Otras razones de la intromisión en el Supremo Consejo Maya

Graciela Machuca Martí­nez
A un aí±o que fue destituido como presidente del Supremo Consejo Maya de Quintana Roo, el general José Isabel Sulub Cimá, proceso en el que jugó un papel determinante el INMAYA, organismo gubernamental, conformado para proteger a los indí­genas mayas, van saliendo a la luz pública las verdaderas razones de esa destitución, sin embargo, la inconformidad social entre los mayas se está convirtiendo en una bola de nieve, por su desacuerdo en que sus usos y costumbres se pongan en riesgo por intereses polí­tico-partidistas.
Al general Sulub Cimá lo destituyeron durante la primera semana de febrero de 2019, luego de que personal del INMAYA aprovechó una inconformidad de algunos dignatarios mayas por el hecho de que el presidente del Gran Consejo Maya fue quien entregó el bastón de mando de los pueblos indí­genas de México al presidente Andrés Manuel López Obrador el dí­a primero de diciembre de 2018 en el zócalo de la ciudad de México.
Quien decidió castigar a don Isabel por haberse atrevido a legitimar el cargo popular de un adversario partidista, también identificó que el discurso tanto de campaí±a como de las primeras semanas del gobierno de López Obrador, en boca de los dignatarios mayas era un peligro, además, el Supremo Consejo Maya fue construido por el PRI para su beneficio y el de sus herederos en Quintan Roo, el PAN y el PRD.
Cuando López Obrador tomó posesión del cargo de presidente de la República el primero de diciembre de 2018, José Isabel Sulub Cimá y otros dignatarios mayas ya habí­an hecho propio su discurso de reivindicación de los pueblos originarios e incluso, para poder hablar con el entrante presidente de la República y explicarle las condiciones de pobreza y olvido en que viven los indí­genas mayas, lo llevó a aceptar la invitación a estar presente en el acto con representantes de pueblos indí­genas y el nuevo presidente de la República.
Don Isabel ha contado que él no estaba contemplado para entregar el bastón de mando, que fueron las circunstancias del movimiento de personas que estaban cerca del templete para saludar de mano al presidente de la república, lo que lo llevó a estar frente a él y uno de los organizadores le dijo, entrégale el bastón.
La directora General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indí­genas (INMAYA), Delta Moo Arriaga, estuvo atenta a todo el proceso de destitución, así­ como de la degradación de general a simple soldado, de uno de los fundadores del centro ceremonial de la de la Cruz Parlante en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. La titular de este organismo conoció de cerca los atropellos que se cometieron contra los usos y costumbres del pueblo maya.
La inconformidad contra Sulub Cimá estuvo encabezada por dignatarios mayas, entre ellos el general de Chancá, Veracruz, Gabino Cruz Yeh, quien de la noche a la maí±ana, de sargento se erigió en general; el juez Edilberto Chablé Catzí­n y Cornelio Puc Jiménez, quienes acusaron que el presidente del Gran Consejo Maya asistió a la ceremonia de López Obrador, sin su consentimiento.
Pero las razones verdaderas de la destitución fueron el hecho de que Sulub Cimá y un numeroso grupo de dignatarios mayas se unieron a los postulados de López Obrador y los difundieron entre la estructura de los centros ceremoniales, adoptando una postura crí­tica con la burocracia del INMAYA y de otras dependencias federales, estatales y municipales que no estaban cumpliendo con su compromiso con los pueblos indí­genas como lo planteó el Presidente de la República.
Quienes decidieron quitar de la interlocución oficial de los mayas de Quintan Roo con los tres niveles de gobierno a don Isabel, sabí­an muy bien que la investidura de este lí­der religioso y polí­tico los podí­a dejar muy mal parados ante la nueva administración federal, sin embargo, a un aí±o de esa decisión, un movimiento, social, polí­tico y religioso se está generando en torno a los dignatarios mayas, que están reclamando sus derechos porque siguen viviendo en el olvido.
El movimiento de reivindicación del pueblo maya en Quintana Roo no solo está reclamando su lugar que legí­timamente les corresponde en el Supremo Consejo Maya, o que las despensas que les entregan cada mes sean mejoradas, como lo están pidiendo desde hace tres aí±os, o que aumente el apoyo económico que ahora es de 500 pesos para cada uno de los 482 dignatarios mayas que se encuentran inscritos en un padrón, el cual, desde que se fundó el INMAYA no ha sido posible que se aumente, sino que los reclamos son de tipo social y económico.
