Cinco años de Alerta de Género en Quintana Roo y la violenta realidad de las mujeres
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Cuando se promovió la Alerta de Género en Quintana Roo no se esperaba que de la noche a la mañana se terminara la violencia contra las mujeres, pero se realizaron los consensos necesarios para que cada institución de los tres niveles de gobierno hicieran su parte para controlar y llegar a eliminarla, sin embargo, a cinco años de este acontecimiento, se han tenido avances institucionales y desde la sociedad civil, pero el número de casos de mujeres violentadas sigue en ascenso al igual que la percepción ciudadana sobre la impunidad.
Los casos de homicidios dolosos de mujeres en Quintana Roo del 2017 al 2022 documentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son los siguientes: 2017, 32; 2018, 58; 2019, 64; 2020, 63; 2021, 23; 2022, 12. En materia de feminicidios la misma fuente tiene los registros anuales con cuatro en 2017, ocho en 2018, 16 en 2019, 15 en 2020, 10 en 2021 y cinco en lo que va del 2022.
Mientras tanto, en Mayas sin Fronteras hemos documentado que durante el año 2012 se registraron en Quintana Roo 36 homicidios dolosos y 17 feminicidios; en 2018, 84 homicidios dolosos y 15 feminicidios; en 2019, 74 homicidios dolosos y 11 feminicidios; en 2020 la cifra fue de 61 homicidios dolosos y 16 feminicidios; en 2021, la cifra de mujeres, cuyos asesinatos fueron calificados de homicidios dolosos fue de 64 y 29 feminicidios; en lo que va del 2022 se han documentado 22 homicidios dolosos y seis feminicidios.
Hay que recordar que este jueves siete de julio se cumplen cinco años de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en el estado de Quintana Roo, cuyo fin ha sido atender con acciones emergente las muertes violentas de las niñas y las mujeres.
En esa fecha, la alerta fue decretada para los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Cozumel, con extensión en Lázaro Cárdenas, por su población indígena, posteriormente se solicitó incluir a los municipios de Othón P Blanco y Puerto Morelos.
La declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, solicitó al gobierno del Estado realizar acciones urgentes de prevención, atención, sanción, erradicación, seguimiento y evaluación, de acuerdo al programa de trabajo de la Alerta de Violencia de género, de las cuales se desprenden cinco medidas, 11 estrategias y 90 acciones donde intervienen 6 instituciones como responsables directas, entre ellas: FGE., IQM, DIF. IMM, SSP, y diez instituciones vinculantes como corresponsables, incluido los municipios en Alertas como puede comprobarse en la página oficial del gobierno del estado. https://pavgm.qroo.gob.mx/.
Se puede observar que la DAVGM, si bien movió estructuras, no ha sido suficiente para detener la violencia estructural. Nos preguntamos. ¿Cuáles son los resultados para bajar la incidencia de violencia contra las niñas y las mujeres? ¿Ha sido suficiente la creación de nuevas normativas para sancionar a los feminicidas?, o la capacitación al funcionariado, principalmente a quienes sancionan la violencia de género, ¿han cambiado, sancionan con perspectiva de género?, ¿o la recuperación de espacios, iluminación de calles, o la misma creación de la unidad de análisis de contexto, las patrullas rosas para atender desde los módulos de atención inmediata, y las campañas en las diversas lenguas, ha sido suficiente para enfrentar la violencia contra las mujeres?
Cada Institución involucrada en la Alerta tiene la obligación de informar objetivamente sobre sus resultados, así como la misma sociedad, sobre que es lo hemos hecho para desaprender valores machistas que nos llevan a la violencia contra las mujeres.
Esta tarea no es exclusiva de las instituciones que por ley tienen que incidir en que las acciones den resultado en un cambio en el comportamiento social, sino la misma sociedad tiene que exigir ese cambio y generarlo desde el interior de sus colectivos, llámense familia, iglesias, comunidad, colonia, escuela, club, entre todas las manifestaciones de convivencia.
