Negligencia de servidores públicos permite que la delincuencia rebase al poder institucional en Quintana Roo
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
El fracaso de instituciones como la Fiscalía General de Estado, el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Quintana Roo, es histórico, ninguno de los gobiernos del pasado han tenido la capacidad y la voluntad política para cambiar el paradigma de la impunidad, las omisiones gubernamentales y las políticas públicas fallidas para prevenir, investigar y sancionar delitos ha llevado a que en la entidad la delincuencia del llamado fuero común y la organizada actúen sin límites, rebasando el poder de las instituciones.
Estas instancias encargadas de garantizar la seguridad pública a la sociedad, así como procurar y administrar justicia trabajan con instrumentos normativos, técnicos y administrativos alejados de la realidad que se vive en Quintana Roo, cada nuevo servidor público que llega a estas áreas, convence al Congreso del Estado que reforme o adicione la normatividad para poder dar resultados, pero han sido propuestas que surgen del mundo de las ideas e ilusiones, pero no de un diagnóstico apegado a las realidades y sobre todo a las necesidades de los quintanarroenses.
La Encueta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 dada a conocer en septiembre pasado por el INEGI estimó que el 28 por ciento de los hogares en el estado de Quintana Roo, tuvo, al menos, una víctima de delito durante 2022. Es decir, 168 mil 997 hogares víctimas, de un total de 603 mil 947 hogares estimados.
Durante 2022, a nivel nacional se tuvieron 22 mil 587 víctimas del delito por cada cien mil habitantes para la población de 18 años o más, mientras que en Quintana Roo esa cifra en la misma categoría fue de 23 mil 459 víctimas.
La ENVIPE 2023 estima que la tasa de víctimas por cada cien mil habitantes en Quintana Roo fue de 24 mil 180 hombres y 22 mil 713 mujeres, en tanto, que a nivel nacional, la tasa en hombres fue de 23 648 y en mujeres de 21 mil 675.
La tasa de delitos por cada cien habitantes en Quintana Roo durante 2022 fue de 30 mil 400, mientras que a nivel nacional solo llegó a 28 mil 701.
Dejemos a un lado la realidad de las estadísticas del INEGI y revisemos la información reportada por la policía y las fiscalías durante las últimas semanas en Cancún y en otros lugares del territorio quintanarooense.
Un recuento, realizado por Cambio 22, de homicidios dolosos (ejecuciones) perpetrados durante la semana pasada en Cancún nos habla de ocho, uno más que la semana anterior.
Mientras tanto, el número de secuestros, desapariciones (levantones) va en aumento dejando un clima de dolor y angustia por toda la entidad. Las fichas de búsqueda generadas por la autoridad son un indicador de esta terrible realidad.
Uno de esos casos es el de Pedro “N”, quien el pasado siete de noviembre fue reportado como secuestrado por un grupo de hombres armados en Bacalar, el día nueve fue encontrado su cadáver en inmediaciones de los poblados de Miguel Alemán y Nuevo Canaán.
El mismo día de este hallazgo, también en Bacalar se informó de la privación ilegal de la libertad de 12 personas en un mismo suceso, por lo que familiares exigen a la Fiscalía de la entidad que les informe de las indagatorias, porque a pesar de los días transcurridos se encuentran en estado de indefensión.
Ante este contexto de violencia y la inoperatividad de la Fiscalía a cargo de Raciel López Salazar, el Observatorio Ciudadano Legislativo de Quintana Roo considera que se debe revisar la nueva estructura operativa de esta institución con base a las reformas a su Ley Orgánica que entrarán en vigor a partir de 2024 con una estructura administrativa que contempla tres fiscalías de Distrito y 19 Fiscalías Especializadas, la cual “mantiene un enfoque de atención por delitos y por zonas, pero no integra una mayor estructura de investigación y con el enfoque con el cuál operan hoy en día las redes criminales”.
Por lo que innovar con esta estructura no es mas que simulación y justificación de presupuesto, pero no de beneficio a la ciudadanía.
El organismo civil considera que la forma de operar de las redes criminales, “están enmarcadas en hechos que confluyen en varios delitos, pero que cuando son detenidos, sólo se les aplica el delito de la Fiscalía que abrió la carpeta de investigación, por lo que la mayoría queda libre y sin seguimiento del caso”, se lee en un reporte de Cambio 22.
Las reformas legislativas que propuso López Salazar al Congreso y que éste aprobó sin realizar una investigación y un análisis sobre como están operando los grupos delincuenciales en la entidad.
“…sus actividades están enmarcadas en hechos en los que confluyen varios delitos, roban motos y vehículos para secuestrar, extorsionan, venden drogas, etc. Y cuando se les detiene solo se aplican de acuerdo a la fiscalía que apertura la carpeta y es cuando al ponerse a disposición los delitos no merecen prisión preventiva y los dejan en libertad para seguir el proceso, mismo que por la lentitud de la justicia se quedan en el olvido”, de acuerdo al análisis del referido Observatorio Ciudadano.
Y si a esto agregamos que el citado Fiscal del estado, se ha dedicado colocar al frente de su representación a los recomendados políticos, como es el caso de la zona maya, pues los cambios y el presupuesto no significarán ni a corto ni a largo plazo absolutamente nada.
El trabajo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, debe ser integral, de lo contrario, las buenas intenciones seguirán diluyéndose, fortaleciendo con ello la impunidad.
La crisis en la procuración de justicia que en este momento enfrenta Quintana Roo seguirá vigente aún con la entrada en operación de la nueva estructura administrativa de la Fiscalía con la creación de las tres fiscalías de los distritos Norte, Centro y Sur. Por ejemplo, asuntos de Isla Mujeres tendrá que atenderse en Playa del Carmen, mientras que la parte Continental de Isla Mujeres tendrá que atenderse en Cancún.
Las 19 fiscalías especializadas se enfrentarán a la falta de personal capacitado y especializado en cada una de esas áreas, porque no se trata de fiscalías especiales, sino especializadas, para lo cual tendrán que realizar un proceso de selección minucioso que se llevará tiempo, pero, además, recursos presupuestarios, porque a los expertos se les debe pagar bien, sino se quiere que su salario lo completen con prácticas indebidas.
A la Fiscalía de Quintana Roo se le quitaron recursos, ahora, el Congreso tendrá que revisar sus criterios para asignarle un presupuesto robusto a la Fiscalía, si es que una de sus prioridades es que la procuración de justicia se haga realidad en el estado.
Los resultados de la venta de espejitos que hace el Sr Raciel sin duda repercutirán en la ciudadanía, ni quien lo dude…
Graciela Machuca
