Palco Quintanarroense | Responsabilidad moral | Julio César Silva Cetina
De manera silenciosa, Gregorio Sánchez Martínez traspasaba sus operaciones a una región en la que pensó que no llamaría la atención, pero estratégico, que le permitiría moverse sin problemas en cuestión de minutos entre tres países.
Lo hizo en una región en la que, según especialistas y autoridades de diversos países latinoamericanos, grupos de narcotraficantes, incluso mexicanos, reubican sus centros de operación, porque se trata de una zona en la que no es fácil acceder y sólo se puede llegar, incluso, por medio de vehículos equipados con sofisticados sistemas de tracción.
Allí, en la zona de Misiones, donde comparten sus fronteras Argentina, Brasil y Paraguay, sentaba sus reales el ex alcalde de Benito Juárez postulado por el panismo de Felipe Calderón, el perredismo de Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Carlos Navarrete; el petismo de Alberto Anaya y Convergencia de Dante Delgado, hoy Movimiento Ciudadano.
Es justo seí±alar a las figuras nacionales y locales que desde el PRD, PAN, PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) promovieron y arroparon por un interés económico-político las aspiraciones de Sánchez Martínez, porque son responsables morales del daí±o que ese personaje hace a la imagen de Quintana Roo
Sin embargo, el gobierno argentino que ha endurecido sus leyes financieras para prevenir el ”lavado» de dinero lo detectó y libró una orden de aprehensión contra el ex acalde, a quien algunos ubican en Nueva York preparando su defensa y otros en Brasil.
No es la primera vez que el ex candidato a gobernador escoge lugares casi inaccesibles para sus operaciones, las que éstas sean. Lo hizo en Guerrero, de donde es originario y en Chiapas, donde se le documentaron propiedades en la zona fronteriza con Guatemala y mantuvo nexos con el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, preso durante más de un aí±o por malos manejos de recursos públicos, cargo por el que Sánchez Martínez ha estado bajo sospecha.
De hecho, su tesorero, Carlos Trigos, está en la cárcel y en su momento se dijo que el expediente penal incluía a 12 ex funcionarios de alto nivel de su administración, incluyendo a su sucesor en la presidencia municipal, Julián Ricalde Magaí±a, a quien prohijó aunque luego hubo mutuas acusaciones de traición.
La irrupción de Sánchez Martínez en los servicios informativos internacionales abolló el reciente éxito de Quintana Roo en la organización del mejor Tianguis Turístico de la historia en México. El Caribe Mexicano apenas saboreaba las mieles del triunfo, se deleitaba en un mundo color de rosa, cuando ”Greg», siempre ”Greg, volvió a dar la nota discordante.
De nuevo el ex político vuelve a daí±ar la imagen de Cancún, donde por lo menos desde 2007 esta permanentemente bajo sospecha de pertenecer al crimen organizado. De manera reiterada lo ha negado, se dice víctima del sistema, de la infamia, las envidias y el complot político.
A raíz de las acusaciones por ”lavado» de dinero y evasión fiscal en Argentina, desde algún escondite declaró que el nuevo caso en su contra ”es una infamia» y que alguien, a quien no identificó, quiere daí±ar su reputación (?).
¿Acaso alguien en Argentina estará interesado en afectar la carrera política o empresarial del ex alcalde en Cancún? Si en alguna ocasión pudo sembrar la duda con ese tipo de argumentos, ahora ya no es posible y quizá así lo entienden quienes en algún momento lo defendieron a capa y espada, que esta vez guardar silencio.
Sin embargo, es justo seí±alar a las figuras nacionales y locales que desde el PRD, PAN, PT y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) promovieron y arroparon por un interés económico-político las aspiraciones de Sánchez Martínez, porque son responsables morales del daí±o que ese personaje hace a la imagen de Quintana Roo.
El propio Julián Ricalde; su hermana Alicia, actual diputada al igual que Graciela Saldaí±a, Jorge Aguilar Osorio, Latifa Musa Simón, Jaime Hernández Zaragoza, Felipe Calderón, Gustavo Madero, Carlos Navarrete, Jesús Ortega, Jesús Navarrete, por mencionar algunos, deben ser considerados con una responsabilidad moral por los actos de quien los benefició política o económicamente.
La sociedad debe tenerlo presente a la hora de que los mismos o gente vinculada a ellos pidan el voto. Hay que tener cuidado.