Corrupción, falta de transparencia y dilación judicial obligan a ejidatarios de Señor X-Maben a manifestarse públicamente

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Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez

La descomposición del tejido social, económico, político y ético de los ejidos en Quintana Roo volvió a salir a la luz pública con la intervención de instancias gubernamentales, empresariales y militares con motivo de obras del gobierno federal como el Tren Maya y volvimos a enterarnos que esos asentamientos humanos de carácter agrario seguían igual de olvidados que antes que se decretara la existencia de Quintana Roo, como entidad federativa. 

El Ejido Señor X-Maben y anexos es uno de los más antiguos de la zona, cuenta con 542 ejidatarios con derechos agrarios a salvo, quienes han tenido que enfrentarse a decisiones institucionales autoritarias, unilaterales, avaricia de empresarios, pero también a la corrupción, falta de transparencia y rendición de cuentas; la impunidad y el saqueo de las arcas ejidales ha sido la constante, sin embargo, las nuevas generaciones de ejidatarios van tomando conciencia que las cosas no se pueden hacer como antes, porque quienes estén al frente del ejido deben rendir cuentas, lo que no convence, ni mucho menos conviene a quienes han usado los recursos del ejido como si fueran de su propiedad.

Actualmente, este ejido enfrenta una grave división, porque actores políticos que operan desde la cabecera municipal, como la misma presidenta municipal Maricarmen Hernández Solís, han tomado partido por el grupo de poder que según la mayoría de la asamblea ejidal, siempre han manejado los recursos del ejido a su conveniencia y ahora que las ganancias de la venta de material pétreo se reparten de manera equitativa entre todos los ejidatarios, están utilizando todo tipo de argucias legales y amenazas para que el control de los recursos vuelva a sus manos.

El 6 de marzo de 2022, la asamblea ejidal eligió como presidente del Comisariado de Bienes Ejidales a Margarito Cituk May con 261 votos, el segundo lugar lo ocupó Pedro Cham Poot con 120 votos, dicha asamblea fue sancionada por la Procuraduría Agraria y registrada ante el Registro Agrario Nacional (RAN) por lo que dicha elección se llevó a cabo en tiempo y forma.

Hasta allí todo iba bien, pero los problemas empezaron para el nuevo comisariado cuando decidió destituir como asesor técnico del ejido a Marcelo Carrión Mundo, quien después de 40 años de permanecer en el cargo, no ha informado a la asamblea del resultado de su trabajo.

Durante este periodo, se convirtió en el todopoderoso del ejido por lo que la mayoría de los integrantes de los comisariados se tenían que someter a sus “asesorías”, muchas veces esas administraciones ejidales terminaban en complicidad, corrupción y falta de apoyos directos para los miembros del ejido.

La determinación del Comisariado Ejidal encabezado por Margarito Cituk May de prescindir de los servicios de Marcelo Carrión Mundo, como asesor técnico, destapó el cúmulo de intereses de un minúsculo grupo de ejidatarios que eran el poder tras el trono.

Margarito Cituk May empezó a recibir presiones de parte de Eulogio Chan Tuz, de Gonzalo  y de otros ejidatarios para que “trabajara con ellos”, le decían, “trabaja con nosotros, te vamos a asesorar y te va a ir bien”.

Estas personas son las que durante las últimas décadas se han beneficiado de la falta de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades ejidales, porque los recursos que han entrado a las arcas ejidales, solo una mínima parte le llegan a los ejidatarios y el resto se lo reparten entre ellos, según la versión del grupo de ejidatarios que apoyan a Margarito.

El nuevo presidente del Comisariado empezó a informar de los ingresos al ejido como parte de la venta de material pétreo para las obras del Tren Maya y la asamblea decidió repartirse esos recursos de manera equitativa, lo que molestó a Marcelo Carrión Mundo y socios, quienes pregonan a los cuatro vientos que ellos recuperarán el control del Ejido porque tienen a su favor a la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen Hernández Solís, así como a otros políticos de la cabecera municipal e, incluso, de la capital del estado.

A principios de 2023, pusieron en marcha su estrategia de remover del cargo al presidente del Comisariado Ejidal, para ello se avocaron a reunir firmas de los ejidatarios bajo el pretexto que entregarían 150 mil pesos a cada uno por la venta de materiales pétreos, pero que se requería de una firma. Con esas firmas lograron que la Procuraduría Agraria emitiera una convocatoria para la remoción del comisariado para el día 19 de febrero.

