Mayo, mes en que la 4T ejecuta ordenes de aprehensión en contra de sus adversarios, previo a elecciones
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Quienes llegan al poder quedan marcados con el principio de que éste no se comparte y que al enemigo hay que destruirlo para que no tenga posibilidades de recuperar lo que perdió o para evitar que llegue a tener poder; práctica que en todo momento tuvo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que ahora, su heredero, el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), lleva al terreno de los hechos, pero con la consigna del todo por el todo, no quiere darse el lujo de dar concesiones, está dispuesto al autoritarismo, antes de perder el incipiente poder del cual dispone.
Por ello, las fiscalías de los estados con gobiernos estatales morenistas, así como la federal, tuvieron la instrucción de revisar carpetas de investigación y poner en el escritorio del fiscal en turno, los expedientes de aquellos que busquen un cargo de elección popular, pero desde la oposición, con la finalidad de fortalecer a sus candidaturas que tienen problemas para consolidarse, así como para dar un mensaje a nivel nacional que la 4T sí hace justicia, pero en tiempo electoral, lo cual el pueblo lo sabe muy bien, a pesar que se le quiera violentar su inteligencia.
Pero como en la clase política no todas las personas que la integran tienen el pico largo y la cola corta, pues la 4T encuentra indicios para armar o rearmar, así como diseñar carpetas de investigación y lograr su judicialización para obtener las respectivas ordenes de aprehensión, las cuales estuvieron bajo “el sueño de los justos” por varios meses, hasta que llegó el periodo electoral y los destinatarios se atrevieron a buscar uno de los tan codiciados puestos de elección popular.
Emilio Lozoya Austin
Recordemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en mayo de 2019, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez librara orden de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin, director de Pemex entre 2012 y 2016, acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
De acuerdo, con la FGR, el servidor público en tiempos de Enrique Peña Nieto, habría recibido sobornos de 9.1 millones de dólares a cambio de favorecer a Odebrecht con contratos.
La difusión de la búsqueda de Lozoya Austin se dio unas semanas antes de las primeras elecciones estatales del gobierno de AMLO para el primer domingo de 2019, cuando se renovaron dos gubernaturas, tres congresos estatales y ayuntamientos.
Lozoya, en el 2020 fue extraditado de España, pero fue hasta noviembre de 2021 que lo ingresaron al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, porque antes gozó de prisión domiciliaria, por un acuerdo que su padre Emilio Lozoya Thalman, secretario de estado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hizo con el fiscal General de la República, Alejandro Gert Manero, a cambio de colaboración. En febrero de 2024 le fue cambiada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a prisión domiciliaria. También se le siguen otros procesos por supuestos desfalcos a PEMEX.
Francisco García Cabeza de Vaca
El 19 de mayo de 2021, semanas antes de los comicios federales del primer domingo de junio de 2021, la FGR obtuvo una orden de captura contra Francisco García Cabeza de Vaca, entonces gobernador en funciones del estado de Tamaulipas. Se le acusó de lavado de dinero. Su proceso no ha concluido pero sigue en libertad, aunque al tener ordenes de aprehensión pendientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó quitarle la posibilidad de contender como diputado federal por Tamaulipas para los comicios de este dos de junio.
Laura Fernández
En mayo de 2022, previo a las elecciones del 5 de junio, cuando se eligió gubernatura en Quintana Roo, le lanzaron un “buscapiés” a la entonces candidata al gobierno del estado por el PRD, Laura Fernández, al advertirle que las ordenes de aprehensión en contra de su esposo, podían ser ejecutadas, ya que tiene una serie de procesos en litigio, porque con sus empresas se ha dedicado a defraudar a varios municipios del país incumpliendo parcialmente con contratos por obras de alumbrado público.
Para los comicios del dos de junio de 2024 ya se han ejecutado varias ordenes de aprehensión en contra de candidatos de la Coalición Corazón y Fuerza por México, conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.
José Esquivel Vargas
Uno de los primeros fue el expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, José Esquivel Vargas, a quien se le vinculó a proceso por otorgar un pago adicional a los integrantes de su cabildo (2018-2021). Ahora está bajo prisión preventiva, pero perdió la oportunidad de ser el candidato a la presidencia municipal por el PRD, lo que representaba un dolor de cabeza para la presidenta municipal Maricarmen Candelaria Hernández Solís, quien se pretende reelegir.
Tania Gómez Trejo
En Puebla, el pasado 7 de mayo, fue vinculada a proceso Tania Gómez Trejo, candidata suplente a una diputación por la coalición PAN-PRI-PRD, así como seis personas más, por varios delitos, entre ellos posesión de armas y narcóticos. La detención fue en una casa de campaña del PRI en la colonia Tres Cruces.
