Justicia federal avala procedimiento legislativo viciado para nombrar a quien presidirá la CDHEQROO
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Después de año y medio de un juicio de amparo para hacer valer nuestros derechos humanos como parte de la sociedad quintanarroense, la integrante y los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, este 7 de septiembre, avalaron el desaseado procedimiento, llevado a cabo por la XVI Legislatura de Quintana Roo, para designar a la persona que será la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), al sobreseer el Amparo en Revisión 509/22.
Para quienes integran el referido tribunal, las organizaciones civiles y personas físicas que nos inconformamos con las irregularidades del Congreso del Estado al realizar una reforma a modo a la Ley de la CDHEQROO, así como al diseño del procedimiento de elección de la persona que deba ocupar la presidencia de dicho organismo público autónomo defensor de los derechos humanos, carecemos de interés legítimo para solicitar el amparo de la justicia federal, a pesar que se tratan de graves atropellos a la ciudadanía.
Al enfocar sus argumentos al interés legítimo de las personas demandantes, dejaron a un lado las inconsistencias del procedimiento de elección diseñado por la entonces presidenta de la comisión legislativa de Derechos Humanos, Judith Rodríguez Villanueva, y solo calificaron nuestros argumentos de “inoperantes”, por lo que se negaron a analizar de fondo nuestra inconformidad.
Ahora, con esta resolución del citado Tribunal, la XVII Legislatura tiene los elementos para continuar con ese atropellado procedimiento, que desde un punto de vista ciudadano está viciado. A quienes integran esta Legislatura les corresponde limpiar las irregularidades, de lo contrario se convertirán en “aliados” de sus antecesores, que lograron torcer la ley en beneficio propio.
El procedimiento legislativo podrá reanudarse a partir del momento que un juez federal ordenó la suspensión del mismo; quienes integran la lista de aspirantes podrán seguir participando en igualdad de circunstancias, sin embargo, corresponde a la diputación actual hacer una valoración técnica y ética de cada uno de los perfiles.
Desde el enfoque en derechos humanos, al concretarse las reformas a la Ley de la CDHEQROO, así como el procedimiento legislativo de elección, con el nombramiento de quien presidirá este organismo público, se abren otras posibilidades jurídicas y políticas, pues estaremos ante otros escenarios.
Al hacer valer nuestros derechos humanos y acudir al juicio de amparo, lo hicimos con la convicción de que las instituciones fueron creadas para usarlas, porque es la única forma de mostrar congruencia entre lo que se escribe y se actúa.
Desde este espacio periodístico sostengo que como ciudadana y persona defensora de derechos humanos tengo el interés jurídico y el legítimo para acudir el referido juicio de amparo, sí el juez de Distrito, así la magistrada y magistrados del Tribunal Colegiado, hayan decidido lo contrario, tienen sus razones que espero que pasen la evaluación de la historia.
Recodemos que la nueva Ley de Amparo de 2013 y sus reformas de 2021 tienen su origen en las reformas constitucionales en materia de acceso a la justicia y derechos humanos de 2011, paradigma que le ha costado mucho trabajo aceptar al personal del Poder Judicial de la Federación, cuya mayoría de expertos en administración de justicia se formaron a finales del Siglo XX con teorías de los siglos XVIII y XIX.
Si bien es cierto que desde las salas y el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han dado avances sustanciales, falta mucho para que una nueva forma de administrar justicia llegue a toda la estructura judicial federal del país, ya no digamos de los poderes judiciales estatales, los cuales se encuentran a años luz del nuevos sistema de justicia plasmado en la ley.
Si un tribunal federal le dio la razón a Judith Rodríguez Villanueva y a los demás integrantes de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo, al revisar solo de forma el Amparo en Revisión 509/22, esperamos, como sociedad quintanarroense que la XVII Legislatura actúe con congruencia y ética política para que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo sea presidido por una persona que su prioridad sean los derechos humanos del pueblo quintanarroense.
La materia de este juicio es cosa juzgada, “sin embargo, la tierra se mueve”.
El procedimiento desaseado, durante la XVI Legislatura, para imponer como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo a Judith Rodríguez Villanueva, ha quedado plasmado en diferentes documentos como prueba que los poderes se unen para avalar la impunidad.
Las reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, del 21 de septiembre de 2021 eliminó el requisito que no se podría ser senador, diputado federal o local un año antes del nombramiento, con lo que benefician personalmente quienes aprobaron dicha reforma, hecho que no fue analizado de fondo ni por el juez de Distrito ni por el Tribunal Colegiado.
Hay que recordar que las iniciativas de reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo durante la XV y XVI Legislatura tuvieron su origen en la fracción parlamentaria de Acción Nacional, pero siendo Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la comisión legislativa de Derechos Humanos durante la XVI Legislatura, quiso verse beneficiada con la reforma y elaboró una convocatoria a modo, diseñada para ella ser la presidente del organismo autónomo.
Graciela Machuca
