Gobierno de AMLO sacrificó desarrollo integral de México por cumplir compromisos con economías neoliberales

La evaluación de una obra de infraestructura financiada con recursos públicos debe tomar en cuenta una gama de indicadores en materia de transparencia y rendición de cuentas para poder observar el costo-beneficio, porque no se trata solo de terminar la obra en tiempo y forma y que se haya invertido peso tras peso de acuerdo a los soportes financieros, sino también se tiene que evaluar si el costo tendrá relación con los beneficios sociales y económicos para la población, que con sus impuestos pagó esa obra.

El Tren Maya y la refinería Dos Bocas, las obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han convertido en un barril sin fondo de recursos públicos, debido a que al carecerse de un estudio financiero cuando se iniciaron los trabajos, los gastos y los sobreprecios fueron aumentando conforme se empezaron a desarrollar los proyectos.

Los miles de millones de pesos destinados a la infraestructura ferroviaria que pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como la refinería de Petróleos Mexicanos (PEMEX), construida en el estado de Tabasco, entidad donde nació el actual presidente de México, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el centro del país, son las principales obras del gobierno federal a las que se destinaron millonarias inversiones del patrimonio de la nación, para lo cual tuvieron que desmantelarse programas sociales, de investigación, servicios de salud y educativos en diferentes partes del país.

Al disminuir significativamente la inversión pública en otras partes del país, la inversión privada no se hizo presente, por lo que el índice de pobreza se incrementó en diversas regiones de la República Mexicana, incluso en lugares como la Península de Yucatán y Oaxaca, donde las grandes beneficiarias fueron empresas extranjeras que se llevaron las ganancias a su país de origen o a paraísos fiscales, mientras que solo se utilizó mano de obra no calificada, porque los expertos fueron traídos de otros países o de las principales ciudades del país.

Hasta el momento, no se sabe como beneficiará la obra del Tren Maya a los pueblos originarios de los cinco estados por donde pasará este medio de transporte, pero lo que si tienen claros los indígenas de la zona, es que no quieren servir de diversión para los turistas, no quieren ser vistos como seres raros a los que hay que ir a fotografiar porque se ven muy “simpáticos” con sus trajes típicos.

La organización comunitaria y el movimiento social y político sui géneris de Oaxaca motivó que comunidades aglutinadas en la Unión de Comunidades del Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI) se opongan a la construcción del Corredor Interoceánico, porque es motivo de despojo de sus tierras, además, porque esa obra, al servicio del comercio internacional servirá como el primer muro antimigrantes, porque el país será dividido en dos, porque en ese corredor se está rehabilitando el ferrocarril, se construirá un gasoducto más, se construirán cinco parques industriales, será un área militarizada por la Armada de México, así como la ruta del Tren Maya y sus alrededores será vigilada por el Ejército Mexicano.

Ambas instituciones militares serán las que operen y usufructúen las empresas que administrarán dichas obras, que están siendo pagadas con dinero del pueblo. Ante la férrea oposición de las comunidades indígenas de Oaxaca, al gobierno de López Obrador no le quedó otra opción más que mandar a la Guardia Nacional a desalojar a los inconformes, de los cuales, a seis los encarceló por más de tres días.

El gobierno de la 4T le debe una explicación al pueblo de México, sobre el interés desmedido del presidente Andrés Manuel López Obrador de construir estas obras a costa del bienestar del resto del país, a pesar que el Tren Maya beneficiará principalmente a los emporios turísticos internacionales instalados principalmente en Quintana Roo; la viabilidad financiera y productiva de la refinería de Dos Bocas, aun no se comprueba, mientras que los beneficios del Corredor Interoceánico quedarán en manos de las dos grandes economías del mundo, la china y la estadounidense.

Para cumplir estos compromisos con la economía neoliberal, Andrés Manuel López Obrador no se ha reparado en gastos, porque las secretarías de Energía y Turismo ejercieron en 2022 un gasto 306 por ciento y 177.4 por ciento mayor, respectivamente, al que tenían aprobado, derivado de mayores recursos destinados a la refinería Dos Bocas y al Tren Maya.

La Secretaría de Energía tuvo un gasto de 191 mil millones de pesos, 306 por ciento superior al aprobado, debido a que destinó más recursos a Pemex para la construcción de la refinería, según la Cuenta Pública 2022 de Hacienda.

El monto que concentró esta dependencia representó el 10.2 por ciento del gasto total de los ramos administrativos.

En el documento, Hacienda explica que la variación respecto al presupuesto aprobado se debe principalmente al mayor ejercicio en los rubros de otros de inversión, por los recursos destinados a aportaciones patrimoniales para Pemex.

La petrolera reportó un aumento en el gasto destinado a dicho proyecto.

Además, parte del incremento también obedeció, a mayores recursos para cubrir gastos relacionados con pagos de defunción, pagos por resoluciones de autoridad competente y aportaciones a fideicomisos.

Con este gasto, la Sener concentró el 10.2 por ciento del presupuesto total invertido en dependencias federales.

En tanto, la Secretaría de Turismo reportó un gasto ejercido de 182 mil 141 millones de pesos, es decir un aumento de 177.4 por ciento respecto a lo aprobado.

El monto que finalmente gastó fue además 367.5 por ciento más elevado en términos reales que el de 2021.

«Los factores que determinaron esta evolución estuvieron relacionados con el desarrollo del Proyecto Tren Maya», menciona Hacienda en la Cuenta Pública.

La Secretaría de Turismo concentró el 9.7 por ciento del total de recursos destinados a las dependencias federales. Lo anterior, de acuerdo a un análisis difundido por la Agencia de Noticias Reforma, sustentada en documentos públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.