La maraña legaloide en que se ha convertido el proceso electoral en Quintana Roo
Necesariamente Incomoda
Graciela Machuca Martínez
Así como el partido oficial, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), cuenta con recursos ilimitados para financiar sus campañas a lo largo y ancho del país, también cuenta con los recursos suficientes para pagar bufetes jurídicos y abogados propios para obstaculizar el avance del proceso electoral por medio de recursos legales, aunque al final de cuentas no tengan la razón, el propósito es entorpecer las campañas políticas con la finalidad de ir diezmando la moral y la simpatía a favor de los partidos contrincantes.
Estas prácticas legaloides las utilizó el PRI cuando empezó a notar el crecimiento de la oposición, pero ya no tenía al cien por ciento a su servicio a los órganos electorales, porque ya se habían ciudadanizado y eran autónomos, lo que se ha ido perdiendo durante los últimos seis años.
Ahora, por lo menos, las actuaciones de el Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo se consideran “sospechosas”, al propiciar la dilación del proceso electoral, como ha sucedido en las últimas horas.
MORENA, luego que los referidos organismos y el federal le validaron diversas irregularidades, como permitir que Anahí González Hernández, usurpara la afirmativa indígena para registrarse como candidata al Senado de la República, se dieron a la tarea de impugnar todas las planillas de aspirantes a los 11 ayuntamiento de Quintana Roo, con la finalidad de ponerle obstáculos a quienes se han convertido en un verdadero peligro para que la 4T obtenga el triunfo.
A MORENA le preocupa que las tendencias ciudadanas, las que se recogen en las calles y domicilios de los municipios quintanarroenses no les favorecen en Carrillo Puerto, Chetumal, Tulum, Cozumel, en Bacalar, Isla Mujeres y Puerto Morelos, pero están más nerviosos porque al perder esos ayuntamientos entregarían malas cuentas para la candidata presidencial y para el Congreso de la Unión, donde tienen la meta de conseguir la mayoría calificada, porque de lo contrario, empezaría la debacle de la 4T.
Al final de cuentas, cuando los expedientes lleguen a la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y algunos, eventualmente, a la Sala Superior, se tendrán más elementos y opiniones jurídicas sobre quien tuvo la razón del actual entorpecimiento del proceso electoral en Quintana Roo.
Por lo pronto, el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, muy cuestionado a últimas fechas, determinó revocar los acuerdos del Instituto Electoral sobre el registro de planillas municipales de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y le pidió al organismo que se vuelva a pronunciar, esta resolución motivó que el Instituto le comunicara a ambos partidos que por el momento sus registros quedan en suspenso por un plazo de 72 horas, al término del cual emitirá nuevos acuerdos al respecto.
El Tribunal también dejó sin efectos la imposición de un procedimiento ordinario sancionador en contra de Movimiento Ciudadano, hasta en tanto se emita una nueva determinación por parte del IEQROO.
El citado órgano jurisdiccional instruyó al Instituto electoral a que vuelva a hacer su tarea. Al considerar incorrecto el plazo extraordinario de 12 horas que otorgaron al PRD para que subsane lo atinente para registrar sus candidaturas por acciones afirmativas de personas con discapacidad y de la diversidad sexual, por ya existir un procedimiento de verificación de cumplimiento y sustitución de las postulaciones de candidaturas por acciones afirmativas establecido en el criterio Vigésimo Octavo de los Criterios de Acciones Afirmativas.
Asimismo, vinculó al Consejo General para que se pronuncie en relación con el cumplimiento o no de las reglas de paridad, de conformidad con lo establecido en el acuerdo 086 de 2023 y el artículo 277 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Las dirigencias del PRI y del PRD han manifestado públicamente su inconformidad al considerar el acoso judicial que están sufriendo tanto como partidos políticos como quienes contienden por alguno de los cargos de elección popular, además, de las amenazas de muerte que han recibido otros, uno de esos casos es el candidato del PRI en Cozumel.
Al representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral, Luis Enrique Cámara Villanueva, la semana pasada fue privado de la libertad de manera temporal, lapso en el que lo amenazaron de que algo le podría pasar si sigue oponiéndose a los acuerdos del Consejo General, según lo denunció el dirigente estatal de ese partido, el doctor José Luis Pech Varguez.
La suspensión por 72 horas de las campañas municipales de las planillas del PRD y Movimiento Ciudadano es una muestra más de inequidad y la suspensión no fue por su culpa, sino porque el Instituto Electoral de Quintana Roo no motivó y fundamentó conforme a derecho los acuerdos sobre el incumplimiento de algunas acciones afirmativas, las mismas que a MORENA nunca le cuestionó y mas claro ni el agua….ahi esta el caso de Anahi…..
Graciela Machuca
