Violencia contra periodistas y personas defensoras de DDHH se incrementó en México durante noviembre
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Mientras el gobierno federal hace sus experimentos en la política interna del país y congela a los servidores públicos que ya no están dispuestos a continuar con la farsa del respeto a los derechos humanos, la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México sigue a la alza, a tal grado que el mes de noviembre terminó con graves atentados a la libertad de expresión, como fueron asesinatos, secuestros, ataques armados y censura.
Édgar Sifuentes Casso, comunicador y director de Comunicación Social del municipio de Valle Hermoso, en el estado de Tamaulipas, fue encontrado muerto en una brecha de esa localidad del norte del país. El cuerpo del comunicador presentaba heridas de arma punzocortante. Sifuentes Casso dio a conocer la fuga de hidrocarburo en Soto la Marina, Tamaulipas, a principios de año.
El cuerpo sin vida de Sifuentes Casso fue encontrado cerca de una escuela la mañana del día 16 de noviembre. Familiares informaron a la policía que la noche anterior salió al gimnasio y ya no regresó.
Durante las primeras semanas del año dio a conocer a través de sus redes sociales una fuga de hidrocarburos que contaminó la zona.
Días después, en el estado de Guerrero, se dio a conocer la desaparición de tres periodistas y dos de sus familiares, por lo que la Fiscalía del estado realizó operativos para su búsqueda.
De acuerdo a la institución, el periodista Marco Antonio Toledo, su esposa Guadalupe Denova y su hijo, Alberto Toledo Denova, fueron vistos por última vez el 19 de noviembre, pero las denuncias fueron presentadas el día 22, fecha en que inició la búsqueda.
Marco Antonio Toledo es director del semanario El Espectador, que se edita en la ciudad de Taxco y colaborador de diversos medios de Guerrero.
Además, se dio a conocer la desaparición de Silvia Nayssa Arce y Alberto Sánchez, periodistas que dirigen el medio digital RedSiete.
El fin de semana pasado fueron localizados las tres personas periodistas más la esposa de uno de ellos, así como la regidora de Taxco, Elvira Serrano Rodríguez, de quien no se había informado su desaparición. Alberto Toledo Denova, hijo del periodista Marco Antonio Toledo fue liberado hasta el día 28 de noviembre.
Se informó que a estas seis personas fueron sacadas de sus domicilios por medio de la fuerza por personas armadas. Hasta el momento se desconocen más detalles de los secuestros, así como de las condiciones en que fueron liberadas.
El miércoles 29 de noviembre, continuó la violencia contra periodistas en Guerrero, cuando cuatro reporteros que regresaban de cubrir informativamente un asesinato en la zona poniente de la ciudad de Chilpancingo fueron agredidos a balazos, resultando tres de ellos con lesiones, a dos tuvieron que intervenirlos quirúrgicamente. La agresión se registró cuando los cuatro periodistas se trasladaban a bordo de un automóvil y fueron alcanzados por dos hombres que viajaban en una motocicleta.
Las víctimas son Jesús Antonio de la Cruz, quien presentó una herida en la espalda; Oscar Guerrero, lesionado en el brazo izquierdo, y Víctor Mateo Francisco, con herida en el cuello. Un cuarto comunicador salió ileso.
Ese mismo día, por la noche, en Apatzingán, en el estado de Michoacán fue agredido a balazos el periodista del portal local ABC, Maynor Ramón Ramírez, quien en el 2016 ya había resultado lesionado en otro atentado. Fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica.
El 16 de noviembre de 2023, por la noche, el fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia fue asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Era conocido como “El Tiger” en el gremio periodístico.
Se desempeñaba como reportero gráfico del diario El Heraldo de Juárez y fue asesinado a bordo de su auto, el cual usaba para trabajar por medio de una aplicación.
De acuerdo a la policía, tres hombres han sido detenidos por el ataque contra el reportero de ‘El Heraldo de Juárez’. La fiscalía apunta al móvil del asalto, pero no descarta otras líneas de investigación, según dio a conocer por medio de un comunicado.
Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y periodista de Los Países Bajos, recordó que en México, en los últimos 23 años han sido asesinados 135 periodistas, y el 95 por ciento de los casos permanecen impunes, entre la cifra se encuentra el asesinato de Javier Valdez en mayo de 2017.
Esta cifra de los casos que permanecen impunes, advirtió Hootsen, “pone en evidencia que el tema de prevenir y castigar los ataques en contra de los reporteros, no es una prioridad del gobierno federal actual.
Lo anterior lo expuso al participar en la Mesa: “Sobre la violencia contra los periodistas en Sinaloa. El trabajo de Javier Valdez”, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.
El número de asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos en México sigue aumentando. El martes 21 de noviembre fue asesinado a balazos en la ciudad de León, Guanajuato, el activista social, Adolfo Enríquez Vanderkam, por lo que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al gobierno federal indagar de «manera pronta y efectiva». Desde luego, una condición que es muy difícil que se lleve a cabo en el país.
La ONU-DH mencionó, por medio de un pronunciamiento, que Enríquez Vanderkam usó durante años las redes sociales, donde tenía casi 300 mil seguidores, para publicar denuncias ciudadanas acerca de delitos e irregularidades cometidos por autoridades y particulares, motivo por el que había recibido amenazas y otras represalias.
El ataque a balazos se perpetró el día 21 de noviembre, alrededor de las 22 horas en el Barrio de San Juan de Dios en la zona centro de León. Una persona que acompañaba al activista resultó lesionada.
Otro activista por los derechos humanos fue asesinado este mes de noviembre en Jalisco. Se trata de Higinio Trinidad de la Cruz. El asesinato de perpetró el viernes 24 de noviembre alrededor de las 10:37 horas sobre el camino de Cuautitlán de García de Barragán a la localidad de Las Marías, municipio de Cuautitlán de García Barragán, a la altura del puente Arroyo Hondo, en el estado de Jalisco.
La ONU condenó los hechos y recordó al gobierno de México que el defensor asesinado “…había sufrido distintos incidentes previamente y era beneficiario de medidas de protección”.
El organismo multilateral, por medio de su cuenta de X hizo un llamado “…a las autoridades de los tres niveles de gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes defienden #DDHH en esta región. Destacamos la necesidad de una investigación pronta y efectiva que permita sancionar a todos los responsables”.
La organización civil Tsikini, dio a conocer el sábado 25, por medio de un comunicado que ue De la Cruz era un defensor ambiental de la comunidad indígena de Ayotitlán, en Jalisco, y miembro del Consejo Estatal Indígena de ese estado. Realizaba proyectos de desarrollo sustentable con instituciones internacionales y denunciaba el despojo de tierras por la minería y la tala ilegales.
Graciela Machuca
