Tulum, de sus playas hermosas, a las escenas del crimen
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
A pesar de los multimillonarios presupuestos que ha destinado el gobierno federal para el municipio de Tulum, en Quintana Roo, los impactos positivos en el ámbito social, no se ven, porque la violencia se ha convertido en el distintivo de ese destino turístico que todos los años atrae a miles de turistas nacionales e internacionales, así como a la inversión privada en diversos ámbitos.
Cuando las autoridades guardan silencio o buscan minimizar la realidad, eso quiere decir que ya perdieron el rumbo, que la situación se les salió de control y que en un terminado territorio ya no hay Estado, porque la delincuencia organizada asumió el poder de facto, desde luego que en complicidad con algunos agentes del mismo Estado.
Si bien es cierto que las agresiones no van dirigidas específicamente contra visitantes, éstos se encuentran en grave riesgo de resultar lesionados o asesinados por una bala perdida, por estar en el lugar equivocado, al fin de cuentas el gobierno los contabiliza como un daño colateral.
No es gracioso que decidas ir a Tulum a vacacionar con tu familia o pareja y ser parte del daño colateral, porque, además, muchos turistas que han muerto en estas circunstancias en Quintana Roo, son víctimas de la primera versión de la policía y la fiscalía, instituciones que los acusan que eran parte del crimen y que se trató de un ajuste de cuentas.
A las víctimas mortales o que han resultado lesionadas por quedar en medio de una balacera, lo primero que les arrebatan las autoridades es su reputación, porque sin investigar, las señalan como parte del problema de la violencia y no lo que son, víctimas de la incapacidad gubernamental para garantizar seguridad pública a los residentes y visitantes.
En las semanas que van de 2024 en Tulum se han documentado 18 asesinatos, sin que el gobierno interino de Diego Castañón Trejo, presidente municipal que quiere reelegirse, tenga una estrategia coordinada con los otros niveles de gobierno; los elementos de la Guardia Nacional, de la Marina, las policías municipal y estatal, solo obstruyen el trabajo de los peritos durante las diligencias en un escena del crimen, porque llegan “como moscas” a tomar datos, fotografías y acordonar el área, pero dichas instituciones son incapaces de garantizar la seguridad pública que la 4T difunde por todas partes.
El pueblo de México, en particular el de Quintana Roo, aporta sus contribuciones para que las fuerzas armadas y las policías vigilen las calles, pero cuando la ciudadanía requiere de su apoyo, nunca aparecen; su presencia en la zona es un gasto inútil porque los resultados son nulos.
Se supone que uno de los objetivos de que el gobierno invirtiera en infraestructura en la entidad era para crear más empleos, mejorar el nivel de vida de la población y reconstruir el tejido social roto durante las administraciones pasadas, pero en Tulum sucede lo contrario, entre más dinero público se invierte, la violencia crece y la estructura social del municipio ha colapsado.
Quienes decidieron que Diego Castañón Trejo buscara la reelección en ningún momento tomaron en cuenta la opinión del pueblo, de quienes todos los días salen a trabajar para seguir construyendo el Tulum de los grandes acontecimientos, el destino turístico que se ha convertido en un imán de la inversión privada, pero en detrimento de la paz y tranquilidad de los residentes.
La décima octava persona asesinada en el municipio de Tulum durante 2024 fue hallada la madrugada del domingo 18 de febrero en el tramo Tulum-Boca Paila, a un kilómetro del restaurante denominado “El Tábano”. La víctima mortal fue encontrada “encintada” y a su lado una manta con un mensaje de advertencia del crimen organizado.
El empresariado de Tulum ha manifestado su inconformidad y preocupación porque las autoridades locales no hacen nada por detener la violencia, al contrario, entre más avanza el proceso electoral por medio del cual pretende reelegirse Castañón Trejo, el número de víctimas mortales se incrementa.
Es urgente que los tres niveles de gobierno unan esfuerzos para que el clima de violencia de Tulum y otros municipios de Quintana Roo sea atienda como un asunto de seguridad nacional, porque hasta el momento no se ha visto ninguna eficacia de que estén en la calle los militares, al parecer los sacaron a convivir y abrazar a los delincuentes.
Apenas el pasado viernes 16 de febrero, se vieron escenas horrendas por medio de redes sociales ante el hallazgo de siete cuerpos “embolsados” tirados a un costado de la Carretera Federal 307, unos metros delante de la delegación de Chemuyil.
Este tipo de escenas ya son cotidianas en Quintana Roo, de la Fiscalía General del Estado, solo se sabe que abre carpetas de investigación, envía oficios de rutina para que se investigue y hasta allí termina su trabajo, porque decenas de este tipo de casos se ven, pero las investigaciones ministeriales no se hacen.
Así como la delincuencia no le da tregua a la ciudadanía en Tulum, integrantes del colectivo “Madres Buscadoras” bloquearon durante la tarde del domingo la carretera federal 307, a la altura del Palacio Municipal de Tulum, para exigir que las autoridades se involucren en la búsqueda.
Entre las mujeres que exigen que sus seres queridos sean encontrados se estuvo Gabriela Valencia, madre de Luis Fernando Burgueño Valencia, quien fue visto por última vez en el festival de música electrónica en Zamná, Tulum, el 29 de diciembre de 2023.
Graciela Machuca
