Tulum, de desarrollo turístico de clase mundial, a la anarquía, ante la incapacidad del gobierno municipal de Diego Castañón
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
La población de Tulum no solo está expuesta a la violencia permanente generada por la delincuencia, que es solapada por autoridades de los tres niveles de gobierno, tanto por acción como por omisión, sino a una serie de agravios que, a pesar, que es facultad de la autoridad municipal detenerlos, no interviene, porque sus utilidades económicas son más jugosas si solo guarda silencio y le apuesta a la anarquía.
Uno de esos asuntos es el desgobierno que se vive en la protección del medio ambiente, tanto por la intervención del gobierno federal con la construcción de las obras del llamado Tren Maya y del Aeropuerto Internacional, como por las omisiones del gobierno municipal en materia de riesgos y desarrollo urbano.
La omisión de las autoridades municipales y su contubernio con inmobiliarias es tal, que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino y ordenó en el mes de febrero pasado al gobierno municipal de Tulum actualizar el Atlas de Riesgos Naturales, para lo cual le otorgó un plazo de dos años.
Este caso se empezó a ventilar en instancias judiciales desde el año 2021, cuando la Asociación Civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano A. C. (DMAS) presentó una demanda de amparo indirecto a nombre de dos tulumenses para exigir la creación de un Atlas, ya que desde el año 2016 no se actualizaba.
El juez de distrito que resolvió el juicio de amparo consideró que incumplir con esa herramienta obligatoria en materia de medio ambiente, asentamientos humanos y protección civil, no les afectaba a los demandantes, por lo tanto, a Tulum, dicha resolución fue impugnada y el expediente logró llegar a la SCJN, la cual determinó actualizar el instrumento.
Diego Castañón Trejo, presidente municipal de Tulum, quien busca la reelección por MORENA, ya no aguanta lo duro sino lo tupido, ya que el área jurídica del Ayuntamiento, es incompetente para responder a la serie de juicios y casos que tiene que enfrentar por la falta de previsión y el conocimiento sobre cuales son las facultades del gobierno municipal de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 constitucional y leyes secundarias.
Sin embargo, así quiere reelegirse y en campaña anda prometiendo que será un gobierno de continuidad, pero el pueblo de Tulum no quiere continuidad, porque eso significa más negligencia y un mal gobierno, lo que la sociedad de Tulum necesita tener una autoridad municipal que en verdad se encargue de gobernar y hacer respetar la ley, siempre en beneficio de la ciudadanía.
La asociación civil de referencia recuerda que al tomar en cuenta que el último Atlas de Riesgos Naturales del municipio de Tulum, se aprobó 2016, la Primera Sala de la SCJN advirtió que han existido cambios significativos en el municipio que ameritaban su actualización, entre estos: la concentración masiva de población derivada de la migración de personas extranjeras, el flujo de capitales y las dinámicas del mercado inmobiliario, la pandemia causada por el COVID-19, así como la construcción del Tren Maya y del aeropuerto municipal.
Por ello, las personas ministras que conocieron del caso, modificaron la sentencia impugnada y concedieron el amparo para que las autoridades del municipio de Tulum actualicen su Atlas de Riesgos en un plazo máximo de dos años.
En los fundamentos de la sentencia se tomaron en cuenta los lineamientos técnicos y operativos aplicables en la materia y, una vez realizado lo anterior, lo sometan a consideración del Centro Nacional de Prevención de Desastres, autoridad encargada de supervisar dicha actualización.
Desde luego que para el gobierno municipal este asunto no es prioritario, porque a partir de la notificación formal por parte de la instancia judicial tiene dos años para elaborar dicho documento, el cual se debe realizar con una metodología establecida de acuerdo a la normatividad nacional e internacional, porque si se quiere que Tulum siga jugando en las grandes ligas de los desarrollos turísticos a nivel mundial, debe contar con los instrumentos legales de ese nivel y ese se logrará si se tiene un gobierno que tenga la capacidad para desenvolverse en ese nivel de eficiencia.
Las autoridades municipales de Tulum, de acuerdo, a Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, incumplieron con su deber de actualizar el Atlas de Riesgos Naturales, lo que vulneró el derecho al medio ambiente sano e impactó en la dimensión preventiva de otros derechos con los que guarda estrecha conexión, como son los derechos a la salud, a la vivienda digna, al agua, al patrimonio cultural, a la participación ciudadana.
Por otra parte, les comento que activistas de la misma organización, durante la mañana del miércoles 10 de abril, lograron que un notario público diera fe de las acciones ilegales en perjuicio del medio ambiente que se llevan a cabo en la fracción 1, lote 07, Tenkah IV, se Bahía Solimán, con la finalidad de contar con las evidencias, certificadas notarialmente, para presentar una denuncia penal, ya que la omisión y negligencia de las autoridades permite que particulares afecten el derecho a vivir en un medio ambiente sano en el municipio de Tulum.
Las irregularidades principales consisten en la construcción de un edificio de siete niveles para 24 departamentos, en un área no apta para este tipo de construcciones, además, la inmobiliaria no cuenta con los permisos respectivos de los tres niveles de gobierno.
Desde luego que ni a Diego Castañón Trejo, ni a Andrés Manuel López Obrador les importa que en esa área, donde se construye el edificio de siete niveles, es una zona de manglares y anidación de tortugas, ambos escenarios vitales para conservar los recursos naturales del municipio.
Graciela Machuca
