La Fiscalía de Quintana Roo ha colapsado durante la administración de Raciel López Salazar
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
El pueblo de Quintana Roo seguirá esperando muchos meses más para que el fiscal del estado, Raciel López Salazar, cumpla con los resultados que prometió desde el 26 de junio de 2023 cuando fue designado fiscal interino y semanas después al ser ratificado por el Congreso del Estado, porque a cinco meses de su nombramiento se dio cuenta que la institución no tiene el presupuesto que él requiere para trabajar.
Pero como el pedir no empobrece, diseñó un nuevo modelo de Fiscalía que se lo aprobó el Congreso, ahora falta que le entregue el presupuesto que ha pedido para el ejercicio 2024, pero para presionar al Poder Legislativo y a quien reparte el presupuesto, hizo cuentas y dice que no ha podido abatir el rezago que prometió porque existen 300 mil carpetas de investigación inmovilizadas por falta de presupuesto.
En esta temporada que es para pedir deseos, el fiscal general en Quintana Roo, Raciel López Salazar, solicitó al Congreso del Estado una ampliación presupuestal del 116 por ciento, con respecto al presupuesto de la institución para 2023, que es alrededor de los mil 79 millones de pesos, de los cuales el 85 por ciento se va en sueldos y salarios.
Quizás por estar muy ocupado en sus tareas de delegado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) o de sus negocios en otros estados, no se enteró que la política de este gobierno es disminuir los presupuestos a los órganos autónomos y da la casualidad que la Fiscalía es un organismo autónomo, así que su solicitud de presupuesto será como una carta a Santa Claus.
Cuando llegó a la Fiscalía, dijo que sabía como trabajar en Quintana Roo, pero se le olvidó que una institución trabaja con presupuesto y no con buenas intenciones, por lo que ahora que ya se enfrentó a la realidad de la institución, pidió que el Congreso le cambiara la estructura orgánica, pero además, que le entregue para el siguiente ejercicio fiscal 2 mil 42 millones de pesos.
La ley ya se la cambió el Congreso, pero con la austeridad franciscana de la 4T es muy difícil que le puedan dar lo que pide y tendrá que conformarse con mil 400 millones de pesos, según opinan los enterados en el asunto, lo cual no le alcanzará para llevar a la práctica su proyecto de fiscalía.
Le den o no le den el presupuesto que pide ahora tiene la obligación, por ley, de abrir las fiscalías de distrito: Norte para Benito Juárez y zona continental de Isla Mujeres; la Centro abarcará Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum; Sur para Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón P. Blanco.
Desde luego que ni a quien redactó la iniciativa de reforma, ni a quienes integran la XVII Legislatura, se les ocurrió revisar los antecedentes históricos y tomar en cuenta que la zona maya requiere recuperar la estructura de la vicefiscalía que operó en Felipe Carrillo Puerto, como un reconocimiento histórico al pueblo maya que sigue viviendo en el abandono respecto a ejercer su derecho de acceso a la justicia.
La nueva estructura contempla el reordenamiento de 18 fiscalías especializadas “que serán las encargadas de investigar y perseguir, por conducto de sus fiscales adscritos, todos los delitos de los cuales las leyes generales de la materia que corresponda, exigir una investigación especializada, así como de aquellos delitos que por su impacto social y jurídicamente protegido requieran del mismo tipo de investigación”.
Esta estructura entrará en vigor a partir del próximo mes de enero, para entonces ya habrán pasado seis meses que López Salazar llegó a la Fiscalía, sin que haya dado resultados.
En caso, que le autoricen la ampliación presupuestal requerida o solo una parte, tendrá que esperar que los recursos estén disponibles y después esperar que se generen los mecanismos administrativos compatibles con la nueva estructura y esa tramitología no se logra de la noche a la mañana.
Así que el pueblo de Quintana Roo tendrá que esperar para abril o para mayo de 2024, en plena campaña electoral, que la fiscalía empiece a dar luces de que existe con su nueva imagen, para entonces las 300 mil carpetas de investigación rezagadas ya tendrán de compañía otros miles de expedientes.
Con ese número oficial de expedientes en rezago, más las pésimas condiciones físicas de las instalaciones en que opera la fiscalía, la falta de vehículos, recursos para mantenimiento, combustible, viáticos, la fiscalía ya debió tener una intervención de emergencia por su colapso.
La institución existe por inercia, porque aún hay recursos para pagar salarios, pero ni los agentes del Ministerio Público, agentes ministeriales y peritos se pueden mover porque no hay ni para la gasolina, el personal es obligado a ponerle, de su salario, combustible a los vehículos y pagar algunas reparaciones, después tienen que pasar un viacrucis para que les hagan los reembolsos respectivos, pero no pueden estar pagando los gastos para moverse, porque su salario sería insuficiente.
La mayoría de las investigaciones están paradas porque la dependencia no tiene dinero para proporcionar viáticos a los agentes, los vehículos están inservibles, sin embargo, los servidores públicos que llegaron con López Salazar, si tienen la puerta abierta para comprobar gastos de todo tipo.
Esta institución no puede diseñarse en función a los requerimientos del fiscal, sino debe responder a las exigencias de procuración de justicia del pueblo de Quintana Roo.
Graciela Machuca
