«LA TRATA» GRAVíSIMO CRIMEN EN QROO QUE SE COMBATE CON DECLA RACIONES DE PRENSA
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El combate a la trata de personas es un asunto que debe ser prioridad de las autoridades en Quintana Roo, toda vez que es un destino turístico, un Estado fronterizo, un lugar donde crece la violencia social y una entidad donde se registran elevados índices de precariedad económica y condiciones laborales de explotación. Se han creado leyes y códigos para sancionar el problema, pero los mecanismos institucionales simplemente no funcionan. Por ejemplo, seí±ala Yolanda Garmendia, diputada local y presidente de la Comisión de Equidad y Género en la XIII Legislatura, el Comité Interinstitucional para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas se instaló el 18 de julio de 2011 y hasta la fecha no se ha realizado una sola reunión de trabajo. Es más, dice, no se ha nombrado a la persona que ocupará la Secretaría Técnica. Todo el asunto del combate a la trata de personas es puro discurso, denuncia, un asunto mediático.
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La trata de personas
GRAVíSIMO CRIMEN EN EL ESTADO QUE SE
COMBATE CON DECLARACIONES DE PRENSA
Ni siquiera los protocolos burocráticos que ordena la ley se cumplen con formalidad. No puede haber resultados si ni siquiera hay un plan, una estructura de decisiones, una distribución sistemática de responsabilidades y un seguimiento institucional de la compleja coordinación que debe cumplirse. El problema mayor en torno de este crimen es el del protagonismo y la declaracionitis cuya suma es la parálisis, denuncia la diputada Garmendia.
Héctor SosaSemanario Estos dias
Quintana Roo cuenta con características reconocidas que propician la trata de personas y la explotación sexual de menores: ser un destino turístico y un Estado fronterizo con creciente violencia social, precariedad económica y condiciones laborales indignas, seí±ala el estudio Trata y explotación sexual comercial de nií±os, nií±as y adolescentes en la frontera México-Belice.
El documento forma parte del proyecto regional para combatir la trata con fines de explotación sexual comercial en América Latina y fue aplicado en Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú. Los responsables de la investigación son miembros de la organización ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes: Eliminemos la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y la Trata de Nií±os y Nií±as con Fines Sexuales), un organismo que es a la vez una red mundial de organizaciones e individuos que se dedican a enfrentar lo que se enuncia: el uso comercial de nií±os y adolescentes, incluyendo la pornografía y la trata.
A pesar de que se anuncia un enorme interés de las autoridades de todos los niveles para combatir la trata de personas, y de que se han promulgado leyes con ese fin, ECPAT indica en el documento que sus investigadores no encontraron estudios, investigaciones o informes que dieran cuenta de la situación específica de la trata de nií±os y adolescentes con fines de explotación sexual en Quintana Roo.
En la descripción de sus conclusiones indican que entre los factores de vulnerabilidad de la población menor a los 14 aí±os se encuentra que unos 25 mil jóvenes y nií±os no asisten a la escuela en Quintana Roo, y la mayoría de ellos crece sin recibir atención de sus padres, o tienen la responsabilidad de contribuir al sustento familiar. Es por ello que existe un muy alto índice de nií±as embarazadas entre los 10 y 14 aí±os, además del incremento de los índices de suicidio en menores de 20 aí±os.
Indagatorias silenciadas
La investigación de ECPAT se concentró en las zonas centro y sur del Estado, aunque durante sus entrevistas también incluyeron fuentes que les proporcionaron información de la zona norte turística.
ECPAT seí±ala haber detectado casos de explotación sexual con fines comerciales en nií±as de 13 y 14 aí±os en el norte de la entidad. Pero las investigaciones judiciales fueron frenadas ante la amenaza de quienes hacían el negocio de publicar una lista de clientes que incluía a funcionarios públicos. El asunto fue cerrado. El organismo, en el documento, no da más referencias sobre el caso.
También denuncia que informantes clave indicaron la existencia de una casa particular donde se reunían a nií±os de sexto grado de primaria y donde se les inducía a ver películas pornográficas y se les incitaba a sostener relaciones sexuales para videograbarlos. Al descubrirse el negocio y ante la falta de acción de las autoridades competentes, los explotadores simplemente cambiaron de casa.
Es alarmante, indica, que se reporten casos en los que las víctimas son de muy corta edad. Se conoce de nií±os entre los 12 y 13 aí±os que son explotados sexualmente en la zona turística de Cancún, mientras que en la Zona Maya hay víctimas que apenas llegan a los ocho aí±os de edad. Cuando se quiere avanzar en las indagatorias éstas se frenan porque hay funcionarios involucrados, y los únicos casos sobre los que se conocen responsables son los que llegaron a los medios de comunicación, dice.