Sergio Estrada Cajigal
El pasado 9 de mayo, Sergio Estrada Cajigal, exgobernador de Morelos (2000-2006) y candidato a una diputación federal, por la coalición PAN, PRI y PRD, fue vinculado a proceso por un juez de Cancún, Quintana Roo y recibió, como medida cautelar, seis meses de prisión domiciliaria por las acusaciones en su contra por violencia familiar y de género.
Un juez de control de primera instancia del Poder Judicial de Quintana Roo dictó las medidas cautelares contra el exgobernador tras la acusación que presentó su expareja, Carla “A”, asentada en la causa penal respectiva.
La investigación estuvo a cargo de un equipo especial de la Fiscalía de Quintana Roo que trabajó, a marchas forzadas durante las últimas semanas, ordenado directamente por Raciel López Salazar, a pesar que la denuncia se presentó en noviembre de 2021, cuando la víctima declaró que fue golpeada durante la relación que sostuvieron.
En febrero de 2024, difundió un video para denunciar que, a pesar, haber presentado la denuncia desde 2021, la Fiscalía de Quintana Roo no había investigado por el tráfico de influencias de Estrada Cajigal.
Desde que se supo, en marzo de 2024, que Estrada Cajigal era candidato a diputado por el primer distrito de Morelos, López Salazar recibió la instrucción de investigar el caso y el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo de judicializarlo, librar y ejecutar la orden de aprehensión en el momento oportuno, cuando ya anduviera en campaña.
Armando Mera Olguín
El pasado 29 de abril, el juez de control penal de Pachuca, Luis Raúl González Becerra, vinculó a proceso al candidato a diputado local del Partido del Trabajo (PT) por el distrito de Mixquiahuala, Armando Mera Olguín, acusado del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado por el presunto desvío de 5.7 millones de pesos de la cuenta pública 2022, cuando se desempeñaba como presidente municipal de Progreso de Obregón.
Según informes de prensa, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) contra el alcalde con licencia por el desvío de recursos económicos para distintos proyectos de obras públicas que no se ejecutaron.
En tanto, la dirigencia estatal del Partido del Trabajo dijo que se trata de una persecución política de parte del gobierno del estado de Hidalgo de filiación morenista, ya que el PT no logró acordar la coalición con MORENA y ahora buscan inhabilitar a sus candidatos ante su crecimiento durante la actual campaña.
José Juan Espinoza Torres
En el estado de Puebla, la semana pasada se revocó el amparo que protegía a José Juan Espinosa Torres, candidato a la diputación federal del Distrito XI por la alianza PRI-PAN-PRD-PSI, con lo que se reactivó la orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito librada el 6 de agosto de 2022.
De acuerdo, al portal de noticias La Silla Rota en la denuncia original se asienta que el patrimonio de Espinosa Torres aumentó de manera significativa durante el tiempo que fue funcionario público, tres veces diputado local y una vez presidente municipal de San Pedro Cholula.
Filiberto Martínez Méndez
Quintana Roo, para no quedarse atrás, mantiene la vigencia de las acusaciones en contra del priista, expresidente municipal de Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez (2011-2013), por malversación de fondos públicos y uso indebido del poder durante el trienio en que se desempeñó como munícipe.
La Fiscalía General de Quintana Roo, a últimas fechas le ha puesto mucho interés al caso y ha logrado que se le negara la suspensión definitiva en un juicio de amparo en uno de los procesos que se le siguen, por lo que la autoridad de procuración de justicia en la entidad, ha quedado en libertad de ejecutarle las ordenes de aprehensión pendientes.
Filiberto Martínez, quien actualmente se desempeña como asesor principal del gobierno de Lili Campos, está contendiendo por una diputación federal por la coalición PAN-PRI-PRD, pero ante la posibilidad que le ejecuten las ordenes de aprehensión, por el momento está desaparecido.
En la Zona Maya el caso mas claro de que la fiscalía esta operando para los morenistas está en Felipe Carrillo Puerto en que la persona que representa al Sr Fiscal, Erik Villanueva con el nombramiento de “Coordinador de asuntos indígenas” no habla maya y solo atiende los asuntos que le indica la presidenta municipal hoy en campaña y donde por derecho anda de matraquero y aplaudidor al grado de que ya ni se presenta en la oficina asignada a la representación de la FGE en la zona maya, pero eso si a poco mas de un año de tener el cargo ya estrenó un vehículo aunque no lo puso a su nombre, pero sabe que lo de las campañas le ha dado el cargo y acata al pie de la letra la indicación.
¿Y las ordenes de aprehensión contra los morenistas, cuándo?
Graciela Machuca