El gobierno del estado de Quintana Roo, en marzo de 2022, dio a conocer que “se obtuvo la primera sentencia de feminicidio y ya se aplica el protocolo para juzgar con perspectiva de género”.
La Fiscalía General del Estado había desplegó 10 mil 498 medidas de protección emitidas en 2021 por las fiscalías especializadas, se revisaron 396 carpetas de investigación para realizar reportes de caso y dos mil 369 para análisis de contexto generalizados, de los que se obtuvieron perfiles criminológicos, así como factores de vulnerabilidad y de riesgo para las víctimas.
Si bien es cierto que este siete de julio es una ocasión oportuna para hacer el recuento de lo que se ha hecho para cumplir con lo establecido por la Alerta en Quintana Roo, también es la ocasión para reflexionar sobre nuestro aporte como sociedad, además, ha llegado el momento de cambiar las estrategias a nivel nacional, porque la violencia contra las mujeres se sigue incrementando, a pesar de que existe más información, instituciones, instrumentos jurídicos y políticas públicas, pero por lo visto, todo ello es insuficientes, porque los feminicidios siguen a la orden del día.
ACCIONES RECIENTES DE LA FISCALÍA GENERAL DE QUINTANA ROO
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que agentes de la Policía de Investigación capturaron a Emmanuel “L” por su probable participación en la comisión del delito de feminicidio en agravio de una víctima de identidad reservada en un inmueble en el municipio de Solidaridad el pasado 26 de junio.
Se reportó al número de emergencias el incendio en una casa ubicada en la calle de Alondras en el fraccionamiento Villas del Sol, dentro de la vivienda estaba una niña de tres años de edad quien –aparentemente- había perdido la vida a causa de la misma conflagración. Sin embargo, los fiscales, agentes de la policía de investigación y los peritos de diversas especialidades, recabaron entrevistas, evidencias y datos de prueba, mismos que fueron incorporados a la carpeta de investigación.
Tras practicarle la necropsia a la víctima, los médicos forenses identificaron abuso sexual y determinaron que la causa del fallecimiento de la niña fue por asfixia intencional y directa, por lo que se descartó que su deceso fuera derivado del incendio en el lugar donde habitaba la niña.
Los actos de investigación, trabajos de campo y gabinete permitieron a los agentes ubicar al agresor y, -tras solicitar y obtener la orden de aprehensión otorgada por un juez-, el personal de la FGE Quintana Roo cumplimentó la instrucción judicial en contra de Emmanuel “L” -padre biológico de la niña- y fue puesto a disposición del fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y posteriormente fue trasladado ante el juez que lo requiere para enfrentar los delitos de abusos sexuales y feminicidio en agravio de la niña, quien tenía la edad de tres años.
Por otra parte, el pasado 22 de junio se dio a conocer que el maestro Óscar Montes de Oca, Fiscal General del Estado de Quintana Roo, entregó diplomas a mujeres emprendedoras que culminaron el segundo módulo del curso de “Formación Humana” impartido por la ANSPAC e impulsado por el Centro de Justicia para la Mujer.
Durante el mes de junio pasado, con el objetivo de dar a conocer el procedimiento para atender los casos de acoso, hostigamiento y aprovechamiento sexual al interior de las dependencias gubernamentales, se realizó la difusión del Protocolo para Prevención, Atención y Sanción para los Casos de Acoso Sexual, Hostigamiento Sexual y Aprovechamiento Sexual dirigido al funcionariado publicó de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
La capacitación estuvo a cargo del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), y en ella participaron 40 personas que laboran en la Fiscalía General.
El Protocolo para Prevención, Atención y Sanción para los Casos de Acoso Sexual, Hostigamiento Sexual y Aprovechamiento Sexual tiene la finalidad de identificar el procedimiento administrativo y de actuación para las personas servidoras públicas, desde una perspectiva de género y con base en los instrumentos internacionales, nacionales y estatales en materia de derechos humanos, que garantice el acceso de las personas a una vida libre de violencia en el servicio público.
Graciela Machuca
