En México la ley prohíbe los matrimonios infantiles, pero son permitidos por gobiernos ante la falta de políticas públicas para desterrar esa práctica
Necesariamente Incómoda
**Campeche, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo, son ejemplos de la simulación del discurso, la indiferencia e incongruencia gubernamental.
Graciela Machuca Martínez
A pesar que desde el 4 de junio de 2019 entró en vigor la prohibición de los matrimonios infantiles en todo el país al reformarse el Código Federal Civil e irse homologando los estatales, además, de invocarse la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros instrumentos jurídicos a nivel internacional y nacional, la realidad es que en México se siguen llevando a cabo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de la infancia, porque ni a los congresos estatales ni las autoridades de los diversos niveles de gobierno les interesan los derechos de la infancia, porque niñas, niños y adolescentes no dan votos.
Ya existen las normas del Derecho Positivo Mexicano para que desaparezca la práctica, en los hechos, de los llamados matrimonios infantiles, pero se carece de políticas públicas para que estos derechos de la infancia y de las mujeres se concreticen, porque la clase política gobernante no tienen la voluntad política para generar acciones de gobierno y políticas públicas congruentes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes secundarias y tratados internacionales en materia de derechos humanos, como lo visibiliza el artículo primero de la Carta Magna.
“La COVID-19 ha empeorado una situación ya difícil para millones de niñas. El cierre de escuelas, la ausencia de amigos y redes de apoyo y el aumento de la pobreza han reavivado un fuego que el mundo ya estaba luchando por apagar. Pero podemos y debemos acabar con el matrimonio infantil”, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, en el mes de marzo de 2021. “El Día Internacional de la Mujer es el momento perfecto para recordar el riesgo que corren estas niñas si no actuamos ahora: la pérdida de su educación, su salud y su futuro”.
El matrimonio infantil tiene consecuencias inmediatas y permanentes para las niñas que sufren esta práctica, ya que tienen más probabilidades de ser víctimas de la violencia doméstica y menos opciones de permanecer en la escuela. El matrimonio infantil también aumenta el riesgo de embarazos precoces y no planificados, lo que provoca complicaciones derivadas del embarazo y mortalidad materna. Esta práctica también puede aislar a las niñas de sus familias y amigos e impedirles participar en sus comunidades, una situación que tiene graves consecuencias para su salud mental y su bienestar.
Los matrimonios infantiles o “venta” de niñas sigue siendo un problema generalizado en México, sin que se circunscriba a algunas comunidades indígenas que lo defienden como parte de sus usos y costumbres, sino en localidades semiurbanas, así como en las grandes ciudades donde interactúan grupos indígenas, como en la ciudad de México o Tijuana.
MATRIMONIOS INFANTILES EXISTEN EN MÉXICO, A PESAR QUE LA LEY LOS PROHIBE
Recordemos que la activista Argentina Casanova Mendoza, fundadora del Observatorio de Violencia Social y Género en Campeche encabezó un movimiento para reformar el Código Civil de esa entidad, antes de que se lograra a nivel federal, sin embargo, la práctica sigue vigente en municipios del sur.
Como evidencia de que los matrimonios infantiles aún son institucionales en México, tenemos la información proporcionada por el INEGI en el mes de septiembre de 2021, cuando dio a conocer las estadísticas de matrimonios durante el año 2020, y señaló que se presentaron 25 matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes era menor de edad, distribuidos en 10 entidades federativas.
Las entidades federativas con mayor contribución a los 25 matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes era menor de edad, fueron Chihuahua con 7 casos, Durango con 5, Guanajuato y Puebla con 3 y los restantes se distribuyen entre seis de ellas. Estos matrimonios de menores de edad los justifica la ley, por las excepciones que se dejaron para que los padres o tutores aún puedan avalar esas uniones.
Con la entrada en vigor de las prohibiciones de matrimonios infantiles en algunos estados de la república y luego a nivel federal, el número de los matrimonios infantiles oficializados ha disminuido drásticamente desde el año 2011 al 2020, según el Inegi, institución que documentó en el primer año mencionado que contrajeron matrimonio 57 mil 982 menores de edad, ante los 26 del 2021.
Sin embargo, la realidad sigue siendo otra, si bien es cierto en México están prohibidos los matrimonios de menores de 18 años, salvo excepciones, en la practica se siguen registrando en la ilegalidad, lo que vulnera aún más los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues no existen políticas públicas para reeducar a la población en torno a estas prácticas.
En abril de 2021 el Inegi dio a conocer, de acuerdo a la información de los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, “se permite distinguir que el matrimonio infantil persiste en México y que la cifra en el caso de las niñas hablantes de alguna lengua indígena actualmente duplica a la nacional (12 frente a 6 por cada mil)”.
