El «presunto hijo» d e la prensa
Marco Lara KlahrEs interesante y paradójico que esa industria, y los periodistas que la conformamos, parezcamos convencidos -y así actuemos- de que nadie nos mira de forma crítica, sino que el público nomás consume nuestras noticias de tan pobre factura como el asno quijotesco para cuya trompa no se hizo la miel.
Ya acudimos en tropel a la conferencia de prensa donde los marinos nos presentaron al muchacho, y a otro. Ya exhibimos a ambos lacayunamente en nuestros medios, reproduciendo muchas de las palabras de los oficiales de comunicación a veces sin citarlos, apropiándonoslas. Ya cumplimos con la función de apéndices de la «justicia militar de facto», suplantadora de la justicia penal. Ya vino el gobierno federal para meternos al orden sin asumir su error -que el «presunto hijo» no es ni hijo ni presunto- ni pedir perdón a los detenidos, al público y a nosotros, a través del parco Comunicado 240/12 de la Procuraduría General de la República: «… se ha llegado a determinar que los presentados son Félix Beltrán León y Kevin Daniel Beltrán Ríos, de 23 y 19 aí±os de edad, respectivamente. Será el resultado de la investigación lo que lleve a comprobar los hechos por los cuales fueron presentados al MPF, de acuerdo a las actuaciones que realiza la propia representación social de la Federación».
¿Qué hicimos los periodistas? ¿Aprendimos? ¿Nos revelamos? ¿Dijimos, «Bueno, hay que ser cautelosos para no quedar en ridículo ni publicar información falsa», o «Cuidado, porque estos seí±ores militares están utilizándonos para legitimar arbitrariedades y producir desinformación»? No. Reprodujimos el desmentido del gobierno federal, hicimos un poqutín de sorna y volvimos al atropello: si al muchacho no pudo imputársele el delito de ser «presunto hijo», habrá otros delitos a la mano, es cosa de buscarlos. Y así es como informamos: «Ambos son investigados por delincuencia organizada, lavado de dinero, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos electorales, varios de ellos considerados graves» [Apro, junio 23, 2012].
¿Y las disculpas de la prensa? ¿Sobrará que digamos algo como, «Ciudadanos afectados, estimado auditorio, perdón, una vez más publicamos una falsedad de tan grave dimensión como esta porque siempre reproducimos las versiones oficiales sin verificarlas, faltando a nuestra responsabilidad social y ética»?
Atribuimos la culpa solo a la fuente, le dimos relevancia noticiosa y enseguida, ya recompuestos, legitimamos otro abuso: el muchacho «presentado», y el otro, ya habían sufrido detención arbitraria; la exhibición ante los medios y los periodistas, y la condena mediática. El siguiente paso fue informar de manera anodina que se les arraigaría, sin hacer notar, sumisos como somos a la fuente -la PGR, en este caso-, que el arraigo es una «medida de investigación» abusiva porque implica que un ciudadano, sin que existan cargos en su contra, puede ser detenido ¡mientras el Estado busca como incriminarlo!
Un día después de la exhibición pública del «presunto hijo», el presidente Felipe Calderón [junio 22] mostró una vez más su profundo desprecio hacia esa prensa y hacia los profesionales que la conformamos, expidiendo el decreto de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Del inicio de su gobierno, en 2006, a la fecha han sido asesinados casi 50 colegas periodistas y sufrido desaparición cuando menos 12, en un entorno de acelerado deterioro de las libertades de información y expresión, y donde el 50% de las agresiones contra nosotros provienen de servidores públicos. El hombre viene a actuar pocos meses antes de marcharse del poder y cuando lo tiene más menguado.
En su predecible lógica policial, el presidente establece el derecho de los periodistas, bajo ciertas circunstancias de riesgo, a que el Estado nos dote de protección mediante custodia personal, vehículos blindados, vigilancia domiciliaria y la posibilidad de sacarnos de la zona de peligro.
Una duda razonable es si esto funcionará en un escenario en el que, como se ha dicho, la mitad de las agresiones contra los periodistas proviene de agentes del gobierno; o sea, ¿el gobierno nos protegerá de él mismo? ¿Se combatirá a sí mismo para protegernos a nosotros? ¿Cómo sabrá y podrá separar, dentro de sus huestes burocráticas, a los agresores de los protectores?
Estas preguntas no las ha formulado la industria noticiosa, sino que se ha concretado a informar del nuevo decreto de ley como si se refiriera, no sé, al cambio de horario de verano, y frente al desprecio presidencial, vuelve a someterse, manteniéndonos a los periodistas en la indefensión, tal como lo hace impunemente con las víctimas de los «juicios mediáticos».
Graciela Machuca
