas protección y porque hay personas que tienen medidas de protección si públicamente se ve que su riesgo no es alto, como en otros casos. Pero al gobierno federal no le interesa informar, por lo que sus aliados desde el Senado de la República se niegan a nombrar a los comisionados de ese organismo que faltan de ser nombrados.
Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), el martes 29 de agosto se reunió con integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas.
Su discurso fue el mismo. Solo palabras. Ahora le toca a los integrantes del Consejo Consultivo explicar públicamente a la sociedad que es lo que está pasando con esa institución de la que forma parte y que tiene la encomienda de proteger a quienes ejercemos el periodismo y defendemos derechos humanos.
Graciela Machuca
