23 febrero 2024

Saqueo en la Secretaría de Salud de Quintana Roo debe investigarse a fondo

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Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez  

El caso de la detención y sujeción a proceso, así como su liberación condicionada, de la doctora Encarnación Asunción Jiménez, directora de la Clínica del Niño y Adolescente con Cáncer dependiente del Hospital General de Chetumal, es motivo de reflexión sobre las condiciones del desorden administrativo, déficit presupuestario y prácticas de corrupción que han caracterizado a la Secretaría de Salud en Quintana Roo desde hace décadas.

En este contexto, es imprescindible que ahora que las autoridades estatales decidieron investigar el caso, que no se queden allí, sino que realicen auditorias internas y externas con las herramientas jurídico-administrativas que les permite la normatividad y vayan al fondo del asunto, porque las deficiencias de los servicios de salud en la entidad también tienen que ver con el saqueo sistemático en los hospitales y clínicas, ya no digamos de lo que sucede en las bodegas, con el uso de los vehículos, el combustible y los medicamentos que por arte de magia llegan a clínicas particulares.

Sí se trata de investigar un presunto delito, que se haga, pero en serio y que las investigaciones se extienda a toda la Secretaría de Salud de Quintana Roo, instancia que debe tener diversos documentos, carpetas de investigación y auditorias internas que aporten evidencias de esas prácticas delictivas; que se actué de manera administrativa y penal, pero lo que no se puede hacer, es fabricar chivos expiatorios.

A la doctora Encarnación Asunción Jiménez se le debe dar el beneficio de la duda por los años de servicio en la referida clínica, como profesional de la medicina especializada en Oncología; hay muchos testimonios tanto en las redes sociales, como personas que la conocen de su calidad profesional y humana; además de ello, en todo momento se le deben respetar su derecho de presunción de inocencia, así como el resto de sus derechos humanos, los cuales, recordemos son indivisibles.

El proceso judicial al cual ahora está sujeta se le debe seguir como lo marca el debido proceso, sin olvidar que se le debe juzgar con perspectiva de género, derecho que tienen tanto las mujeres víctimas, como las imputadas.

Como periodista y defensora de derechos humanos de las mujeres estaré pendiente al desarrollo de estas investigaciones, porque la decisión de investigar un caso, no es suficiente, si se quiere combatir las prácticas de corrupción que existen en la Secretaría de Salud, se debe ir a fondo, no solo utilizar un caso para justificar el resto de las omisiones.

Tanto la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, como el Poder Judicial del Estado, son las instancias responsables, en primer lugar de respetar los derechos humanos de la doctora Encarnación Asunción Jiménez, después llevar a cabo todo el proceso con la debida diligencia, si es que se quiere llegar a identificar a los verdaderos responsables del robo del medicamento oncológico en particular que no estuvo en el lugar donde debió estar.

Es un secreto a voces que hospitales, clínicas, bodegas, parque vehicular y demás patrimonio de la Secretaría de Salud de Quintana Roo han sido objeto de un saqueo sistemático desde hace muchos años, muchas fortunas han tenido su origen en estos robos, sin embargo, la cercanía al poder político de quienes han controlado la institución les ha dado “patente de corso”.

Equipos médicos, mobiliario, vehículos, insumos, instrumental, han ido a parar a clínicas privadas; suena anecdótico, pero es una realidad que en varias casas se han visto camas de hospital, incluso como objetos decorativos; el saqueo no solo lo realizan quienes tienen se dedican a la medicina privada, sino la corrupción es tal que personas ajenas al sector salud se dedican al robo de medicamentos directamente de las bodegas para después ofrecerlos en el mercado negro.

Si en verdad se quiere terminar con la corrupción, negligencia y déficit presupuestario que agobia a la Secretaría de Salud en Quintana Roo, es urgente y necesario que la sociedad conozca que tipo de castigo se le dará a los responsables intelectuales de que una camioneta de esa institución haya sido utilizada para transportar mariguana, al conductor se le sometió a proceso, pero sobre quienes ordenaron o solaparon ese ilícito, hasta el momento no se ha dicho nada, la justicia en Quintana Roo no tiene la fuerza para atravesar los muros que rodean a esa cúpula del poder político o de facto que lucra con el patrimonio con los recursos públicos que deben  servir para algo prioritario, como es la salud del pueblo quintanarroense.

Otro caso que ha quedado en la impunidad es el fraude que cometió Jorge Luis Brizuela Guevara, de nacionalidad venezolana, tanto en agravio del patrimonio de la Secretaría de Salud como de recursos de empresarios a los que subcontrató como proveedor de servicios durante el gobierno de su amigo y socio Carlos Joaquín González, aprovechando la emergencia de la pandemia de COVID-19.

Además, de los señalamiento que  se le hacen en informes de inteligencia militar tanto de México como de Estados Unidos, Brizuela Guevara, se benefició de más de 544 millones de pesos por contratos que se le asignaron desde el gobierno del estado y que al final de cuentas no invirtió en los servicios contratados, porque subcontrató los servicios, sin pagarlos.

El saqueo de los recursos de la Secretaría de Salud de Quintana Roo no solo lo han cometido directivos, personal y la delincuencia común, sino también los delincuentes de cuello blanco, quienes al final de cuentas han institucionalizado el robo de los recursos de la institución.

Este personaje cercano al poder político e incluso a la cúpula militar del país, por su cercanía con el General Salvador Cienfuegos, se convirtió en propietario de Laboratorios PRONALAB, empresa dedicada a las pruebas rápidas y PCR para detectar el COVID-19 a turistas y trabajadores del sector hotelero de Quintana Roo, por ello, como empresario de ese ramo, el gobernador Carlos Joaquín lo llevó a la Feria Internacional del Turismo de Madrid, España, en el 2022.

Si se trata de investigar en serio se debe estar dispuesto a que caiga quien caiga, se debe hacer justicia. El combate a la corrupción debe pasar del discurso a los hechos.

Graciela Machuca

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