Quintana Roo fue uno de los primeros Estados en tipificar el delito de trata de personas, pero desde diciembre de 2010, cuando se creó la Ley Contra la Trata de Personas, apenas se han realizado cinco averiguaciones por explotación sexual, y sólo una persona ha sido detenida -en septiembre pasado- acusada de prostituir en Cancún a una nií±a de 12 aí±os (Estosdías 246). Según ECPAT, además del freno a las investigaciones también existen dificultades para tipificar la configuración de los delitos, porque la ley es confusa al mezclar violencia física y moral como elementos del tipo penal.
En síntesis, aí±ade, no existen acciones específicas dirigidas a la prevención, detección, atención y erradicación de la explotación sexual; cunde la falta de información y coordinación entre los programas y acciones que el Gobierno federal reporta y tienen alcance estatal, y también de los programas estatales con los Municipios. Es decir, todos los niveles de Gobierno dejan de lado el problema, desde las imprecisiones normativas para la configuración de delitos hasta las acciones institucionales para combatir el fenómeno.
Las rutas
La investigación de ECPAT también trazó supuestas rutas que son utilizadas para la trata. Indica que a la zona norte arriban por vía marítima víctimas de ese crimen provenientes de Cuba y llegan principalmente a Cancún y al Municipio de Lázaro Cárdenas. En este circuito norte también se suman, pero por vía aérea, inmigrantes de Europa del Este, orientales y sudamericanos que arriban a los aeropuertos de Cancún o Cozumel, seí±ala.
El segundo circuito es al sur, y comprende los Municipios de Felipe Carrillo Puerto y Chetumal. El cruce terrestre es el que predomina en esta ruta, a través de la frontera de Subteniente López. Aquí las principales víctimas son personas de origen centro y sudamericano.
A Belice llegan africanos, centroamericanos y cubanos, que posteriormente son internados a México por la frontera de Subteniente López, principalmente al Municipio de Othón P. Blanco. Luego algunos de ellos son llevados a Campeche y otros a Felipe Carrillo Puerto, para que de ahí sean trasladados a Yucatán o la zona turística de la entidad. Según ECPAT, la cifra negra de centroamericanos menores de edad que cruza la frontera a México por Belice ya ha rebasado al de adultos.
A partir de un informe presentado por la PGR se ubica a Quintana Roo entre las entidades con mayor índice de trata de personas. Según los datos, en todo México hay un millón 200 mil víctimas. Yucatán, Campeche y Quintana Roo forman parte de los Estados que concentran el 90 por ciento del ilícito y los aeropuertos son puntos estratégicos de ingreso al país.
Interés mediático
Yolanda Garmendia Hernández, diputada local y presidente de la Comisión de Equidad y Género en la XIII Legislatura, ha promovido dos puntos de acuerdo para que se exhorte a las autoridades competentes a convocar a la reunión del llamado Comité Interinstitucional para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas, pues sobre el tema no existe más que un interés mediático para abordarlo, dice. No se ha atacado con formalidad, con un programa de trabajo, con una vinculación institucional y con deseo de resolverlo. Más bien es puesto en los medios como un tema político y noticioso, sin acciones fondo.
Recuerda que en 2007 se publicó la Ley Federal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas. El reglamento de ese marco normativo fue publicado en febrero de 2009. Al aí±o siguiente, en septiembre de 2010, la XII Legislatura del Congreso de Quintana Roo público la ley espejo.
Se estableció que se tenía que formar un comité para desarrollar el programa de trabajo estatal y se diera una propuesta, un mecanismo y una estrategia de combate a la trata. Se logró que se convocara a reunión para la instalación del comité. El 18 de julio de 2011 se instaló de manera formal pero después de ello no se ha tocado de nuevo el tema.
Además, en la instalación quedaron pendientes tres cosas: la designación del Secretariado Técnico, la presentación de los representantes de la sociedad civil que participarían, y la formulación de un plan de trabajo donde se vinculen las actividades de los tres poderes del Estado.
Del 18 de julio de 2011 a la fecha no ha existido un solo encuentro más de verificación de las propuestas de la sociedad civil. No hay ningún avance real. Pero en los espacios mediáticos abunda una exposición del problema y de todas las acciones que llevan por separado los distintos órganos del Estado, indica Garmendia.
Y aí±ade: ”La realidad es que las dependencias involucradas directamente con la investigación, el seguimiento, y el desarrollo de un marco lógico para combatir el problema no están haciendo nada. Se han aprobado dos puntos de acuerdo desde el Congreso local para que se convoque a una reunión de trabajo del comité sobre la trata, porque si no hay un plan de trabajo, ¿cómo se exige que haya resultados?
