La autoridad electoral responde a los intereses del gobierno en turno, afirma Andrés Blanco, candidato del PRD a sindico en Othón. P. Blanco
Necesariamente Incómoda
**Propone que desde la sindicatura se puede litigar el conflicto limítrofe y apoyar a las 26 mil personas que no son reconocidas ni por Quintana Roo ni por Campeche. “Hasta el momento ha sido pura simulación la defensa institucional del territorio”. Al reformarse la Constitución y considerar el derecho al agua un derecho humano, se logró que por medio de juicios de amparo se obligara al gobierno de Quintana Roo a dotar de agua a 12 comunidades de la zona limítrofe.
Graciela Machuca Martínez
En la planilla del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para concejales de Othón P. Blanco se encuentra el abogado Andrés Blanco Cruz, candidato a sindico municipal, nacido por aras del destino en un hospital de Chetumal, pero reside en Antonio Soda, en la zona limítrofe de Quintana Roo con Campeche, en donde desde muy temprana edad conoció que han quintanarroenses de primera y de segunda, estos últimos los olvidados, los marginados, a los que solo se les toma en cuenta para el día de las elecciones.
Antonio Soda en una localidad fundada hace 112 años, que primero tuvo una vocación forestal y después fue un importante centro chiclero, comenta el abogado Andrés Blanco. El nombre se debe a su fundador un inmigrante libanés.
Es padre de dos hijas y a sus 40 años de edad está convencido que la lucha social se puede dar desde un cabildo, en las calles o desde los tribunales, lo que lo diferencia de otros activistas, quienes solo hacen declaraciones a la prensa y utilizan las redes sociales para manifestarse, pero se olvidan del litigio estratégico, de buscar soluciones por medio de la gestoría y con las manifestaciones públicas al lado de la gente que no tiene voz.
Con una militancia activa de 25 años en las filas del PRD, Andrés Blanco Cruz, “porque antes con 15 años ya podías participar en el partido”, ha sido dirigente municipal en Othón P. Blanco (2010-2014), ha formado parte de los consejos estatal y municipal, ha conocido al PRD en sus diversas épocas de altibajos en estas dos décadas y media.
En el 2013 fue candidato a presidente municipal de Othón P. Blanco, pero por disputas internas en su partido, una semana antes de la elección le quitan el registro como candidato.
Reconoció que es importante estar en los cargos públicos, “pero desde la sociedad civil organizada se pueden hacer cosas, una vez que me revocan la candidatura seguí militando en el PRD, pero ya le puse más énfasis en las organizaciones campesinas, yo soy militante de la Central Campesina Cardenista, una organización que surgió por ahí del 89 con Cuauhtémoc Cárdenas, así milito hasta la fecha, a través de esa organización empezamos a hacer trabajo de campo, principalmente en las comunidades rurales».
Andrés Blanco, recordó que uno de los casos paradigmáticos que ha ganado a nivel federal como abogado es que el de su comunidad de Antonio Soda y otras, las cuales por medio de un amparo obligaron al Congreso a que les dotara del servicio de agua potable, toda una comunidad se amparó por defender su derecho al agua potable.
Cuestionó que hoy en día los anunciados beneficios para la población quintanarroense con la construcción del Tren Maya no se hayan hecho efectivos, porque a estas fechas “muchas personas consumen agua de las llamadas aguadas, que en tiempos de sequía se vuelven charcos, unas condiciones insalubres que no debían de pasar a ningún ser humano”.
Su exposición continúa de la siguiente manera:
Con todos los recursos que cuenta el país y el estado no habría necesidad que ningún ser humano estuviese tomando o consumiendo agua de “las aguadas”. En el 2005, la sociedad civil organizada empezamos una lucha para dotar de agua potable a ese asentamiento, empezamos por la vía de la lucha social, los medios que nos abrían la posibilidad de demandar, algunas protestas, sin embargo, lo más que se logró en aquel entonces, fue que nos perforaran un pozo en la comunidad de Antonio Soda, pero desafortunadamente no dio resultados, se hizo toda la infraestructura en la comunidad, la red de distribución, la gente tenía llaves en sus casas, pero sin agua, porque el poso no dio resultado; empezaron a abastecer agua mediante pipas, de manera regular de 2005 al 2008, pero de allí se les olvidó a la Comisión de Agua Potable y dejaron de llevar las pipas.