El mismo reporte indicó: “El matrimonio y el trabajo infantil aumentaron en 2020 respecto a 2010 en el país. Actualmente, 6 de cada mil niñas de 12 a 14 años se han unido o casado, y 122 de cada mil niños y niñas trabajan”. Las cifras de los matrimonios de menores de edad se obtienen del Registro Civil, pero los censos aportan otra información al ir a cada una de las viviendas a entrevistar a los habitantes.
Si nos salimos del mundo de las estadísticas veremos que las historias de vida de las niñas y adolescentes que son víctimas de estas prácticas que siguen normalizadas por sus padres y por sus comunidades de origen.
FALTAN POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOLO SE QUEDA EL TEMA EN DISCURSOS POLÍTICOS, SE REQUIERE UNA ESTRATEGIA DISEÑADA DESDE DIVERSAS PESPECTIVAS E INSTANCIAS
Sol Uriero, activista por los derechos humanos de las mujeres en el estado de Guerrero, recuerda que el tema de los matrimonios infantiles en aquella entidad solo ha servido como parte de la agenda política del gobierno del estado, pues la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en el mes de diciembre anunció la firma de un convenio con ONU Mujeres para elaborar una estrategia para terminar con esta práctica, pero hasta el momento no hay avances, pues solo se ha diseñado una pre estrategia, sin que el asunto se quiera abordar de manera integral.
Los planes del gobierno del estado es hacer un diagnóstico de lo que sucede en comunidades de la región de La Montaña y de la Costa Chica, pero “quienes trabajamos en sociedad civil sabemos que ocurre en todo el estado, pero las prácticas mayormente radican en las comunidades de la región Montaña y Costa Chica y esto afecta la vida de las niñas, la vida de las adolescentes y de las mujeres que no pueden decidir sobre sus vidas, su futuro y sus cuerpos”.
El 10 de diciembre se organizó un evento al que asistieron representantes de ONU Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, así como de organizaciones civiles para que fueran testigos de la firma de un convenio para diseñar una estrategia “para erradicar estas uniones forzadas, sin embargo, nosotras, como sociedad civil, que fuimos invitadas a escuchar esta situación, a ver esta firma, desconocemos, porque no se nos hizo llegar, fue una invitación digamos para la presentación del evento, pero de allí no supimos y no hubo un acercamiento para enviarnos algún documento que refiriera cual era ese convenio, cual era esa firma, lo que nos comentan, posterior es que es una intención que menciona allí abiertamente la gobernadora”,
Posteriormente se reunieron con la secretaria de la Mujer del Estado “y empezamos a dialogar sobre la importancia de crear una estrategia, pero que si era complicada empezarla a trabajar, empezando porque se magnifica el problema a partir de cómo nombrarlas uniones o matrimonios forzados, entonces desde el 14 de diciembre no habíamos tenido reuniones posteriores y lo que nos llama mucho la atención a las organizaciones, es que en los cien días de gobierno, específicamente se enmarca que es el primer gobierno que atiende una estrategia para erradicar los matrimonios forzados”, lo cual solo hasta el momento es una intención.
“Ni yo, ni las compañeras, incluso algunas compañeras aliadas que están en cargos públicos, tampoco conocen esa estrategia, nos hemos acercado como organizaciones civiles, incluyendo también al gobierno municipal, a las instancias pertinentes, hasta este momento se ha manejado en puro discurso”.
Recordó que durante el mes de diciembre de 2021, las organizaciones civiles realizaron un Tribunal sobre Matrimonios Forzados en el que se expusieron 15 casos, previa autorización de las víctimas, “que quisieron que nombráramos los casos que habíamos acompañado, se invitó a todas las instancias involucradas, pero solo llegó la representación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Estos matrimonios forzados se desarrollan en contextos culturales que deben cambiar. “En las comunidades lo ven como una retribución a sus crianzas, pero estamos hablando de los derechos de las niñas, que los derechos humanos son universales, muy por encima de las prácticas, que hayan arraigado estas prácticas no significa que debamos pasarlas por alto o tenerlas presentes para no ir a territorio a decirle a las personas que esto no puede ocurrir y que va ocurrir una sanción si se perpetúan todas estas prácticas”.
Este tipo de uniones derivan en otras circunstancias como la muerte materna. Guerrero siempre está dentro de los primeros cuatro lugares de muerte materna “ sobre todo en estas regiones, porque los cuerpos de las niñas, de las adolescentes no están preparados para reproducirse”.
