Los negocios en el Congreso de Quintana Roo al amparo de la omisión y la complicidad

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Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martí­nez
**Miles de nií±os indí­genas se conforman solo con tortillas por la pobreza en la que viven.
**Cientos de indí­genas mayas chicleros con pisos de tierra sin poder comprar medicamentos para hijos con discapacidades.


El refrán dice que tanto peca el que mata la vaca, como el que le detiene la pata. Este saber popular se aplica muy bien a lo que sigue sucediendo en el Congreso del estado de Quintana Roo con el manejo del presupuesto que se autoasignan las personas que integran ese poder estatal, a tal grado que se toman decisiones para ejercer ese presupuesto solo con fundamento en intereses personales, quienes han tomado la actividad polí­tica y de la administración pública como un ejercicio empresarial, pero haciendo uso del dinero del pueblo.Los resultados de la XVI Legislatura son nimios y sin un efecto positivo para la sociedad quintanarroense, porque las reformas legislativas generadas solo han beneficiado a grupos polí­ticos que defienden intereses de gente poderosa económicamente, no solo de Quintana Roo, sino a nivel nacional e internacional.Pertenecer al Congreso de Quintana Roo se ha convertido en un gran negocio para la clase polí­tica, porque, además, de servirle de un trampolí­n para seguir viviendo de la administración pública, les sirve de centro de negocios, al estar a disposición del mejor postor, a las órdenes de los cabilderos de empresas y grupos de poder polí­tico.Por ello, no les interesa la agenda legislativa a favor de los sectores en condiciones de vulnerabilidad en el estado, como son los pueblos de la zona maya, los cuales afrontan condiciones de pobreza y marginación, desnutrición visible, producto de las acciones gubernamentales que tienen su origen en las deficientes normas jurí­dicas con las que opera la administración pública en los niveles municipales y estatales y que desde luego son creación de quienes cobran como legisladoras y legisladores.Si los directivos del Congreso no saben que hacer con los recursos públicos, deben destinarlos a las famosas ayudas sociales que se inventaron en otra legislatura y que no tuvieron la decencia, personajes como Eduardo Martí­nez Arcilla de transparentar esos recursos.Pero el Congreso tiene recursos suficientes para destinarlos a paliar la crisis económica que viven miles de familias en la entidad, donde muchas no han podido recuperar sus empleos, pero se encuentran en la pobreza extrema luego que tuvieron que pagar recursos que no tení­an para brindarle atención médica a sus familiares a consecuencia de la pandemia, lamentablemente, muchas de estas familias están de luto, sin el apoyo económico de las autoridades.

MIRANDA GARCIA HACE NEGOCIOS CON EMPRESAS FANTASMAS A COSTA DEL ERARIO DEL CONGRESO DE QUINTANA ROO

Las diputadas y los diputados tienen muchos pendientes con la ciudadaní­a que los llevó a disfrutar del salario y del poder económico y polí­tico del que ahora gozan y a esas familias las deben de apoyar, en lugar de dedicarse a consolidar sus empresas o hacerle favores a sus amigos empresarios y farsantes de empresarios, pues se ha descubierto, que muchas de las empresas beneficiadas con recursos del Congreso, son fantasmas, que solo fueron creadas para saquear el presupuesto del poder legislativo.Estamos hablando de cinismo, de corrupción, de complicidad y omisión de parte de todas las personas que integran la XVI Legislatura del estado, porque le permiten a los directivos que saqueen el patrimonio del Poder Legislativo, el patrimonio del pueblo quintanarroense.Resulta que el diputado Gustavo Miranda Garcí­a, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Polí­tica de la XVI Legislatura, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidió hacer negocios a costa del presupuesto público, comprando la licencia para hacer uso de la llamada tecnologí­a blockchain ”para la certificación digital de la documentación legislativa, a través del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo con el que se brindará mayor transparencia al manejo de la información durante el proceso legislativo», según lo difundió el mismo Congreso.Esta tarea, en el Congreso de Quintana Roo, así­ como en todos los congresos del paí­s le corresponde realizarla a un personal ya establecido, el cual tiene la capacidad profesional y técnica para hacer esta labor, no es necesario gastar una cifra multimillonaria, lo que prueba que solo es la pantalla para desviar recursos públicos.Se trató de una asignación directa a la empresa denominada AVALANCH, encargada de desarrollar el sistema. Se carecen de evidencia de que tal asignación que realizó de acuerdo a la normatividad, por lo que se debe abrir una investigación al respecto.Pero que podemos esperar de personas como Miranda Garcí­a, quien está cortado con la misma tijera que el nií±o verde, quien por cierto quiere buscar la reelección de la diputación federal a la cual pidió licencia, pero como ahora es aliado de Morena, se siente seguro que conseguirá nuevamente la diputación por el principio de representación proporcional.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENALES POR ADJUDICAR UN CONTRATO DE SERVICIOS SIN CUMPLIR CON LA LEY