En el 2011 se modifica la Constitución y se establece el agua como un derecho humano, fue hasta el 2015 que les dije, algo tenemos que hacer con esta comunidad, no es posible que a estas alturas la gente siga viviendo en esas condiciones, la mayor parte de la gente tenía miedo en aquel entonces, cómo qué demandar al gobierno; demandar al gobierno significa que me pueden quitar la beca, que me pueden quitar el apoyo, afortunadamente de los 500 habitantes que tenía esa comunidad, 82 decidieron firmar, con ellos iniciamos el litigio en el 2015 en la época del exgobernador Roberto Borge Angulo, ya para el 2016, a pocos meses que terminara la administración de Roberto ganamos el amparo.
Llegó el gobierno de Carlos Joaquín, en ese entonces yo fui regidor, muchos hubieran pensado que cómo fui regidor ya hubiera dejado la lucha, sin embargo, no, porque había que ejecutar una sentencia y sí nos pidieron que dejáramos el tema por la vía judicial, que según ellos lo iban a hacer de manera voluntaria durante la administración, pero se requería una inversión de 50 millones 930 mil pesos.
El problema en la zona limítrofe es que no hay agua en el subsuelo y donde hay, no es apta para el consumo humano por la cantidad de yeso que contiene. Decidimos no hacerle caso a los llamados y decidimos que el proceso judicial tenía que seguir. Después de una serie de requerimientos al gobierno de Carlos Joaquín, finalmente en el 2017 se suministran los recursos a la Comisión de Agua Potable y toda la construcción de la infraestructura llevó casi un año.
En febrero del 2018 se inaugura esta obra que fue la única que hizo el gobierno de Carlos Joaquín, porque de allí no hubo ninguna otra obra en esa zona, pero obligado el gobierno por el Tribunal, benefició a las localidades de Caoba y Antonio Soda, con una población estimada de tres mil habitantes y ahí sirvió para abrir brecha, en el 2019, otras comunidades, por el antecedentes que teníamos, Caña Brava, Guillermo Prieto y Felipe Ángeles nos buscan para preguntarme como le podían hacer y les dije que allí estaba el camino, el juicio de amparo y por allí transitamos. Hoy en día tenemos un presupuesto autorizado, etiquetado por mandato judicial de 170 millones de pesos para dotar de agua potable a esas tres comunidades, estamos en proceso de ejecución y no solamente se van a beneficiar a esas tres comunidades, sino a otras diez de la región, porque el gua se encuentra por lo menos a 40 kilómetros de la comunidad de Guillermo Prieto, de la comunidad de Las Aguadas a Guillermo Prieto hay nueve comunidades que van a salir beneficiadas con este acueducto.
La obra se está haciendo por etapas y hasta el momento se lleva una inversión de 50 millones, todo el presupuesto ya está etiquetado. En diciembre de este año, diez comunidades más van a tener agua, gracias a la lucha que hemos encabezado y a también a los liderazgos que no han sucumbido a los llamados del gobierno, porque es importante que la gente aguante las presiones, que no han pasado, de ya cálmate, lo vamos a hacer.
Fundamentalmente, ahora, con el apoyo de los medios de comunicación, apoyo de redes sociales, es un poca más difícil que un líder pudiera salir perjudicado en el tema personal. La lucha es ampliamente conocida y eso también es un respaldo y en este tema, no solamente basta la resolución judicial, porque hay muchas sentencias que después no se ejecutan, sino que también se necesita la lucha permanente de las comunidades, el apoyo de la sociedad civil, para que haya presión.
