La reforma judicial federal y la justicia al mejor postor en Quintana Roo
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Al viejo estilo priista, cuando la voz del presidente de la república en turno era la única ley que imperaba en todo el país bajo la farsa de una división de poderes avalada por la mayoría legislativa tricolor y por un poder judicial sumiso, así se cambiará de la noche a la mañana y de un plumazo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Poder Judicial de la Federación sea un apéndice más del poder presidencial, como en los tiempos del PRI Estado que la 4T dice querer erradicar.
Como sociedad hay que reconocer que al aún presidente de la república nunca le ha interesado defender el principio de división de poderes como un instrumento constitucional capaz de doblegar los instintos dictatoriales de la clase política mexicana, porque para esta clase su prioridad es el poder por el poder para usufructuarlo en beneficio de las élites y de las nuevas familias ricas del país.
Cambiar la Constitución en materia de justicia es olvidarse del trabajo que la sociedad ha tenido que enfrentar para ir obligando al mismo poder judicial y al legislativo a cambiar las prácticas de personas juzgadoras, hay que recordar que muchos mexicanos y mexicanas han muerto en prisión en espera que un juzgador les haga justicia.
Los cambios sustanciales que se han realizado en la práctica judicial durante las últimas décadas en el ámbito federal no siempre han surgido de la buena voluntad de los juzgadores, sino las sanciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al Estado Mexicano, las reformas en materia de derechos humanos y judicial que cambió el sistema escrito a uno semioral es la prueba de ello.
El mes de septiembre de 2024, durante las últimas semanas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se concretará un atentado más a la democracia de este país, cuando el Poder Judicial de la Federación quede sometido a los caprichos electorales del gobierno federal en turno; combinar la experiencia de expertos en acarreos y compra de votos con el quehacer jurisdiccional será una bomba de tiempo que le explotará en unos años más a las nuevas generaciones que se encargarán de revertir el colapso institucional de la llamada cuarta transformación.
Hasta el momento, López Obrador no ha demostrado que, al menos una de sus ocurrencias haya sido para fortalecer las instituciones, al contrario, todo lo que ha tocado lo ha destruido, desaparecido y gastado el dinero público en sus proyectos personales.
Destruyó los fidecomisos argumentando corrupción, pero su gobierno es tan incapaz que no pudo demostrar un solo acto de corrupción y si lo encontró optó por guardar silencio por alguna razón que la historia lo dirá; lo púnico que es cierto, es que se gastó todo el dinero de esos fideicomisos y nunca informó en qué y para no estar obligado a rendir cuentas también desaparecerá los organismos de transparencia y rendición de cuentas.
Echó abajo el Aeropuerto de Texcoco y al final de cuentas los contribuyentes tenemos que pagar más a los empresarios que lo que se les paga por el FOBAPROA de Ernesto Zedillo Ponce de León; con la cancelación de ese aeropuerto los empresarios a quienes acusaba de corrupción nunca los pudo procesar por hacer mal uso de los recursos públicos, al contrario, los tuvo que indemnizar porque había contratos firmados, a la clase poderosa económicamente no este país no le ha tocado un pelo, al contrario les ha ido más y más, como es el caso de Carlos Slim, quien sigue siendo el hombre más rico de México, porque López Obrador lo ha colmado de contratos.
Nadie que conozca el sistema de justicia de México podrá negarse a una reforma constitucional de alta envergadura, al mismo nivel que la de 2011, pero con la finalidad de fortalecer a la institución y sacarla de la crisis que se encuentra por el rezago, pero no entregarle la función de juzgar a personajes que les da los mimso levantar el dedo en una cámara de diputados que organizar megafraudes en SEGALMEX donde han gozado de la protección presidencial.
Ahora en Quintana Roo nos preguntamos cuáles serán los efectos que tendrá en el Poder Judicial del Estado esas reformas constitucionales a nivel federal, porque si en el Poder Judicial de la Federación sigue documentándose corrupción a nivel de ministros, en los estados, no solo hay tráfico de influencias, sino negligencia, incapacidad y negativa a juzgar con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y debida diligencia.
En Quintana Roo la mayoría legislativa de la 4T le entregó en charola de plata todo el sistema judicial estatal a una sola persona hasta el año 2034, arropándola con una serie de facultades constitucionales que convierten su cargo en una vicegubernatura porque cuenta con recursos públicos de manera discrecional para operar el sistema de justicia en la entidad, sin embargo, con todas esas atribuciones hasta el momento no se ha visto que algo se haya hecho e beneficio de la población justiciable.
La 4T en Quintana Roo ya tiene el sistema judicial a su servicio, así como el Poder Legislativa, por lo que no se le ven intenciones de involucrarse en una reforma judicial estatal de gran calado. En unos años más, seguiremos en busca de que la justicia sea pronta y expedita, porque justicia que no sea pronta y de manera diligente no es justicia.
Graciela Machuca