Dicha asamblea no se pudo llevar a cabo porque en la casa ejidal se registró un zafarrancho que motivó la intervención de la policía y la cancelación de la asamblea ejidal.

Para el 19 de marzo se volvió a convocar a la asamblea en una escuela primaria del pueblo, debido a que la Casa Ejidal estaba ocupada. En esa ocasión llegó el representante de la Procuraduría Agraria, Juan Rojas, para sancionar lo que allí ocurriera, pero ante la negativa de los ejidatarios de aprobar en la orden del día la remoción del comisariado, el mismo representante de la Procuraduría Agraria consideró que no había condiciones de seguridad para el buen desarrollo de la asamblea y canceló la convocatoria y procedió a cerrar las escuela.

Para el ejido nada había cambiado, porque el grupo inconforme no había logrado hacer la remoción de sus autoridades; sin embargo, unos tres meses mas tarde, el Registró Agrario Nacional (RAN) registró un acta de asamblea ejidal por medio de la cual se removió al comisariado, lo que motivó que el ejido volviera a convulsionarse.

Las autoridades legalmente constituidas presentaron la demanda correspondiente ante el Tribunal Agrario, instancia que al pedir información de la Procuraduría Agraria recibió la versión que la referida asamblea nunca se llevó a cabo por la falta de condiciones de seguridad, lo que ratificó que Margarito Cituk sigue siendo el presidente del Comisariado legalmente electo.

Sin embargo, el supuesto nuevo comisariado, con el solo registro, de un acta de asamblea de elección falsa, ante el RAN empezó a realizar gestiones y a negociar venta de terrenos y materiales pétreos lo que volvió a alertar a la asamblea ejidal.

Por lo que ahora decidieron cerrar la Carretera Federal Valladolid-Chetumal  para el próximo martes 21 de noviembre a las cinco de la mañana y así exigir la presencia de representantes del Tribunal Agrario para que informen sobre cuando se contará con la sentencia en la que se les ratifique el nombramiento a sus autoridades ejidales.

Esta decisión fue tomada por la asamblea ejidal luego del pasado jueves, cuando el presidente del Comisariado Ejidal decidió retirar más de dos millones 600 mil pesos producto de la venta de material pétreo, para repartirlo entre los ejidatarios, como es su acuerdo, resulta que Banejército le informó que la cuenta bancaria está inmovilizada por solicitud de una autoridad, pero el personal se negó a informarles a los abogados del ejido, que autoridad ordenó que la cuenta del ejido fuera congelada.

La inconformidad de la asamblea ejidal ha ido en aumento, desde que el grupo minoritario, mediante malas prácticas legales quiere destituir a su autoridad legalmente electa y ahora que Banejército congela una cuenta bancaria del ejido porque “alguien” se lo pidió.

Señor, es una comunidad que se encuentra en el abandono como la mayoría de las localidades que pertenecen al municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

La presidenta municipal Maricarmen Hernández Solís llevó una patrulla nueva al poblado para tomarse la foto con el alcalde, pero semanas después se la retiró debido a sus diferencias en la forma de trabajar. Ahora, para una población de casi nueve mil habitantes solo hay un policía municipal con una patrulla usada.

El alcalde no está de acuerdo con la forma en que se distribuyen los recursos de programas sociales en la comunidad por parte de un representante de Maricarmen Hernández, lo que motivó que ahora le bloquee todas sus acciones, en perjuicio directo de la población.

En materia de Salud, se cuenta con un centro de salud con un médico y una enfermera de lunes a viernes; el fin de semana solo es atendido por una enfermera. Para una población de nueve mil habitantes es insuficiente, a lo que se le agrega que el Centro de Salud no tienen medicamentos, las recetas tienen que ser surtidas en farmacias particulares en la cabecera municipal.

La toma de una carretera federal desde luego que se configura como un delito, y federal. Hay que esperar que las autoridades correspondientes intervengan para que por medio de la conciliación se resuelva el conflicto, pero, ante todo, lo que debe imperar es la razón jurídica y es el Tribunal Agrario la instancia que debe decir, quienes integran la autoridad legal y legítimamente electa.

Graciela Machuca

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