En el conflicto limítrofe con Campeche no se ha hecho nada desde el gobierno municipal, «solo ha sido pura simulación, nosotros planteamos que desde la sindicatura podemos emprender acciones legales para realmente defender lo que consideramos que es nuestro, los límites territoriales, e caso de Othón P. Blanco, tiene una población como de 26 mil habitantes que hoy están en el limbo que Campeche los reclama y también Quintana Roo los reclama, lo que hace que por reglas de operación se dificulte la inversión pública, sobre todo cuando se trata de recursos federales. El problema es que según el INEGI, todas esas comunidades son de Campeche, les tiene asignada una clave de Campeche, sin embargo, muchas de esas comunidades tienen documentación que los acredita como de Quintana Roo, vas a Campeche y dicen, según el INEGI te toca aquí conmigo, pero acredítame la propiedad del terreno donde voy a construir una escuela y lo que se tiene es el documento de Quintana Roo, entonces les dicen, vete a Quintana Roo, llegan aquí, y les dices, tienes el documento, pero tu clave es de Campeche, veté para allá.
Históricamente le pertenece a Quintana Roo, más allá del tema litigioso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fallaría si es de Campeche o es de Quintana Roo, se tiene que buscar la vía jurídica y política para resolver de manera provisional el tema. Esta situación propicia que las secretarías de Hacienda y del Bienestar, o la Comisión Nacional del Agua, radique recursos a Othón P. Blanco para atenderlos, es un tema de voluntades, hoy en día los gobiernos tienen todo, el federal, estatal y municipal, creo que ha faltado voluntad política para resolver el asunto, si no definir, de quien son, si facilitar una modificación en las reglas de operación, que se permita la inversión pública desde Quintana Roo.
Lo que planteamos, que el Ayuntamiento, a través del equipo jurídico, pueda asesorar, de manera gratuita a todos los habitantes, para que ellos promuevan recursos de amparo y se obligue al gobierno federal a modificar este tema de reglas de operación, esa es la vía, desde luego que lo podemos hacer desde la sociedad civil organizada, pero también uno tiene sus limitaciones presupuestales, es complicado que un solo abogado de manera gratuita pueda llevar 26 mil juicios, pero si lo puede hacer un ayuntamiento que contrate a un grupo de abogados, les pones a un guía y que se dediquen a promover amparos, calculamos que en un año podemos tener resultados favorables y eso ayudaría al gobierno, de hecho lo hemos planteado, una alianza entre la sociedad y el gobierno.
Además, considera que la Corte no resolverá pronto, por el número de casos que tiene, «creo que la vía para resolver eso es que el ciudadano acuda al amparo, esa es la vía, pero tiene que ser el ciudadano con acompañamiento del gobierno municipal, sobre todo por el tema de los gastos, llevar un juicio ante un tribunal cuesta pasajes, cuesta audiencias, tiempo, pero si tiene uno el apoyo del gobierno municipal, pues sería muy sencillo».
Andrés Blanco Cruz manifestó que desde su trinchera se han aportado varios elementos para la defensa del territorio, «el hecho que juzgados federales estén obligando a Quintana Roo a invertir, hay un reconocimiento tácito del territorio hacia Quintana Roo. Pero hasta el momento ha sido pura simulación».
–¿Cuéntame de esta elección?
–Desafortunadamente, como en todos los procesos, llevo como 20 años participando en materia electoral, siempre la autoridad electoral responde a los intereses del gobierno en turno y hoy no es la excepción. Hoy el Tribunal Electoral de Quintana Roo, todos sus fallos han sido para favorecer a MORENA. Recientemente, el día lunes dictó una sentencia, por medio de la cual revoca los registros de las planillas que presentó el PRD ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, legalmente, ahora, el PRD no cuenta con candidatos a los ayuntamientos, en términos estrictamente legales. Sin embargo, no nos han notificado, entonces no sabemos nada, en términos estrictamente legales. Evidentemente, que la sentencia es pública, ya la analizamos y en términos de la sentencia no existen candidatos, y si no existen candidatos no se debería estar haciendo campaña.
Graciela Machuca
