Opacidad y falta de rendición de cuentas en la XVII Legislatura de Quintana Roo
Necesariamente incomoda
Graciela Machuca Martínez
Ahora que el Congreso del estado de Quintana Roo, con mayoría de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Verde Ecologista de México (PVEM) aprobó la reestructuración de la deuda pública de la entidad por un monto de 19 mil 625 millones 687 mil 171 pesos con 57 centavos, se confirma que dicha deuda será impagable, no porque el refinanciamiento no se pueda cumplir en tiempo y forma, sino porque en unos meses más las necesidades de la administración pública estatal seguirán aumentando y se requerirá de más dinero fresco, lo cual es un excelente negocio para la banca privada o pública.
Sin embargo, este tipo de cuerdos legislativos vienen a beneficiar directamente a la clase política insertada en el Congreso del estado, las diputadas y diputados que dieron su voto para esta reestructuración de la deuda pronto estará recibiendo algo a cambio, toda vez que nos encontramos en un proceso electoral.
Recordemos que cada una o uno de quienes integran la XVII Legislatura tienen sus proyectos personales, unos buscan la reelección, otros ya tienen en la mira una presidencia municipal, además de aquellos que le apuestan a una diputación federal o a una senaduría.
Prueba de ello son los reacomodos que se tuvieron en el Congreso previo al inicio de este nuevo periodo de sesiones, desde luego que de manera temporal porque los plazos electorales terminarán y la Legislatura se quedará sin cabezas porque los actuales jerarcas se irán en busca de nuevos cargos de elección popular.
Humberto Aldana, coordinador del grupo parlamentario de MORENA, es el nuevo presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo).
En tanto, a la fracción legislativo del Verde Ecologista le corresponde presidir la Mesa Directiva, a través de la persona de Renán Sánchez Tajonar, quien ya tiene su logística preparada para irse a la campaña como candidato a la presidencia municipal de Cozumel.
A pesar que la mayoría que tiene MORENA y el PVEM en la actual Legislatura les permite sacar los acuerdos legislativos sin cumplir las formas, ni el fondo de los asuntos, de acuerdo a la ley tienen la obligación de cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas, porque se supone que en esta nueva época política del país no iban a darse acuerdos sin priorizar los interese de la sociedad quintanarroense.
Las negociaciones entre MORENA y el PVEM para sacar adelante dicha reestructuración financiera de la deuda pública de Quintana Roo serán pagadas por la sociedad, porque ya se repartieron las presidencias municipales, las diputaciones federales y locales, así las senadurías, al administrar, como si fuera patrimonio personal, el apoyo ciudadano que aun tiene el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
La XVII Legislatura de Quintana Roo le debe al pueblo de Quintana Roo una explicación del porque aprobó la reestructuración de la deuda, sin explicarle al pueblo las consecuencias en la hacienda pública y en el ejercicio presupuestal, pero además, cuales son las ganancias políticas de quienes levantaron la mano para aprobar una decisión que secuestró el futuro de la administración pública estatal.
La ciudadanía de Quintana Roo tiene el derecho a que se le de una explicación accesible sobre el contenido de los documentos técnicos que se utilizaron para justificar el refinanciamiento, lo cual es una obligación de todas las autoridades involucradas en el proceso.
Antecedentes que se deben tomar en cuenta cuando la clase política en el poder se olvida de cumplir la ley, porque considera que tiene el derecho de hacerlo, porque cuenta con la mayoría en la toma de decisiones, son las resoluciones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), l resolver controversias constitucionales o juicios de amparo en contra del Congreso de la Unión, solo por no respetar el procedimiento legislativo.
La Corte no ha entrado en el análisis de fondo de las demandas, sino solo las aborda desde la forma y le ha demostrado a la Cámara Federal de Diputados y al mismo Senado de la República que en la mayoría de lo casos no han cumplida con las reglas básicas del procedimiento legislativo, por lo cual las leyes u otro tipo de acuerdos han sido declarados inconstitucionales.
Si MORENA y sus aliados los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo hacen mayoría en el Congreso, lo cual les garantiza la aprobación de sus propuestas, porque no cumplir con la norma, solo requieren trabajo, capacidad y disciplina para hacer las cosas bien, pero lo que caracteriza a la mayoría morenista en el Congreso federal y en los estatales, es el agandalle, servirse con la cuchara grande, violentar la ley, la imposición.
Esto ha pasado en el Congreso de Quintana Roo, porque sin discutir que la solicitud de refinanciamiento de la deuda, tiene fundamento o no, quienes integran la actual Legislatura no hicieron su trabajo que como poder autónomo les corresponde, solo levantaron la mano, en espera de la recompensa.
Previo a la aprobación de este acuerdo, Horacio Reyes García, presidente de la Federación Estatal para el Desarrollo Humano de los Adultos Mayores de Quintana Roo, me manifestó su preocupación por las consecuencias al presupuesto público al aprobarse esta reestructuración financiera de la deuda.
Al respecto comento: “Esto no sería novedad si no fuera porque, supuestamente, el Partido MORENA presume es distinto y no va a repetir lo que se hacía antes, pero, lo que interesa es que no dicen en qué rubros se piensa aplicar esos pagos, porque si se trata de rubros impagables pues no salimos del hoyo para entrar a otro peor y sería bueno que se diera un informe pero no a los diputados que solo levantan la mano, sino a nosotros, a la sociedad, para estar enterados y darle claridad a los recursos y evitar rumores o malos manejos”.
Desde luego que las voces ciudadanas no son prioridad para quienes integran la XVII Legislatura, a ellas y ellos, lo que les interesa es cuál será su ganancia personal.
Graciela Machuca
