Carpeta de investigación sin avances, en el caso del presunto fraude de las hermanas Omega Istar y Flor Ponce Palomeque
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Las acusaciones de fraude en contra de la hoy titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana (CDHEQROO), Omega Istar Ponce Palomeque, no son señalamientos informales por motivos políticos, sino existen evidencias y documentación oficial, la cual avala que las víctimas han actuado conforme a derecho en espera que el sistema de procuración y administración de justicia realice los procedimientos de acuerdo a la ley, lo cual no ha sucedido hasta el momento.
Un asunto entre particulares podría resolverse de manera privada, pero en este caso se trata de un presunto delito de fraude, en el que ha estado involucrada, desde el inicio, una servidora pública, que hoy, nada más ni menos, es la responsable de defender, proteger, garantizar, respetar y promover los derechos humanos de la sociedad quintanarroense, de allí la importancia que un asunto entre particulares haya adquirido tal dimensión, porque toda persona servidora pública y más si su encargo es defender derechos humanos, debe cumplir al pie de la letra, tanto antes como durante su encargo.
Se le haría un bien a la CDHEQROO si se ordenara e hiciera una investigación sobre el trabajo que ha desarrollado su hoy presidenta desde que obtuvo el título de psicóloga e inmediatamente después se le asignaron tareas de acuerdo a su perfil académico, así como identificar los mecanismos y recursos de la institución que utilizó para relacionarse con los usuarios de la Institución y convencerlos que le compraran créditos para sus pequeñas empresas, créditos que en ningún momento estuvieron regulados por la ley, porque se trataban de créditos personales otorgados por la psicóloga de la CDHEQROO, una institución que puso al servicio de una de sus empleadas su buen nombre y reputación.
En la Fiscalía de Quintana Roo existen antecedentes de que se pidió formalmente su intervención para que se investigara el presunto fraude, situación que hasta el momento no ha ocurrido, porque la carpeta de investigación se encuentra perdida dentro de miles más que están en el rezago institucional o quizás, en un lugar especial para los casos de intocables.
En el acta de denuncia que se encuentra en la Carpeta de investigación número FGE/QR/CAN/UAT/02/1495/2019 abierta en la Unidad de Atención Temprana (UAT), se dice que en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, el día 21 de febrero de 2019, a las 8:00 PM encontrándose presente, ante el agente del Ministerio Público, adscrito a esa unidad, el ciudadano Jonatan Alejandro Torres Ríos, “quien refiere ser víctima de la comisión de un hecho que la ley califica como delito de fraude, a quien, en cuya calidad se le hacen de su conocimiento del acta de la lectura de los derechos de las víctimas u ofendidos de delito”.
En su narración de hechos, dijo que comparecía ante esa representación social “para imponer mi formal denuncia por un hecho que la ley señala como delito de fraude, cometido en mi agravio y en contra de Omega Istar Ponce Palomeque y Flor Ponce Palomeque, y para tal efecto, en este acto ratifico mi escrito constante de seis fojas útiles, escritas de un solo lado, tamaño carta, cuyo contenido y firma ratifico por ser la firma puesta de mi puño y letra, misma que utilizo en mis actos públicos como privados, y ratifico el contenido de los hechos, por ser la verdad de los mismos, ya que me querello por el delito de fraude cometido en mi agravio, ya que las imputadas me engañaron al decirme que tenían oportunidad de inversión y ellas podan (SIC) comunidades en el estado y por eso estaban en contacto con personas con posibilidades de emprender negocios, pero que están limitados por no tener acceso a créditos bancarios y que si se les prestaba los recursos, los podían reintegrar con buenos rendimientos de hasta un ocho por ciento mensual y que además, era una forma de apoyarlos…”.
Mientras tanto, en el número de caso FGE/QR/BJ/02/3604/2019, se dice que siendo las 21:20 horas del día 21 de febrero de 2019, encontrándose presente ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana, con sede en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, el C, Miguel Ángel Torres Cobarrubias, quien refiere ser víctima de la comisión de un hecho que la ley califica como delito de fraude.
También dijo comparecer ante la representación social “para interponer mi formal denuncia por un hecho que la ley señala como delito de fraude cometido en mi agravio y en contra de Omega Istar Ponce Palomeque y Flor Ponce Palomeque, y para tal efecto, en este acto ratifico mi escrito contante de cinco fojas útiles, escritas en un solo lado, tamaño carta, cuyo contenido y firma ratifico por ser la firma puesta de mi puño y letra, misma que utilizo tanto en mis actos públicos como privados y ratifico el contenido de los hechos por ser la verdad de los mismos, ya que me querello por el delito de fraude cometido en mi agravio…”
Estas son solo dos de las denuncias penales que se presentaron en tiempo y forma para exigir que la Fiscalía del Estado de Quintana Roo investigara a las hermanas Omega Istar y Flor Ponce Palomeque, por el delito de fraude, pero a casi cinco años de haberse presentado ante la instancia correspondiente, la carpeta de investigación no avanza, este caso está sumido en un laberinto de burocratismo, sin que la familia afectada tenga hasta el momento esperanza que se les hará justicia y se les reparará el daño.
Llevar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a una persona con tan dudoso historial, puede llevar el mensaje de destruir a la institución, la 4T quiere quitarle su autonomía, su presupuesto, y hasta sus facultades, para que se convierta en cómplice de violaciones a derechos humanos, como en muchos casos le sirvió a los gobiernos del PRI y del PAN.
Graciela Machuca
