El ”desgobernador» de Sinaloa contra los reporteros

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contralinea.info

Como delincuentes desde el poder público con actos intencionales, omisiones y negligencias, los funcionarios de todo nivel insisten en atacar a los periodistas en general, y de ellos, sobre todo, a los reporteros. í‰ste ha sido el caso a raí­z de la recaptura del capo-jefe del Cártel del Pací­fico: Joaquí­n Guzmán Loera, alias el Chapo, cuando, dedicados a recabar los hechos y lograr fotografí­as del suceso, los reporteros fueron brutalmente sacados de la escena en Mazatlán, y policí­as disfrazados de civiles, con pistola en mano, los obligaron a ”borrar las imágenes de sus cámaras» (La Jornada, 2 de marzo de 2014).

Además de esto, a la redacción del matutino Noroeste, que circula en toda la entidad, han llegado amenazas de muerte desde aparatos que no pueden ser detectados, como los aparatos de seguridad del desgobernador Mario López Valdez, alias Malova, apodo (acrónimo) con el que se ha dado a conocer y que le gusta usar. Con todo esto han impedido que en esa entidad del Noroeste geopolí­tico tengan vigencia y se respeten los derechos para el libre ejercicio profesional del periodismo, cuyo factor común es la libertad de expresión, escribir y publicar los hechos (Timoty Garton Ash, Los hechos son subversivos, Tusquets editores).

Con actos de censura previos, el desgobernador Malova de corazón prií­sta pero afiliado a otro partido de ”oposición», impidió que aparecieran en los periódicos las fotografí­as de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés) entregando a marinos y policí­as mexicanos al ”enemigo número uno» Guzmán Loera , según fue declarado en Chicago con acusaciones por varios delitos. Obviamente que el desgobernadortrataba de hacerse cómplice del peí±ismo, que a toda costa quiso aparentar que la aprehensión de este nuevoAl Capone se debió a los uniformados mexicanos, pero la realidad es que todo eso fue un espectáculo; y por lo mismo los estadunidenses exigen su extradición.

Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre esa violación a los derechos del diario citado, de los reporteros y el fotógrafo, a quienes Malova envió sus policí­as, con vestimenta de civiles, supuestamente para no dejar huella, pero los testimonios de los periodistas agredidos apuntan a losejércitos malovanos, que se apersonaron en la detención (sin ningún disparo de por medio, porque el capo se entregó habiendo negociado de antemano su rendición) y arremetieron contra los reporteros de Mazatlán.

Una vez más, en el contexto de los ataques a los derechos humanos como las insistentes denuncias de Amnistí­a Internacional, el peí±ismo y sus funcionarios, los desgobernadores, jueces, legisladores y toda la administración pública, solamente tienen en el discurso la defensa de los derechos humanos, pero metódica y sistemáticamente en los hechos siguen las violaciones que han imperado desde que se recrudeció esa campaí±a con el foxismo y el calderonismo. Y por eso es que lo primero es atacar a los periodistas, incluso asesinarlos.

Sólo con el peí±ismo van 14 homicidios, 10 de los cuales han tenido lugar en Veracruz, donde tenemos al primer pillo desgobernador y jefe de su cártel, Javier Duarte, que el prií­smo protege con la impunidad de intocable. Para ir socavando la democracia y el republicanismo, puntales de las libertades, hay que mermar, amenazar y sitiar a los medios de comunicación para que no difundan ni hechos ni crí­ticas contra los funcionarios y contra el poder económico de empresarios y banqueros, como en el caso de Oceanografí­a , cuyos abusos publicó esta revista (motivo por el que fue demandada con el apoyo de jueces que, obviamente, recibieron sobornos para emitir sus resoluciones violatorias de la libertad de expresión).

Ya le llegará a Malova una recomendación de la CNDH. Y será la Procuradurí­a General de la República, a través de la Fiscalí­a Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, quien integre la averiguación 494. Ya la Secretarí­a de Gobernación emitirá su desaprobación. Pero a través de sus funcionarios por abusos del poder público —con o sin uniforme— continuarán los delitos contra periodistas, y de éstos, particularmente, contra los reporteros. Ya sean del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional o del Partido de la Revolución Democrática, los funcionarios siguen privando de la vida a los trabajadores de la prensa escrita, o cuando menos amenazándolos, agrediéndolos y robándoles sus instrumentos de trabajo, para evitar que fotografí­en y publiquen la información sobre los hechos y lo que obtienen del periodismo de investigación, para conocimiento de la opinión pública.

En Mazatlán, Sinaloa, Peí±a y Malova trataron de distorsionar la entrega de Joaquí­n Guzmán Loera, recapturado por la DEA, como un acto más de la polí­tica en marcha de censurar y silenciar a los medios de comunicación que buscan la veracidad, contrastando la información para darla a conocer. No hay diferencia alguna entre Vicente Fox, Felipe Calderón y Peí±a, como no la hay entre los 31 desgobernadores, incluyendo a Miguel íngel Mancera, jefe de gobierno de la capital del paí­s, quien ordena no dar publicidad a los medios crí­ticos a su mal gobierno. Los fines de todo el aparato del poder son matar reporteros, ejercer la censura previa e ir socavando las libertades de prensa, así­ tengan que agredirlos, amenazarlos y hasta matarlos. Nada importa con tal de poder silenciar sus fechorí­as.

Graciela Machuca

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