Deficientes servicios de salud en Quintana Roo que se pretenden mejorar con inversión del gobierno federal
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Sin duda alguna, el derecho a la salud se debe ejercer con plenitud en Quintana Roo y para ello se requiere la confluencia de acciones de los tres niveles de gobierno, instancias obligadas constitucionalmente a garantizar el libre acceso de la población en general a todos los niveles sanitarios.
Es una realidad palpable en regiones como la zona maya donde desde hace 60 años no se construye un hospital, como quedó registro en la historia de Felipe Carrillo Puerto, donde el gobierno del presidente de la república Adolfo López Mateos ordenó la construcción de un hospital a finales de la década de los años cincuenta del Siglo XX.
A ese histórico edificio es ocupado como oficnas de la Jurisdicción #3, y a lo que conocemos como hospital es lo que fuera una clínica del IMSS a la que se le han realizado múltiples acciones de mantenimiento y algunas ampliaciones, pero los gobiernos priistas y panistas se olvidaron que las necesidades del pueblo maya que van aumentando y no pueden vivir y recibir atención en un hospital que ya es digno de un museo.
Han pasado cinco años de la administración federal de la 4T y hasta ahora se tiene el anuncio de un proyecto para construir dos hospitales en la entidad, uno en Felipe Carrillo Puerto y otro en Othón P. Blanco, según la información proporcionada por la gobernadora Mara Lezama Espinoza.
Apenas el pasado 31 de enero se dio a conocer que con una inversión de más de 2,400 millones de pesos por parte del Gobierno Federal, Quintana Roo se prepara para la construcción de nuevos hospitales en Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, lo que permitirá ampliar y mejorar la oferta de servicios médicos en la región.
El nuevo Hospital General de Felipe Carrillo Puerto recibirá una inversión superior a los 854 millones de pesos, en beneficio de más de 101 mil habitantes del municipio y áreas circundantes.
El proyecto contempla la duplicación de camas hospitalarias, al pasar de 30 a 60, además de la incorporación de consultorios, área de tococirugía, urgencias, auxiliares de diagnóstico y otras instalaciones esenciales para un hospital de este tipo.
Mientras tanto, para el Hospital General de Chetumal, se ha destinado una inversión de aproximadamente mil 459 millones de pesos, en apoyo de una población de casi 300 mil habitantes.
Se planea aumentar el número de camas de 90 a 120, incluyendo quirófanos, área de tococirugía, consulta externa, diálisis, hemodiálisis y unidad de cuidados intensivos, junto con otras áreas y servicios cruciales para atender a los usuarios.
El sistema público de salud en México es único, ya sea que los servicios los presten en los establecimientos de la Secretaría del Salud, el ISSSTE, el IMSS, el IMSS-bienestar, los hospitales de PEMEX o de las fuerzas armadas, pero a pesar del presupuesto multimillonario que se llevan año tras años estas instituciones su infraestructura, equipo, logística y personal son insuficientes para atender de manera universal las necesidades sanitarias de los casi 130 millones de mexicanos.
Lo que diga el gobierno en sus discursos en materia de salud solo son falacias, porque la mayoría de la población mexicana en condiciones de pobreza, marginación y extrema pobreza solo reciben a cuentagotas y migajas de ese sistema de salud que se pretende transformar por arte de magia a uno de primer mundo.
En diciembre de 2023, la organización Mexicanos contra la Corrupción dio a conocer que entre 2020 y 2022, más de 490 millones de pesos de recursos federales provenientes del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) terminaron, gracias a la intermediación de los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco, en las cuentas de Romedic SA de CV, una empresa de reciente creación que se encuentra en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria y que es propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andy López Beltrán.
Este tipo de señalamientos no solo son ocurrencias de los enemigos políticos de la 4T, sino resultado de una investigación a partir de documentos públicos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información pública gubernamental y que en muchos de los casos han sido obtenidos a través de la intervención del INAI, jueces federales y litigios ya que el gobierno morenista se niega a cumplir con los principios constitucionales de Transparencia y rendición de cuentas.
Los más de 206 mil servicios médicos otorgados en Quintana Roo a través de brigadas móviles de salud, es el reflejo que, en las comunidades rurales no existe un eficiente sistema de salud, no hay hospitales, no hay clínicas, consultorios con servicios básicos de salud, que prevengan las enfermedades de prevalencia, por lo que cuando llega una brigada, la población acude a recibir atención básica, porque de lo contrario nunca tendrían la oportunidad de recibir atención médica integral en su centro de atención primaria a la salud.
El gobierno de la 4T dice oponerse a la privatización de los servicios de salud, sin embargo, las clínicas particulares están en auge, porque principalmente las personas adultas mayores invierten la pensión que les da el gobierno en servicios de salud privados, porque el sistema público de salud es insuficiente, de pésima calidad y deshumanizado.
Graciela Machuca
