Alianzas de complicidad entre partidos políticos y autoridades electorales para usurpar la representación popular indígena de Quintana Roo
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
A lo largo de las últimas décadas organismos civiles y políticos, así como diversas comunidades, han dado una lucha frontal contra los poderes formales y de facto para conseguir que los diversos sectores de la sociedad mexicana estén representados con puestos de elección popular.
Luego de años de este movimiento, se introdujo a la legislación electoral el concepto de acción afirmativa, para poder dar voz a los grupos en condiciones de vulnerabilidad e invisibilidad, pero al parecer solo ha quedado en los textos legales y en los discursos, porque quienes se encargan de violentar dichas acciones son los partidos políticos, así como las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales del país.
Uno de los casos que representa una afrenta a la dignidad de un pueblo indígena, el maya, es la usurpación de la acción afirmativa indígena que está haciendo la aspirante al Senado de la República, postulada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Anahí González, quien a pesar que se haya auto adscrito indígena maya, no reúne los requisitos, porque las evidencias que presentó son falsas o generadas por medio de la corrupción ante los ojos y oídos cerrados de las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y el rezago en la actualización de criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de su mala fe.
En el mes de diciembre de 2023 se dio a conocer oficialmente que la población migrante, indígena, afromexicana, con discapacidad y de la diversidad sexual, por primera vez, “estará representada en la Cámara de Senadores a partir del 2024, luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios para el registro de candidaturas de integrantes de grupos vulnerables o de discriminación en el Proceso Electoral Federal (PEF) para las elecciones de 2024”, según un acuerdo del Consejo General del INE.
Este acuerdo lo tomó el INE al acatar la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que tuvo que definir la forma para implementar las acciones afirmativas y garantizar el principio de paridad de género e incluir a grupos que viven condiciones de vulnerabilidad en el registro de candidaturas a diputaciones y senadurías en el PEF 2023-2024.
Hay que recordar que la referida decisión la aprobó, por mayoría de votos, el TEPJF, donde se revirtió una resolución del propio INE que tomó el pasado 8 de septiembre, en la que se dejó el otorgamiento de las candidaturas a la discrecionalidad de los partidos políticos.
Por lo tanto, el TEPJF emitió las reglas para el registro de candidaturas de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes, por parte de los partidos políticos y coaliciones, partiendo del modelo normativo implementado en el periodo electoral federal 2020-2021.
Dicho acuerdo también señala que las candidaturas que sean postuladas como representantes de la población indígena deberán contender en entidades donde este sector sea mayor al 30% de concentración: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán.
En torno a la acción afirmativa de personas de la diversidad y afrodescendientes en mayoría relativa, estas candidaturas podrán participar en la contienda en entidades: una de alta y otra de baja competitividad.
Sin embargo, en Quintana Roo, las cúpulas de los partidos políticos y coaliciones optaron por la simulación al enviar a las fórmulas al Senado a personas que con declaraciones falsas quieren ganarse la voluntad de electorado, pero, además, se los permite el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La Sala Xalapa del TEPJF desechó de plano la impugnación presentada por el ciudadano César Uuh Chí contra la candidatura de Anahí González Hernández a senadora por Quintana Roo como acción afirmativa indígena, postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia, por falta de firma autógrafa del demandante.
Según ha informado Cambio 22, la sentencia aprobada a propuesta del magistrado electoral Enrique Figueroa Ávila “resulta de extraña a sospechosa, debido a que la impugnación fue presentada por el ciudadano mediante el Sistema de Juicio en Línea en Materia Electoral, que hace necesaria una firma electrónica para poder presentar la demanda, además de que en el documento escaneado que se publicó en los estrados del Instituto Nacional Electoral (INE) constan el nombre y la firma de César Uuh Chí escritos de su puño y letra”.
Por el momento, imperaron criterios rezagados del TEPJF y la mala fe del magistrado ponente, dejando en estado de indefensión al pueblo indígena maya en Quintana Roo, porque de esta manera, existe el grave riesgo que al Senado de la República una persona que solo le interesa usurpar el lugar que le corresponde a los grupos indígenas, pero ni el INE, ni el TEPJF, ni a los demás partidos políticos que tienen voz les interesan las protestas, porque entre ellos han hecho alianzas de complicidad para taparse mutuamente sus actos de corrupción.
Graciela Machuca
