Chihuahua: Podrán echar a la calle a 5 mil familias morosas
nortedigital.mx/
Más de 5 mil familias juarenses podrían quedar sin su vivienda al entrar en vigor las reformas hechas al Código de Procedimientos Civiles, autorizadas el pasado 28 de junio por la mayoría de los diputados locales, en la que se violentan los derechos humanos y se facilita a los despachos de cobranza desalojar a los deudores en menos de dos meses.
Para algunos activistas locales las modificaciones hechas no toman en cuenta a los derechohabientes o compradores de vivienda que por cuestiones de desempleo, inseguridad y crisis laboral han dejado de pagar sin poder ponerse al corriente en los pagos de lo que representa su patrimonio familiar.
Ahora las hipotecarias y el Infonavit a través de sus despachos de cobranza, que tienen en sus manos la cartera vencida, podrán realizar los desalojos en un periodo más corto de lo anteriormente establecido.
”Las instituciones podrán echar a la calle a las familias que se encuentran en cartera vencida en un plazo de cuarenta días, el hostigamiento de los despachos de cobranza será mayor y la gente perderá sus créditos de vivienda con mayor facilidad, lo que incrementará los problemas sociales», advirtió Griselda Sosa, dirigente local de El Barzón.
La activista comunicó que el número real de las personas con problemas de vivienda asciende a las 11 mil familias, sin embargo, cuatro mil han iniciado un proceso legal, el resto se encuentra en el limbo.
”Este panorama es muy grave y los diputados en vez de poner el cuidado y sentar a la mesa al Infonavit para modificar las reglas de operación que permitan a la gente recuperar sus casas, lo que hicieron fue beneficiar a los desarrolladores para que éstos tengan la certeza jurídica de que si no pagan podrán recuperar en poco tiempo los inmuebles vendidos», dijo.
La ley aprobada incentiva en varios de sus artículos los desalojos forzados a través de la fuerza pública sin ofrecer condiciones de realojamiento favoreciendo a las empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la construcción de desarrollos habitacionales, tanto de clase media como de vivienda de interés social.
Dentro de las nuevas disposiciones los legisladores aprobaron eliminar la notificación personal como parte del proceso que ahora pueden seguir los derechohabientes que entraron en mora por distintas razones, entre las que destacan el desempleo e incluso la situación de pobreza y hambre.
”Tenemos casos en donde al trabajador le retiran todo su sueldo para el pago del Infonavit, esa gente no tiene para comer, enfrentan una situación complicada y eso es lo que deberían de analizar los diputados, ser más sensibles con la población obrera», mencionó la activista.
Comunicó que en Chihuahua, diversas agrupaciones de la sociedad civil se han unido para advertir sobre los efectos negativos en materia económica, social y de seguridad que desatarán dichas leyes, ya que el problema abona al incremento de más vivienda abandonada.
”Cómo van a abatir los problemas de hambre, delincuencia o de desintegración familiar cuando las familias se preocupan por no perder su casa, no decimos que no inviertan en la prevención pero hay situaciones más de fondo que han dejado pasar favoreciendo el interés privado», agregó.
Los líderes sociales que conforman El Barzón, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y la Red de Participación Ciudadana advirtieron que si la problemática no se atiende, a la realidad que padecen los municipios y que enfrentan los derechohabientes, la reforma generará mayor número de familias pobres sin vivienda.
”Con la reforma se acortan los juicios para la parte más vulnerable, lo que viola el equilibrio procesal y da luz verde a que los desarrolladores establezcan los desalojos como rebeldía por parte del deudor, sin posibilidad alguna de reestructurar su crédito», enfatizó.
Graciela Machuca
