Toque de queda en la Zona Maya, violatorio a los Derechos Humanos
Mario Batun
Alcaldesa viola la Constitución con el «toque de queda»
La alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto Paoly Perera Maldonado está invadiendo la competencia constitucional del Congreso de la Unión y del presidente de la República para suspender las garantías individuales 3 comunidades mayas.
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos permite el libre tránsito de todos los ciudadanos y sólo en casos extremos el Ejecutivo o Legislativo federal tienen la facultad de declarar un toque de queda, por lo que el alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, Paoly Perera, está violando los derechos humanos y garantías individuales de todos los ciudadanos de esas comunidades.
Resulta preocupante que la presidenta municipal imponga un toque de queda en Noh Bec y 2 comunidades más el 18 de mayo del 2017 para detener a todas las personas que circulen después de las 23:00 horas y hasta las 6:00 horas del día siguiente, lo cual representa una violación flagrante a los derechos humanos de todos los ciudadanos y una violación a las garantías de libre tránsito, porque la Constitución establece con claridad que todo mexicano, toda persona que se encuentre en territorio nacional, podrá trasladarse de un lugar a otro sin ningún tipo de salvoconducto. Es una garantía de libre tránsito, contenido en el art 11 de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
.
DESCONOCIMIENTO DE LEYES
Es aberrante que la autoridad desconozca las leyes y su aplicación, y haga este tipo de manifestaciones fuera de contexto, de control, de toda lógica. Cuando todo está normado, el toque de queda se da única y exclusivamente en casos de excepción y en el país completamente, no en un municipio. Además solamente le compete al Congreso de la Unión suspender las garantías constitucionales para establecer un toque de queda.
La policía no debe detener a los ciudadanos para investigar sin ninguna causa. Por eso se tiene que dar marcha atrás al toque de queda de estas comunidades en la Zona Maya’.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado» debe tomar cartas en el asunto para que se aboquen al conocimiento de ese asunto y recomienden de oficio que cancele esa resolución que resulta a todas luces inconstitucional y se quiera disfrazar, porque es un ‘toque de queda de facto’.
Graciela Machuca
