El fiscal pide procesar por corrupción al presidente de Brasil

AFONSO BENITES | XOSí‰ HERMIDA | EL PAíS

Michel Temer se ha convertido en el primer presidente de la historia de Brasil denunciado formalmente por cometer crí­menes de corrupción. Ni siquiera los dos mandatarios del paí­s que en los últimos 25 aí±os sufrieron procesos de destitución, Fernando Collor de Melo en 1992 y Dilma Rousseff en 2016, habí­an pasado por una situación igual. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, ha presentado este lunes formalmente la denuncia contra el presidente, lo que obligará al Congreso de la nación a votar si aparta a Temer del cargo durante seis meses.

El proceso abierto por el fiscal Janot no equivale exactamente a un impeachment, pero en la práctica coloca a Temer en una situación muy similar. La denuncia tiene que ser avalada por al menos dos tercios del Congreso y su aceptación dejarí­a al paí­s sin presidente de forma temporal. Temer se encuentra en una circunstancia parecida a la de Rousseff, de la que fue vicepresidente y contra la que maniobró el pasado aí±o para derribarla. Aunque, a diferencia de su antecesora, tiene más posibilidades de salir vivo del Congreso, donde una parte importante de los parlamentarios -y la inmensa mayorí­a de los partidos- está enfangado también en graves acusaciones de corrupción.

Collor de Mello y Rousseff acabaron destituidos pero en su caso se trató de procesos polí­ticos, no de una actuación de la justicia con una denuncia formal que imputa al presidente un delito común, el cobro de sobornos. No es lo único en lo que Temer ha conseguido empeorar las marcas de los dos mandatorios depuestos por la ví­a del impeachment. Ni Collor ni Rousseff habí­an llegado a cosechar un í­ndice de popularidad tan raquí­tico como el del actual presidente, apenas el 7%, según una encuesta de la mayor empresa de sondeos del paí­s, Datafolha, publicada el pasado domingo. En su peor momento, Rousseff tení­a un 13% de aprobación. Y su entonces vicepresidente Temer llegó a proclamar en público que alguien con tan escaso apoyo popular no podí­a mantenerse en el cargo.

Aí±o y medio después, Temer ha optado por atrincherarse pese a la ferocidad de la tormenta. Este lunes, cuando ya todo el mundo esperaba que Janot concretase su denuncia, Temer afirmó en una ceremonia en el palacio presidencial de Planalto: «Nada nos destruirá. Ni a mí­ ni a nuestros ministros». Ocho de esos ministros están también siendo investigados por corrupción.Y casi no hay dí­a en que no aparezca una noticia bochornosa para el Gobierno, incluso con tintes entre inauditos y rocambolescos: la última, revelada este lunes por el Ejército del Aire, es que un helicóptero interceptado con 500 kilos de cocaí­na habí­a despegado de una finca de la empresa familiar del ministro de Agricultura, Blairo Maggi.

La denuncia contra el presidente viene acompaí±ada de demoledores informes del propio fiscal y de la policí­a federal. Janot acusa a Temer de corrupción pasiva porque, basándose en la confesión pactada del dueí±o del conglomeradoro cárnico JBS, Joesley Batista, y en las posteriores comprobaciones policiales, concluye que el presidente pactó con el empresario el cobro de sobornos a cambio de favores del Gobierno. Y todo eso, el pasado marzo, cuando el paí­s asistí­a atónito a otra confesión, la de los directivos de la constructora Odebrecht, que detallaron una gigantesca red que habí­a corrompido a lo más granado de la clase polí­tica del paí­s. La prueba principal para la fiscalí­a es el caso del ya famoso «diputado de la maleta», Rodrigo Rocha Loures, asesor especial del presidente. Temer habí­a seí±alado a Batista que Rocha Loures serí­a su contacto para negociar beneficios del Gobierno, como atestigua una conversación entre ambos grabada por el empresario en la residencia oficial del mandatario. Poco después, la policí­a filmó al asesor de Temer recibiendo de un ejecutivo de JBS una maleta con 500.000 reales (unos 150.000 dólares). En un intento desesperado por frenar la investigación, el presidente intentó que la grabación de Batista fuese descartada alegando que habí­a sido manipulada. Pero el peritaje policial acreditó su veracidad.

Esa grabación dará pie al fiscal a presentar en los próximos dí­as al menos otra denuncia contra Temer por obstrucción a la justucia. De algunas partes de la conversación los investigadores deducen que el presidente pudo haber dado su aprobación a pagos del empresario Batista para comprar el silencio de un antiguo aliado polí­tico de Temer, el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, uno de los grandes muí±idores del impeachment contra Roussef, que cumple condena de cárcel por corrupción. De lo que no cabe ninguna duda es de que en otro momento del diálogo el empresario relata al presidente sus maniobras para comprar jueces y fiscales. La respuesta de Temer -quien suele jactarse a menudo de su brillante carrera como experto en derecho constitucional- es anonadante: «í“timo, ótimo«. «Temer tení­a, como cualquier agente del Estado tiene, por fuerza legal, la obligación de llevar a las autoridades competentes las revelaciones de Batista», le recuerda la policí­a en uno de los informes remitidos a la fiscalí­a. Por el momento, Janot ya solicita para el presidente una multa de 10.000 reales por «daí±os morales al pueblo brasileí±o».

El presidente parece dispuesto ahora a dar la batalla en el terreno que mejor conoce, las sinuosidades de los pactos a media luz que conforman la enmaraí±ada polí­tica brasileí±a. Temer, bregado por aí±os de conspiraciones en los pasillos del Congreso, confí­a en impedir que dos tercios de los parlamentarios avalen la denuncia. Su mejor argumento será que la amenaza de los procesos judiciales por corrupción se cierne tambén sobre decenas de ellos y que lo más conveniente será una maniobra defensiva general para evitar ser barridos del mapa polí­tico, cuando no acabar directamente en la cárcel.