A Gustavo Miranda, la prensa de Quintana Roo ”le cayó en la maroma» y lo exhibió, cuando no tuvo la capacidad de responder a los cuestionamientos sobre el porqué y para qué comprar un software que realice actividades para lo cual ya hay un equipo de personas preparadas para ello. Entre la serie de irregularidades de esta contratación que pueden devenir en responsabilidades administrativas y penales, es que documentos de interés público serán manejados por una empresa privada, la cual será la responsable de certificar los documentos que reciba y que emita el Congreso, precisamente, uno de los tres poderes del estado.Un servicio de esta naturaleza, por el interés público que representa no se le puede entregar a un particular, porque se trata de información que es propiedad de la sociedad y su manejo y mal uso compromete los intereses de la institución, la responsable de legislar en la entidad, pero esto tal parece que no interesa a quienes integran la XVI Legislatura.La información difundida por medio de un comunicado de prensa del Congreso, no refleja el proceso de transparencia en la adjudicación del contrato de servicio ni mucho menos a la utilidad real del mismo, pues se dice: ”Adicionalmente documentos como dictámenes y decretos, entre otros, tendrán un mismo tratamiento, por lo que se acabará con suspicacias en cuanto a la suplantación o modificación de estos durante su proceso legislativo». ¿Entonces, este es el inicio de privatizar la actividad legislativa?

UNA EMPRESA PRIVADA ASUMIRA FUNCIONES DE INTERí‰S PíšBLICO DEL CONGRESO DE QUINTANA ROO

No obstante, el sigilo con que Gustavo Miranda y socios pretendieron esconder el costo real de su nuevo negocio, se informó que será para el erario de Quintana Roo, del orden de los 4.8 millones de pesos, pero mensuales. El Congreso erogará 57 millones 600 mil pesos al aí±o por un servicio que sin problema alguno lo ha venido haciendo el personal del Poder Legislativo.A pesar que el Congreso difundió que la empresa que prestará el servicio se llama Avalanch, su nombre fiscal es MTZ Especialistas y Soluciones Integrales S.C. con domicilio en calle Ajusco 812, colonia Volcanes, C.P. 68020 Oaxaca, Oaxaca, la cual resultó una empresa fantasma, pues en el domicilio fiscal que tiene registrado opera una Veterinaria.Pero a Gustavo Miranda Garcí­a y socios no le interesa la legalidad, sino los negocios y encontró uno muy bueno, a trasvés de que, ”quien presente una iniciativa obtendrá un código QR que al ser escaneado lo llevará al sitio donde podrá consultar, descargar y validar su documento, garantizando el seguimiento puntual de su trámite».Además, a través del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo, ”se facilitará a los ciudadanos y entidades públicas la gestión de los documentos dirigidos al Poder Legislativo; se podrá modernizar y homologar el proceso de emisión y recepción de la correspondencia, digitalizando y haciendo eficiente su seguimiento y la administración y organización archiví­stica, así­ como garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la documentación legislativa ingresada y generada en el Poder Legislativo». ¿Si esta empresa hará esta tarea, entonces para que sirven los asesores, empleados de confianza y de base?

Graciela Machuca

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