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Congreso de Quintana Roo y gobierno de Tulum reciben orden de un juez para detener acciones de desarrollo urbano en ese municipio

En la sección Política por el 21 agosto 2021 a las 9:24 am

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez

Las cúpulas del poder económico y político del país son las que terminan decidiendo lo que se hace o deja de hacer en una entidad federativa de la República Mexicana o en uno de sus municipios, como pretenden que ocurra en Tulum, Quintana Roo, donde a pesar de la lección de ciudadanía que se ha dado durante los últimos meses para que la sociedad defina políticas públicas municipales, aún son los grupos del poder los que con sus acciones y omisiones han definido el futuro de ese territorio.


Una muestra que la administración municipal saliente que encabeza Víctor Mas Tah solo buscó sus intereses y se olvidó por trabajar en beneficio de la población, es el hecho de que, a pesar de las advertencias legales, administrativas, sociales y políticas, se empeñó en diseñar el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS) en beneficio de las grandes empresas inmobiliarias.
La población de Tulum se lo dijo, las organizaciones civiles advirtieron que elaborar un programa sin apegarse a la normatividad sería un fracaso, pero los intereses económicos que acumuló Mas Tah, lo hicieron perder la cabeza y toda decisión del gobierno municipal estuvo guiada por su ambición de sacarle ganancias personales, tan es así que intentó reelegirse para la presidencia municipal, pero el pasado 6 de junio, el electorado que acudió a las urnas, optó por retirarle la confianza, se decidió por otro proyecto político y no porque esté de acuerdo con él, sino como una muestra de castigo para Mas Tah y sus socios.


La primera instancia federal que le advirtió a Víctor Mas que PMOTEDUS que propuso no reunía los requisitos de ley, fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero no hizo caso al llamado, por lo que la dependencia federal tuvo que recurrir a sus facultades sancionadoras para dejar sin efecto dicho documento.
Por estas mismas circunstancias, intervinieron diversas organizaciones ambientalistas del país, como el Centro de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), el cual recurrió al amparo de la Justicia Federal, por lo que un juzgado federal resolvió recientemente otorgar en definitiva el amparo a la organización demandante.


Con este litigio el referido programa municipal ya no se rediseñó durante el presente año, por lo que todo asunto administrativo que dependa de él esta suspendido o sujeto a irregularidades, con ello, tanto las autoridades municipales como las inmobiliarias están haciendo de las suyas, en perjuicio del medio ambiente y los recursos naturales del municipio.


Fue el 13 de agosto pasado, cuando el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Quintana Roo, otorgó la suspensión definitiva para efecto que las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de su competencia se abstengan de expedir o autorizar cualquier acto relativo a la asignación de destinos y usos de suelo con motivo de la aplicación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS) del municipio de Tulum, Quintana Roo, a fin de que no se concrete acto alguno derivado de ese programa, hasta la resolución final de la demanda.


Esta decisión de la autoridad judicial, de acuerdo a CEMDA, “sienta un precedente fundamental que puede impedir que en los otros once municipios de Quintana Roo se utilice este instrumento normativo para seguir modificando las densidades del suelo con fines de especulación inmobiliaria”.


El 14 de mayo de 2021, habitantes del municipio de Tulum, con asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), presentaron una demanda de amparo en contra de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo (LAHOyDU), así como de la aplicación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS) de Tulum, debido a que violan derechos fundamentales de nuestra Constitución como el derecho humano a un medio ambiente sano, el derecho humano al agua, así como el derecho al desarrollo urbano controlado y sustentable. El amparo fue interpuesto en contra del Secretario de Gobierno, del Director del Periódico Oficial y del Congreso del estado de Quintana Roo, así como del Municipio y del Ayuntamiento de Tulum.

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