Los tres niveles de gobierno se han olvidado de cómo sobreviven los mayas que se dedican a la extracción del chicle del chicozapote de la selva, ya que el acopio y la comercialización están bajo el control y monopolio de la empresa Chicza que compra el kilogramo de latex a 80 pesos y ya procesado, en paí­ses de Europa como Alemania, el kilogramo de chicle de la selva de Quintana Roo, alcanza precios de hasta mil 200 pesos.
Quienes se dedicaron a la extracción del chicle, hoy con edades de 80 a 90 aí±os de edad, viven en el abandono en sus comunidades sin recibir algún beneficio por lo aí±os laborados a empresas y cooperativas, cuyos bienes inmuebles de estas últimas han quedado en manos de polí­ticos y empresarios que ahora los usufructúan sin acordarse de que fueron adquiridos con el esfuerzo de personas que se iban a la selva de 15 dí­as a un mes para extraer el chicle.
Muchas veces estaban en la selva mientras azotaba un huracán a la región, estaban expuestos a la mordedura de una serpiente o a la caí­da de un árbol de 15 o 20 metros de altura. A los chicleros de hoy les pagan 80 pesos el kilo de latex, sin tomar en cuenta los graves riesgos que enfrentan. Las becas para los hijos de los chicleros han desaparecido, de allí­ su necesidad de organizarse.
Los indí­genas mayas se enfrentan a la falta de instalaciones de salud dignas, no hay medicamentos, hay clí­nicas en mal estado y en muchas no llegan los médicos. La mortalidad materna va en aumento, la violencia contra las mujeres crece y el INMAYA no ha sido capaz de presentar proyectos viables para obtener recursos federales para la atención de mujeres indí­genas.
La estructura religiosa, social, polí­tica y económica que representan los centros ceremoniales ha sido vulnerada desde el derecho positivo se encargó de regular los usos y costumbre en figuras corporativas. En el ámbito de la justicia, con la creación de una ley se le quitó la autoridad a la comunidad y a los ancianos de administrar justicia y ahora en cambio existe una magistratura indí­gena, que lo único que ha generado es más burocracia.
A pesar que en los edificios gubernamentales se cuelgan fotografí­as de Jacinto Pat. Cecilio Chi, Manuel Antonio Ay, entre otras figuras de las luchas indí­genas en Quintana Roo, a los pueblos originarios no se les ha hecho justicia viven en la insalubridad, sin escuelas, sin hospitales e incluso, sin la posibilidad de ingresar a las playas, porque grandes empresas y el gobierno les ha quitado la posibilidad de disfrutar de una playa, que forma parte de su territorio ancestral. 
Los dignatarios mayas inconformes sostienen que el territorio indí­gena prácticamente ya está ocupado, por personas que nunca le pidieron permiso al pueblo maya para asentarse.
Entre los mayas resuenan los discursos del Quintana Roo rico porque cuenta con playas, selva, zonas arqueológicas, agua y por la actividad turí­stica que genera miles de millones de pesos, pero los indí­genas desconocen que es tener un aguinaldo, un salario de 50 cien pesos diarios, por ello se encuentran enfermos, con mala alimentación. Para los mayas, la riqueza, la abundancia, el desarrollo aún no llegan.
Don José Isabel y los dignatarios que lo siguen se han convertido en reproductores de ideas que el gobierno debe investigar cómo se entregaron las tierras de los indí­genas a quienes las usufructúan actualmente para dedicarlas a la actividad turí­stica.
En Quintana Roo no se produce el maí­z suficiente para alimentar a toda la población, por lo tanto, los indí­genas que no son empleados de la industria turí­stica no tienen para comprar maí­z, de allí­ la necesidad de recibir apoyo gubernamental para la siembra de semillas criollas, que ya están adaptadas para la zona. La baja en la producción de maí­z se debió a que el gobierno incentivó la explotación de la madera y ahora ya no se tiene maí­z ni mucho menos madera.
La producción de la miel ya no es rentable, porque para beneficiar a las grandes empresas el gobierno le dio carta abierta a las empresas certificadoras de miel orgánica, con esto gana el gobierno porque cobra más impuestos, las certificadoras ganan por sus servicios y las grandes empresas que se dedican a acopiar y exportar miel, salen ganando porque tienen el capital para pagar la certificación, en tanto, el pequeí±o productor no tiene ni el dinero, ni la capacitación técnica para seguir todos los procesos de certificación que se requieren. Para muchos productores de miel, es suficiente obtener miel orgánica en la selva, donde los apiarios están lejos de la agricultura convencional donde se puede contaminar la miel. Un discurso de esta naturaleza es peligroso para cualquier gobierno.

Graciela Machuca

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