Deuda Pública de estados y Municipios
Patrcia Nuí±ez Roman
Durante la reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que tuvo lugar en la Ciudad de México, se abordó el tema de la deuda pública de estados y municipios, debido a que de los 2,456 ayuntamientos que existen en el país, sólo 10 concentran el 33.5% de la deuda municipal, la cual ascendió a 44,859 millones de pesos al segundo trimestre del 2012, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Guadalajara encabeza la lista de las alcaldías con mayor carga de pasivos, al sumar 2,681 millones de pesos, lo que representa 5.9% del saldo neto. Le siguieron Tijuana, con una participación de 5.7%; Monterrey, con 4.8%; Zapopan, con 3.2%; Benito Juárez (Cancún), con 3%; Nuevo Laredo, con 2.5%; León, con 2.3%; Mexicali, con 2.1%; San Nicolás de los Garza, con 2%, y Tlaquepaque, con 1.9 por ciento.
Al respecto el Gobernador de Sinaloa y presidente de la CONAGO, Mario López Valdez, dijo al encabezar la reunión de las comisiones de Hacienda y Educación que no debe satanizarse por dichas deudas, pero sí se debe exigir mayor transparencia, responsabilidad y eficiencia en el manejo presupuestal.
López Valdez expuso que si bien es cierto que el endeudamiento de estados y municipios debe pasar por un régimen de mayor control, con regulaciones más estrictas y transparentes, la contratación de créditos debe servir para impulsar la construcción de mayor infraestructura para el desarrollo de pueblos, ciudades y estados.
Eso último creo que nadie lo pone en duda, pero la realidad nos indica que una gran cantidad de esos recursos se van a pagos de gastos administrativos (pagos de salarios, viáticos, gasolina y celulares, entre otros beneficios de los que gozan los gobernantes, regidores y funcionarios de primer y segundo nivel).
Coincidimos con el mandatario sinaloense cuando dice que hoy los estados y municipios deben transitar hacia un manejo responsable de las finanzas públicas y consolidar la modernización de obras de carreteras, de educación, de salud, infraestructura deportiva, entre otras, que permitan mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población. Pero la inversión que se realice debe ser supervisada y evaluada por organismos autónomos, porque eso nos garantizaría transparencia.
Graciela Machuca
