Exigen organismos internacionales y nacionales de DDHH investigación eficiente en el caso del asesinato de Angélica Meraz León
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
**Presentó tres denuncias por amenazas ante la Fiscalía de Baja California, sin que el Ministerio Público actuara; el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal le negó apoyó porque no presentó “las pruebas suficientes”.
**Desde el 2018 buscaba a su hermano detenido por policías municipales de Tecate.
Mientras desde la presidencia de la república se asumió, sin previa investigación, que el asesinato de Angélica Meraz León, integrante del colectivo “Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos” de Tecate, Baja California, se debió a causas ajenas a su activismo, diferentes organismos nacionales e internacionales exigen al Estado mexicano que investigue desde el enfoque de los derechos humanos y con perspectiva de género.
La Oficina de los Derechos Humanos de la ONU en México, condenó este viernes el asesinato de la activista, perpetrado el pasado jueves en la ciudad de Tecate, en el estado de Baja California. El organismo calificó como: “Inadmisible que quien sufre la desaparición de un ser querido enfrente agresiones mortales”.
A través de su cuenta de X advirtió qué entre las líneas de investigación pertinentes, “es fundamental considerar su labor de búsqueda, particularmente al haberle sido otorgadas medidas de protección por el riesgo que enfrentaba como defensora de derechos humanos”.
“Es necesaria una investigación pronta, efectiva e imparcial que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Cumplir diligentemente la obligación de investigar las violaciones contra personas defensoras es una importante medida de prevención y no repetición”, sostuvo la oficina en México de este organismo multilateral.
En un cuarto mensaje en el hilo de su cuenta de X escribió: “Expresamos nuestras condolencias a la familia, amistades y compañeras de la señora Meras y refrendamos nuestro compromiso de trabajar con las víctimas y autoridades para revertir las desapariciones en México”.
Ha causado indignación entre organizaciones de familiares buscadoras de desaparecidos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa haya querido descalificar la labor de defensora de derechos humanos de Meraz León.
“Incluso hizo una solicitud al gobierno federal, se le contestó que sí, no respondió luego las autoridades locales se hicieron cargo, tenemos todo y ya se tiene identificado al presunto responsable. Y es un asunto pues que tenemos que ver con calma no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacía muy bien de buscar a una hermana desaparecida en 2018, que es otro posiblemente el motivo”.
Otro caso del que se exige que el Estado mexicano investigue es la desaparición de la activista Lorenza Cano Flores, de 55 años de edad quien fue privada ilegalmente de su libertad, el pasado 15 de enero y su esposo e hijo fueron asesinados al intentar evitar que se la llevarán integrantes de un comando armado que ingresó a su domicilio, ubicado en la ciudad de Salamanca, Guanajuato.
Lorenza busca a su hermano, José Francisco Cano Flores, desaparecido el 17 de agosto de 2018. En días posteriores al secuestro la policía detuvo a dos personas como presuntas responsables, pero días después las dejó libres por falta de elementos para procesarlos.
Más de 250 organizaciones de la sociedad civil y personas se sumaron al comunicado difundido por la organización DDHH Elementa para lamentar y condenar el asesinato de Angelita Meraz León, “…quien dedicaba parte de su vida a la búsqueda de su hermano José Juan Vázquez León, desaparecido desde el año 2018”.
En el referido comunicado también se lee: “Por su labor, Angelita se había convertido en una figura destacada en la defensa de los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares, lo que le colocó en una posición de vulnerabilidad en un estado y en un país sumidos en la violencia. Desde hace varias semanas, Angelita fue víctima de amenazas, lo que la llevó a presentar tres denuncias y buscar protección de las autoridades a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, pero le fue negada “por no contar con las pruebas suficientes”.
En el documento se detalla que el asesinato de Angelita ocurre en el municipio con la segunda tasa de desaparición más alta del estado, que acumula más de 17 mil carpetas abiertas por desaparición. Asimismo, se suma a los casos de otras buscadoras y buscadores que han sido asesinados en el país. “Desde el año 2021, en México han sido asesinadas ocho buscadoras en diferentes estados del país, Las autoridades locales y federales, así como los mecanismos previstos para proteger a las personas defensoras de derechos humanos han demostrado, una vez más, ser ineficientes”.
Romana Rivera, presidenta del colectivo «Verdad, Memoria y Justicia», en Quintana Roo, quien el pasado mes de diciembre reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador descalificar a los movimientos de madres buscadoras en el país, declaró este viernes, en torno al asesinato de Almaraz León que en México: “sacude esta violencia que tenemos, porque la seguridad que nos brindan los mecanismos de seguridad es mínima con ese botón de pánico, que donde no tienes señal ni funciona”.
El 21 de diciembre de 2023, doña Romana, madre de la joven Diana Rivera, desaparecida con Jorge Kiau, en un bar de Cancún en febrero de 2020, reprochó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno descalificar los movimientos de madres buscadoras en el país. Ahora hace un llamado a que la protección a personas defensoras de derechos humanos y mujeres buscadoras se haga realidad en México.
Graciela Machuca