Para explicar estas prácticas también se habla de rezagos, pobreza, migración, “también hablamos de mujeres que tienen que dejar sus comunidades por el miedo de volver con una persona que posiblemente va a ser su feminicida, su asesino, porque ya no pueden devolver la cifra por la que pagaron por ellas y que también tiene que ver con el asunto del abandono, ellas son mujeres que al final son objetos o cosificadas y de alguna manera esclavizadas en los hogares donde no eligen vivir”.
Considera que este asunto se debe atender por múltiples instancias que necesitan apostarle a la prevención. “A trabajar en territorio, a tomar en cuenta los comentarios, las mismas visiones de las mujeres y de las niñas, crear un diagnóstico eficaz y armarlo con todas las personas que se involucrarían en este proceso”.
Sol Uriero también es consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres, forma parte de la Red Define Guerrero, una red que trabaja y promueve a través de los derechos sexuales y reproductivos y acompañante de Marea Verde Guerrero.
CHIAPAS, UN ESTADO DONDE LA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS ESTí NORMALIZADO
La defensora de los derechos humanos Martha Figueroa nos relata que desde que llegó a Chiapas hace 42 años, los matrimonios infantiles ya eran un problema visible, “pero la gente no lo ve como problema, sino los, mal llamado, usos y costumbres, sobre todo por parte de la comunidad mestiza, clasemediera, pero también entre los indígenas era muy común que se robaran, se pagaran, se llevaran a las niñas y la niña pagada que lloraba y chillaba y demás, porque era violada y golpeada en casa de su nuevo dueño”.
Añade: “Allí les dicen matrimonio, tiene que ver con una cosmovisión muy especial que implica, que yo en agradecimiento a que mis suegros, la mamá, el papá, crearon una buena mujer con valores, con todo, es una manera de retribuir, de corresponder, pero la normatividad indígena, igual que la del Derecho Positivo Mexicano cambia, evoluciona en cada contexto y evolucionar es una palabra que a veces no aplica porque más bien va para atrás, retrocede en materia de derechos cualquiera y todos los derechos son derechos humanos, pero estas intersecciones de ser niñas, ser pobre, ser indígena, no hablar español, no ser católica, ser desplazada, los conflictos agrarios, los desastres «naturales», que casi siempre van a devenir en conflictos sociales”.
Martha Figueroa precisa que al considerar “que no somos personas, sino somos objetos de uso, de propiedad, yo te parí, yo te di la vida, yo te mantengo, yo soy tu dueño y te puedo, incluso, matar. Y de esto hay un consenso, insisto, no solo en las comunidades indígenas, porque es más fácil ver la viga en el ojo ajeno que en el propio”.
Pero en las comunidades indígenas “es muy visible esta visión, que dentro del Derecho Positivo Mexicano se considera trata, es decir, el vender, comprar, a las personas para hacer uso delictivo, para quitarles sus bienes, sus derechos, que va desde quitarles la vida, los órganos, hacer tráfico de órganos, ponerlas en el servicio dentro del hogar, a lo que se le llama criada, sirvienta, eso en San Cristobal, que todavía tiene muchas de estas costumbres se le llama crianza, a la figura esta de que llega el papá de alguno de los pueblos indígenas cercanos en la zona de Los Altos y deja a las niñas, preferentemente, aunque también hay niños, a los que se les deja en casas de cachtlanes para que sean criados, sean educados, aprendan español, les den de comer”.
La víctima es una niña que además, no cuenta, “porque vale menos que un hombre y come, son entregadas en crianza para este servicio y se le paga un mal salario, que la niña no recoge, lo recibe el papá que las deja en la casa de ese Cachtlán, para que atienda a una señora y su puesto sea el0 de la crianza, va a ser cargador, es decir, va a ser quien cargue al bebé de la casa, y sea su juguete y terminan diez o 15 años después, siendo el juguete sexual, no solo del niño de la casa, sino, casi desde el inicio, del patrón, que es el que le paga. El papá lo sabe y cuando se da cuenta, hasta cobra más”.
En la Zona Maya de Quintana Roo, Martha fue la mayor de 8 hermanos, originarios de una de las comunidades mayas mas marginadas del municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuando tenia 9 años, una maestra que conoció a la familia la sacó y la trajo a vivir con una familia a la cabecera municipal, donde fue empleada domestica por mas de 20 años sin saber nunca cuanto le pagaban, debido a que sus patrones a quien le pagaban siempre fue a su papa, Martha cuenta que no estaba registrada y que sus patrones la quisieron registrar en algún momento, pero también comenta ahora a sus 50 años que siguen saliendo las niñas a regalarse no solo a la cabecera municipal sino a la zona turística de Quintana Roo y ahí esta el problema, por que la explotación laboral es lo menos que les puede pasar y podrían estar ante el gravísimo problema de la trata.
Graciela Machuca
