Asesinatos, censura e intimidación, enfrenta el gremio periodístico en México, mientras la democracia se tambalea

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 Necesariamente Incomoda

Graciela Machuca Martínez 

Mientras en el país los asesinatos de periodistas siguen a la orden del día, en Quintana Roo los agravios contra el gremio periodístico en lo que va del año suman al menos una veintena de parte de diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno.

En un país donde se mata periodistas, por lo que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, a la par de aquellos que se encuentran en guerra, no se puede presumir que existe libertad de expresión y mucho menos democracia. 

Recordemos que cuando se asesina a una persona periodista, cuando se le coarta su derecho a la libertad de expresión, no solo se afecta la labor periodística, sino el derecho a la información que tiene la ciudadanía para recibir, investigar y difundir cualquier tipo de información de acuerdo a sus intereses, según los establece el Artículo Sexto Constitucional y los tratados internacionales suscritos por México.

Pero hay funcionarios, también de los tres niveles de gobierno, a los que no les ha quedado claro en qué consiste el derecho a la información y se adjudican facultades de censores que ningún agente del Estado las tiene. 

En Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo, el pasado miércoles 15 de noviembre se presentó un bochornoso caso de censura e intimidación por parte de dos servidores públicos, uno del nivel federal y otra, del estatal.

En una conferencia de prensa convocada por el sector empresarial e instancias gubernamentales para dar a conocer el Buen Fin 2023, el representante en la entidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Israel Francisco Malacón Osuna, al llegar a la referida actividad dejó con la palabra en la boca a representantes de medios de comunicación, se negó a responderles sus preguntas, aduciendo que en esa ocasión solo hablaría del motivo de la conferencia convocada y no de otros asuntos que no estaban en su agenda.

Desde hace semanas, en diferentes ciudades de Quintana Roo se ha estado cuestionando la actividad de la PROFECO, porque tal parece que no existe. Se le preguntó al mismo servidor público hace unos días, en Cancún, sobre cuantas quejas en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) existen por los apagones y el resto del mal servicio, a lo que solo contestó, varias.

En Chetumal, la inconformidad de la ciudadanía ya tiene años en contra de la PROFECO, porque a un burócrata, desde la Ciudad de México, se le ocurrió la maravillosa idea de cerrar las oficinas de este organismo federal en la capital del estado, por lo que la población consumidora ha quedado en estado de indefensión, porque si tiene que reclamar alguno de sus derechos, debe trasladarse hasta Cancún para presentar la queja e ir frecuentemente a darle seguimiento al procedimiento. 

Esta era una de las preguntas que el funcionario federal no quiso responder, a pesar, que es una demanda generalizada de la población de Chetumal y localidades aledañas.

Cuando el funcionario intentó hablar durante la conferencia de prensa, un grupo de reporteros lo abucheó y otros le dijeron que se callara, que no querían escuchar su discurso sobre el Buen Fin. 

La conferencia siguió sin la participación del representante de la PROFECO, pero antes, la secretaria de Desarrollo Económico, Karla Almanza López, le dijo a los reporteros que transmitían en vivo, que cerraran las transmisiones porque el publico no podía estar escuchando esas diferencias entre la prensa y el representante de PROFECO.

Pero mientras en Quintana Roo, este tipo de servidores públicos le están jugando al censor y a tener una actitud patrimonialista sobre la información pública que pertenece al pueblo, se sigue a la espera de justicia para los cinco periodistas que fueron asesinados durante el pasado sexenio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya hizo un llamado de atención a la Fiscalía, por las irregularidades en que cayó durante las investigaciones, sin embargo, hasta el momento, todo sigue en el olvido.

Apenas, el pasado 10 de noviembre, nos enteramos a través de Cambio 22 del asesinato del periodista, servidor público y escritor, Héctor Noguera Trujillo, en la ciudad de Veracruz, en el interior de su domicilio en la colonia Zaragoza.

Se desempeñó como director del Museo de la Ciudad de Veracruz. Noguera Trujillo fue conductor el programa ‘La Edad Dorada’ y fue autor de 17 libros. Hasta el momento la Fiscalía de Quintana Roo solo ha informado que la línea de investigación que sigue es la relacionada con el robo.

Este jueves 16 de noviembre, el país se despertó con la noticia del asesinato a balazos del fotoperiodista de El Heraldo de Juárez, Ismael Villagómez. Los hechos ocurrieron durante la madrugada, alrededor de las dos horas, cuando fue acribillado a balazos en el interior de su automóvil, en la colonia Francisco Sarabia en la esquina de las calles Chiapas y Del 57.

Vecinos reportaron a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, que escucharon unas 10 detonaciones de arma de fuego, por lo que llamaron a los servicios de emergencia.

De acuerdo a la policía, al interior de un vehículo Hyundai color gris, sobre el asiento del chofer, fue hallado el cuerpo sin vida de “Tiger”, como era conocido por sus amigos y colegas, quien recibió varios balazos en el costado izquierdo, cuello y cabeza.

Ahora que se acercan las campañas electorales a cargos de elección popular, hay que esperar las propuestas en materia de libertad de expresión y seguridad para periodistas que harán estos paladines de la democracia.

Graciela Machuca

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