Suspenden a magistrado en Cancún
por esto
Durante los aí±os que estuvo en Cancún el magistrado José Manuel Rodríguez Puerto (vinculado con el proteccionismo al ”Zar de los Casinos») como titular del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, tejió toda una amplia red de corrupción con otros funcionarios no sólo federales, sino incluso estatales como fue el caso del magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Oscar Enrique Aguilar Angulo que fue retirado forzosamente el aí±o pasado por decreto del Congreso del Estado.
Y es que, precisamente, el aí±o pasado, a ambos magistrados se les vinculó con una extorsión donde estaban pidiendo un millón de pesos para favorecer a una de las partes dentro de un juicio de competencia federal y estatal, y por este motivo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se vio obligado a cambiar de adscripción a José Manuel Rodríguez Puerto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
En tanto que el caso de Oscar Aguilar Angulo fue opacado por el mismo Tribunal Superior de Justicia del Estado con el tema de la Reforma Constitucional que establece el retiro forzoso de los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia, con más de 12 aí±os de servicio o más de 65 aí±os de edad.
A este caso de corrupción se le suman decenas de otros más, donde la justicia fue balanceada de manera impune hacia un solo lado, y en el caso del Consejo de la Judicatura Federal no tuvo de otra que cambiar de adscripción a Rodríguez Puerto, a quien el ”Zar de los Casinos», Juan José Rojas Cardona, pretendió con sus ”influencias» hacer que lo retornaran a Cancún, es decir, al Vigésimo Séptimo Circuito del Poder Judicial Federal debido a que desde este polo turístico le podría ser mucho más útil para favorecerlo en cuanto al tema de los centros de apuestas.
Es por ello que con la separación del cargo de José Manuel Rodríguez Puerto, otro magistrado de nombre Eduardo Ochoa Torres y el juez Javier Rubén Lozano Martínez, estos dos últimos adscritos en Monterrey, Nuevo León, queda en evidencia toda una amplia red de corrupción que permeó al propio CJF.
En las grabaciones donde se denunció esta corrupción de los magistrados con Juan José Rojas Cardona a través de Francisco Salazar Arreozola, apoderado legal y encargado de relaciones públicas de ”El Zar de los Casinos», hay una fechada el 1 de abril de 2013, cuando José Manuel Rodríguez Puerto aún se encontraba en Cancún, y en esa hace referencia de una invitación a comer al magistrado Ocampo, ”porque escuché que pretende confirmar la suspensión porque no se acreditó haber cumplido con las medidas de seguridad en materia de Protección Civil».
Este párrafo, sin duda alguna es relativo al caso del Casino Play Boy Cancún, que estaba clausurado por la Dirección Municipal de Protección Civil y el magistrado Ocampo, podría tratarse de Martín Ocampo Pizano, del mismo Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito del Poder Judicial de la Federación.
En esa conversación, Francisco Salazar a nombre de ”El Zar de los Casinos» le dice al magistrado Rodríguez Puerto: ”convéncelo porque es importante para nosotros eso!, Avísame qué se ocupa!».
Y así, en medio de toda esta crisis que envuelve al Consejo de la Judicatura Federal, el líder del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, advirtió que este asunto debe ser resuelto a fin de evitar poner en entredicho la credibilidad de los jueces y daí±ar la impartición de justicia en el país.
El senador perredista recordó el caso de funcionarios de la Judicatura presuntamente involucrados con actos de corrupción relacionados con casinos en el país.
De no resolverse esta crisis —dijo-, los impactos en la credibilidad de jueces podrían ser mayores, y con esto afectar de manera importante la impartición de justicia en nuestro país.
Seí±aló que la función de un Consejo de la Judicatura es de tal relevancia en el Poder Judicial que se requieren acciones trascendentes para que no exista duda sobre su funcionamiento y en el comportamiento de sus integrantes.
”El CJF debe ser transparente y garantizar plenamente las altas responsabilidades que le confieren la Constitución y las leyes: un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones», manifestó.
Graciela Machuca
