La trata sexual infantil en Quintana Roo debe eliminarse con acciones integrales
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
La intensa y redituable actividad turística de Quintana Roo que fortalece las haciendas de los gobiernos federal, estatal y municipales, así como las utilidades de los inversionistas nacionales y extranjeros, desde hace muchos años esconde diversas actividades ilícitas, entre las más graves e indignas se encuentra la trata de personas menores de edad para fines sexuales y laborales, por lo que se espera que la preocupación gubernamental y las intenciones para que el Congreso del Estado tome cartas en el asunto, sean acciones contundentes y efectivas a largo plazo y no solo con fines electorales.
La semana pasada, la XVII Legislatura de Quintana Roo recibió una iniciativa para obligar a los propietarios de unidades de renta vacacional, como Airbnb, a validar el parentesco entre sus huéspedes, específicamente entre adultos y los menores que los acompañan.
En caso de no hacerlo estarían incumpliendo la infracción de omisión y serán acreedores a multas de entre 12 mil a 105 mil pesos, además de perder el permiso para continuar operando en la entidad bajo esta modalidad de alojamiento.
De acuerdo al diputado Hugo Alday Nieto, autor y promotor de la iniciativa de adición a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, se trata de una estrategia para combatir el turismo sexual en el Estado, el cual se ha convertido en un tema preocupante para las autoridades.
“Ha quedado manifiesto que miles de personas llegan a Cancún, Playa del Carmen o Tulum para participar en actividades sexuales con menores de edad. Ya se han hecho esfuerzos por evitar que utilicen a las cadenas hoteleras como puntos de encuentro, pero hasta ahora no se ha hecho nada para evitar la misma situación en los cuartos y casas ofertados a través de las plataformas digitales”, declaró el ahora legislador.
Desde luego que la propuesta es de suma importancia para combatir el llamado turismo sexual en la entidad, pero mientras no se diseñen políticas públicas integrales en las que participen los tres niveles de gobierno, los tres poderes del estado y sus diversas instituciones, la reforma o adición legislativa que llegue a aprobar el Congreso será letra muerta, como muchas otras y se confundirá con fines políticos y económicos de los empresarios hoteleres que no quieren competencia de particulares que brindan el servicio de hospedaje a través de plataformas digitales.
Por cierto, este tipo de servicios de hospedaje no solo tiene que ser supervisado por las autoridades para inhibir el turismo sexual, sino que se les debe exigir responsabilidades en todos los aspectos de los servicios que ofrecen, porque la falta de reglamentación ha propiciado que los destinos turísticos de Quintana Roo salgan perdiendo, por los malos servicios y falta de cumplimiento, quizás no de todos, pero si de aquellas personas que se dedican a la administración de inmuebles para destinarlos a este tipo arrendamientos, como sucede en municipios como Tulum.
La iniciativa de ley, solo propone la adición del Artículo 11 Bis que obligaría al anfitrión, que en caso de que sus huéspedes ingresen con menores de edad, soliciten documentos que validen el parentesco. En caso de que se nieguen o que no exista dicha relación familiar, se deberá informar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo.
Una medida como ésta, si no tiene vinculación con un programa integral para eliminar la trata de personas menores de edad con fines de explotación sexual en la entidad, solo será una “llamarada de petate”, porque recordemos que esta actividad ilícita es operada por redes internacionales de la delincuencia organizada, las cuales tienen sus tentáculos en las esferas del poder económico y político, como se ha demostrado jurídicamente en Quintana Roo.
Un tema tan delicado y que causa graves daños a niñas, niños y adolescentes no puede utilizarse para darle brillo a una agenda legislativa con intereses político electorales y económicos, de allí la relevancia ética de quienes integran la XVII Legislatura de Quintana Roo, de abordar el tema con la asesoría de expertos tanto de la academia, de organizaciones civiles y de la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de sus diferentes agencias como la UNICEF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
La trata sexual infantil se ha detectado en municipios del norte del estado, dio a conocer Flor Ruiz Cosio, secretaria del Trabajo y Prevención Social del Gobierno del Estado, a diferencia de municipios del sur de la entidad, donde se ha detectado la trata de personas migrantes para fines de explotación laboral.
“Es muy diferente el tema de trata que se da en el sur del estado, a la trata que se da en el norte del estado. En el norte se está capacitando (a personas para identificar el delito), desafortunadamente la trata va más enfocada a menores y entran temas de trata sexual infantil. Se está capacitando también al personal de los hoteles para que sean los que realmente denuncien y entonces nosotros podamos acudir para tomar las acciones necesarias”, expuso la servidora pública.
A finales del mes de agosto de 2023, Televisa difundió en sus noticiarios un reportaje en el que se informó que durante los últimos meses, “autoridades de Quintana Roo interceptaron un chat que servía de catálogo en el que tratantes de personas ofrecían a niñas y niños a «sus clientes».
En el reportaje El Infierno de la Trata de Personas en Quintana Roo transmitido en Despierta, Marisol, víctima de trata de personas, quien cumplirá 25 años en septiembre, contó a Danielle Dithurbide que a los ocho años de edad escapó de su casa debido a que su mamá la ofrecía a hombres mayores, muchos de ellos turistas.
En el reportaje se dice: “En Cancún se estima que una gran parte de la explotación sexual de niños y niñas se trasladó de los hoteles y clubes de playa a casas y departamentos rentados a través de aplicaciones”.
Cualquier reforma o adición legislativa, o política pública que no esté respaldada por un diagnóstico elaborado por expertos, solo será el “hazmerreír” de las organizaciones internacionales de trata de personas que operan en Quintana Roo.
Graciela Machuca
