Falta de interés del Congreso de Quintana Roo por legislar sobre protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, genera violencia
Necesariamente Incómoda
**La defensora y abogada Ariadne Song Anguas ha recibido seis amenazas de muerte del mes de febrero a la fecha, hasta el momento ninguna autoridad le ha brindado suficientes medidas cautelares de protección.
**El discurso del gobierno federal violenta derechos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, alegan organismos internacionales.
Graciela Machuca Martínez
En Quintana Roo, al igual que en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán las violaciones a los derechos humanos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas se siguen violando, a pesar del discurso de la clase política de respetar el derecho a defender derechos humanos y ejercer el derecho a la información.
El ejercicio del periodismo, así como la defensa de víctimas de violencia contra las mujeres y la protección del medio ambiente están generando en estas cinco entidades del país un clima de violencia que está quedando oculto cuando a nivel federal se dice que la violencia contra las mujeres se está atendiendo, que las activistas del feminismo responden a los intereses de los conservadores.
Ese discurso oficial también criminaliza y desacredita todos los días al quehacer periodístico al ubicarlo como tarea propagandística de la oposición, mientras tanto, a las personas defensoras del medio ambiente las cataloga como voceras de los gobiernos del pasado y de intereses conservadores del neoliberalismo.
Querámoslo o no en Quintana Roo se vive esta realidad cuando no se investigan los casos de los periodistas asesinados durante los últimos cinco años, mientras más de cincuenta personas algunos que se dicen y otros que si son periodistas reciben protección del Mecanismo Federal por la violencia que se ha ejercido en su contra, además de las mujeres y hombres que por defender vivir en un medio ambiente sano se encuentran discriminados y acusados de servir a intereses extranjeros.
Sin embargo, esta realidad nunca la han visto las diputadas y los diputados que integraron la XV Legislatura de Quintana Roo, así como quienes integran la XVI, pues al responder a intereses de la derecha, los primeros abrogaron la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y los segundos se han negado a llevar a la discusión un nuevo proyecto de iniciativa de ley.
Un caso muy grave que se está viviendo en Quintana Roo es el acoso y serie de amenazas de muerte que está recibiendo la defensora de los derechos humanos de las mujeres y abogada Ariadne Song Anguas y su familia, desde el año 2020, quien ya hubiera recibido algún tipo de atención si la ley de protección estuviera vigente en el estado.
La Fiscalía de Quintana Roo tiene documentado el caso y organizaciones civiles como la Red Feminista Quintanarroense hacen su trabajo de difusión y piden que las autoridades tomen cartas en el asunto, pero además, hacen un llamado al Congreso del Estado para que intervenga, desde luego que las personas que integran la actual legislatura, ya tuvieron mucho tiempo para intervenir y lo único que han dejado claro es que no les interesa proteger los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pues acataron al pie de la letra la orden que recibieron sobre que este tema debía salir de la agenda legislativa de la entidad.
Song Anguas, recuerda que desde el mes de febrero del presente año a esta semana ha recibido al menos seis amenazas de muerte a través de redes sociales, relacionadas con la defensoría legal que realiza sobre todo en caso de mujeres.
La abogada, también vocera del Colectivo Femenil Xtabay ha dicho que las amenazas provienen de alguno de los victimarios de los casos que lleva, “de los cuales dos enfrentan prisión preventiva y otros ya han sido vinculados a proceso por diversos delitos de violencias contras las mujeres, como familiar, digital, sexuales como acoso, hostigamiento y violación” con carpetas en mano, con hechos no dichos.
Ante diversos medios de comunicación ha mencionado que también lleva otro caso emblemático como es el de la ratificación de medidas de protección contra un maestro del CEBTIS 253 por hostigamiento sexual, discriminación y abuso de autoridad.
Por su parte, la Red Feminista Quintanarroense hizo un llamado urgente a las y los diputados de la XVI Legislatura del Congreso de ese estado para subsanar la falta de mecanismos y acciones de prevención, protección e investigación de las agresiones que ha sufrido la abogada Song Anguas.
Además, les piden iniciar el análisis, discusión y dictaminación de las diversas iniciativas de ley presentadas para aprobar la Ley Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Quintana Roo.
Mientras tanto, a la Fiscalía General de Quintana Roo le hacen un llamado para coordinarse con la Fiscalía General de la República e investigación delitos cometidos en agravio de defensoras en situación de riesgo y, en particular, de Ariadne Song.
Asimismo, le plantean la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El caso de Ariadne Song, considerado como grave, se expone a nivel nacional e internacional en los momentos que el gobierno y organismos privados de Estados Unidos, así como organismo internacionales cuestionan el trabajo del gobierno de México para garantizar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) dio a conocer el mes de marzo pasado que en Quintana Roo, durante 2021, se documentaron cinco agresiones a personas defensoras del medio ambiente, mientras que en Yucatán la cifra ascendió a diez y en Campeche a dos.
En materia de agresiones a la prensa en México, los mensajes de organismos internacionales son muy claros, porque son llamados de alerta para que las instancias de poder hagan conciencia de la responsabilidad que tienen en la violencia contra periodistas al generar los llamados discursos de odio.
Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que “si no puede frenar la violencia” contra los “medios y reporteros”, “al menos no la aliente”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, exhortó: “Desde esta tribuna le decimos una vez más, presidente López Obrador, afronte la verdad, frene todo ataque contra medios y reporteros, y si no puede frenar la violencia al menos no la aliente”.
Jornet también dijo a López Obrador: “Suspenda ya todo discurso estigmatizante contra medios y reporteros”. Precisó que el presidente López Obrador mantiene sus “estigmatizaciones y burlas” al sector sin tener en cuenta que estos ataques tienen consecuencias graves.
Durante la segunda semana de abril, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) al dar a conocer su Informe Mundial 2021, concluyó que a pesar de que en el discurso el gobierno de México asegura atender las diversas violaciones a los derechos humanos, lo cierto es que el sello distintivo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es que se han incrementado la tortura, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos.
En el capítulo dedicado a México en su Informe Mundial correspondiente al 2021, difundido a nivel mundial HRW advierte que además de prevalecer las violaciones en las garantías individuales de la población, “estos hechos suelen quedar impunes. La implementación de las reformas legales aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad”.
HRW expresa su preocupación de que el presidente López Obrador haya ampliado considerablemente el ámbito en el que actúan las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público, el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la operación de megaproyectos.
Por su parte, el representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, Jan-Albert Hootsen, mencionó que el Departamento de Estado de Estados Unidos se enfoca en una variedad de amenazas y presiones que sufre la prensa en México, y también la impunidad como factor clave que incentiva crímenes contra la prensa.
“Nosotros como Comité de Protección a Periodistas señalamos que esta situación lamentablemente sigue exacerbando, dadas las pocas políticas públicas contundentes e integrales que ofrece el gobierno del presidente López Obrador para subsanarla”, dijo el también periodista.
Graciela Machuca