La ley seí±ala que los integrantes del comité son los titulares del Poder Ejecutivo, del Judicial, y los presidentes de siete comisiones en el Congreso local. Además del secretario de Educación, de Gobierno, Seguridad Pública, Turismo, Salud, Trabajo y Previsión Social, Derechos Humanos, gente del sector empresarial, sindicatos y organizaciones civiles.
Garmendia seí±ala que en la realidad hay que hacer conciencia de que tener a los titulares de dos poderes y todas las secretarías en una reunión de trabajo es prácticamente imposible. De manera extraoficial, en la reunión del 18 de julio, se mencionó que la Secretaría Técnica del Comité la ocuparía la titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Sin embargo, con los cambios políticos que se han realizado no hay secretaria técnica, toda vez que la anterior directora del instituto, Lizbeth Gamboa Song, tuvo que separarse del cargo porque fue incluida en la octava posición de la lista plurinominal para diputados federales del PRI.
En el discurso todo está muy bien, dice Garmendia. Pero la verdad es que hay poca coordinación entre las instituciones. Mientras no haya esa coordinación entre los organismos de impartición de Justica, de investigación, y los que proveen información de primera mano, como pueden ser el sector salud y el educativo, todo seguirá siendo un asunto mediático.
Hoy lo que se está pidiendo es que se convoque a una sesión de trabajo con el objetivo de tener una Secretaría Técnica que se haga cargo de diseí±ar e instrumentar el plan de trabajo. Que se asuma que los suplentes de los secretarios sean personas responsables y preparadas, que conozcan el tema, y que tengan voz y voto en las reuniones. Y que se ratifiquen los nombramientos de las representaciones de la sociedad civil para que se conforme completamente el comité, dice, porque hasta ahora lo que hay es una lista interminable de alrededor de 21 funcionarios.
— ¿Los organismos no han avanzado en su trabajo?
— No, no estoy diciendo eso. Hay esfuerzos, pero no hay coordinación. Cada quien hace lo que puede hacer o lo que tiene ganas de hacer. Pero no hay un plan estatal.
Indica que en Quintana Roo, de un total de 1 millón 325 mil 578 habitantes, 652 mil 358 son mujeres, por lo que la magnitud del problema debe ser un tema estratégico y prioritario para los tres poderes del Estado.
Recuerda también que el libro Perspectivas del tráfico de personas en México —estudio encabezado por el doctor Arun Kumar Acharya, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y financiado con recursos provenientes del Conacyt— sirvió para emprender una búsqueda y conocer las leyes de cada Estado, sus políticas públicas, medidas y programas para combatir el delito.
Y si bien Quintana Roo sobresale en el estudio de Kumar, porque tiene una legislación específica para el combate al fenómeno y códigos armonizados con los tratados internacionales, de ese estudio también se desprende que pese a los esfuerzos que han demostrado los Estados para revertir el problema aún carecen de mecanismos para actuar y al respecto.
Tener las leyes no significa que vamos a disminuir el tráfico de mujeres. Las leyes, sin políticas públicas, no funcionan, sentencia.
La ley estableció que se tenía que formar un comité para desarrollar el programa de trabajo estatal y se diera una propuesta, un mecanismo y una estrategia de combate a la trata. Se logró que se convocara a reunión para la instalación del comité y el 18 de julio de 2011 se instaló de manera formal, pero después de ello no se ha tocado de nuevo el tema.
Yolanda Garmendia Hernández, diputada local y presidente de la Comisión de Equidad y Género en la XIII Legislatura, ha promovido dos puntos de acuerdo para que se exhorte a las autoridades competentes a convocar a la reunión del llamado Comité Interinstitucional para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas, pues sobre el tema no existe más que un interés mediático para abordarlo, dice. No se ha atacado con formalidad, con un programa de trabajo, con una vinculación institucional y con deseo de resolverlo. Más bien es puesto en los medios como un tema político y noticioso, sin acciones fondo.
En síntesis, aí±ade el documento de ECPAT, no existen acciones específicas dirigidas a la prevención, detección, atención y erradicación de la explotación sexual; cunde la falta de información y coordinación entre los programas y acciones que el Gobierno federal reporta y tienen alcance estatal, y también de los programas estatales con los Municipios.
Es alarmante que se reporten casos en los que las víctimas son de muy corta edad. Se conoce de nií±os entre los 12 y 13 aí±os que son explotados sexualmente en la zona turística de Cancún, mientras que en la Zona Maya hay víctimas que apenas llegan a los ocho aí±os de edad.
Graciela Machuca
