En Quintana Roo buscan resolver inconformidad de familias de personas desaparecidas usurpando funciones de organismos autónomos
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Las inconformidades sociales representan un alto riesgo para la actividad económica de Quintana Roo, por lo que quien gobierno no puede permitirse la improvisación ni desatención, se deben tener diseñadas y probadas acciones de gobierno, que vayan acompañadas de políticas públicas como parte de estrategias para cada conflicto, porque gobernar no es tener buena voluntad o hablarle bonito las personas que reclaman sus derechos, sino se les debe convencer con acciones, de lo contrario será un acto demagógico que solo servirá para echarle más leña a la hoguera.
Como en otros sexenios nuevamente lo repito, el gobierno de Quintana Roo requiere de congruencia y capacidad de resolución, los problemas de la entidad no se pueden dejar a la buena voluntad de las partes o a la puesta en marcha de mecanismo que no se tengan probados, porque si salen mal, el impacto político para la actual administración tendrá costos muy altos, en lo que también saldrá perdiendo la iniciativa privada, pero fundamentalmente la imagen de la entidad.
Desde antes que se inició el proceso electoral 2021-2022 se debieron identificar y empezar la construcción de estrategias para cada uno de los conflictos sociales y políticos más graves de Quintana Roo, uno fundamental es la desaparición de personas, un fenómeno que tiene más de una década que se agudizo en la entidad, por lo que no se trata de un asunto que haya hecho crisis hace unos meses, por lo que las víctimas y sus familias no pueden estar a expensas de ocurrencias o de discursos demagógicos, lo que quieren las familias es que se les diga en donde están sus familiares, muchas ya cansadas, están dispuestos a aceptar que ya murieron, pero tener la certeza para poder iniciar su periodo de duelo, pero para ello requieren tener las pruebas, los cuerpos, para sepultarlos, no podrán dejar su lucha, si solo se les da promesas y se les pide tiempo.
Los familiares de personas desaparecidas ya se estaban manifestando desde antes de la campaña electoral para la gubernatura de la entidad, pero quienes ahora integran el nuevo gobierno, no les interesó acercarse a ello, no estaba en su agenda prioritaria, si alguna vez elaboraron un plan de gobierno, estas familias no existieron para ese documento.
DESDE LA CAMPAÑA ELECTORAL SE INVISIVILIZÓ A LAS FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS
A lo largo de la campaña electoral se conoció la visión del equipo de MORENA sobre la economía de la entidad, cómo seguir promoviendo el turismo, cómo darle mejores estímulos a los inversionistas nacionales y extranjeros, cómo generar nuevos empleos, pero sobre los requerimientos del Quintana Roo real, ese que sostiene con recursos humanos la actividad turística, fue invisibilizado.
En la agenda electoral no encontramos que la aspirante a gobernadora o su equipo de campaña se haya reunido con familiares de personas desaparecidas o que les haya entregado un plan diseñado para una búsqueda efectiva en coordinación con instancias federales y estatales. Siempre se les menospreció, se les ignoró y ahora, que tuvieron que recurrir a la manifestación pública, a bloquear la zona hotelera de Cancún, de inmediato se convirtió el asunto en prioritario para la agenda gubernamental, ante la presión de los empresarios, de las líneas aéreas, las agencias de viajes, negocios que en un solo día perdieron millones de dólares, circunstancias económicas que no se pueden permitir cuando aún no se pueden recuperar de las pérdidas sufridas durante la pandemia.
Las organizaciones civiles desde hace muchos años tienen en su agenda el tema de la desaparición de personas en Quintana Roo, por lo que no es aceptable que no se les haya tomado en cuenta para elaborar un programa de trabajo en materia de derechos humanos. A las personas que dirigen las organizaciones civiles se les cataloga como enemigas del gobierno, que sirven a intereses oscuros, incluso, ahora, las organizaciones empresariales buscan que se ejerza acción penal en contra de estas personas, pero fue el mismo gobierno que no les hizo caso, fue la instancia que ignoró las demandas de los familiares de personas desaparecidas.
Gobernar Quintana Roo no solo es reunirse en restaurantes y hoteles de lujo con la clase empresarial, con diplomáticos, con militares y enviados del gobierno federal, sino gobernar también implica caminar las destrozadas calles de los 11 municipios de la entidad, conocer el dolor de las familias que a diario pierden a un ser querido resultado de la violencia o que cada mañana se tienen que levantar, a pesar del dolor, para ir a buscar, con sus propias uñas, a quienes han desparecido.
ANTE LA FALTA DE ESTRATEGIAS GUBERNAMENTALES, SOLO SE LES OCURRE CREAR MECANISMOS OFICIALES QUE DUPLIQUEN FUNCIONES
Luego de la manifestación pública que colapsó la actividad económica en la zona hotelera de Cancún, desde el gobierno del estado se les dedicó más de cinco horas a las personas inconformes, a quienes no se les presentó un plan diseñado con anticipación, sino que se les quiso convencer con promesas y con acciones sacadas al calor de la discusión y con el propósito de apagar el fuego, pero en ningún momento se tocó el asunto de manera estructural como debió de ser desde hace años.
AHORA SI, HASTA QUE TOMARON LA ZONA HOTELERA SE LES OFRECIÓ A LOS FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS
Acompañamiento jurídico para todos los casos, así como la integración de un equipo de asesores jurídicos que revisen con los familiares cada uno de los expedientes de las personas desaparecidas, lo que implicará una duplicidad de funciones, porque desde la oficina de asuntos jurídicos de la gubernatura no se pueden destinar recursos para asesores jurídicos, eso le corresponde a la Comisión de Atención a Víctimas, a la Comisión de Búsqueda de Personas y en todo caso a la Comisión de Derechos Humanos, así como a la misma Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, organismos, que conforme a la ley tienen las facultades, así como la autonomía técnica y financiera para atender a las víctimas, constituir un equipo de expertos para darle acompañamiento a la víctima es usurpar funciones, y no es que los asesores de la gubernatura lo ignoren, sino que tuvieron que sacarse de la manga una solución, porque desde antes no previeron que este asunto, como muchos otros, les haría crisis, ya siendo gobierno.
Usurpar funciones o crear organismos paralelos no es la solución a un problema para el cual ya se debió tener una estrategia definida desde el gobierno. El asunto se ve más complejo precisamente en el momento que el Poder Ejecutivo del Estado en lugar de exigir resultados y dejar de utilizar a estos organismos como agencias de colocación de subordinados envió una iniciativa de ley al Congreso para modificar la Constitución y leyes secundarias, para que a los organismos autónomos se les disminuya el presupuesto, eso implica ir en contra de la Constitución Federal, porque ese candado que tiene la legislación quintanarroense para no disminuir presupuesto a los organismos autónomos fue producto de la homologación a la Carta Magna.
DISMUNIR PRESUPUESTO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ES IR CONTRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL
Disminuirle recursos a los organismos autónomos que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos es ir en contra a lo dispuesta por el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformado el 10 de junio de 2011, precepto que le dio vida constitucional al principio de no regresividad en materia de derechos humanos, entre otros principios.
Habría que analizar de fondo el porqué le quieren quitar recursos a los organismos autónomos y a la vez usurpar sus funciones desde el Poder Ejecutivo.
A quienes gobierna Quintana Roo hay que recordarles que cuando estaban en el PRI, el PAN o en el PVEM, la sociedad civil organizada y muchos movimientos sociales y políticos lucharon por la construcción de esos organismo autónomos para vigilarle las manos a sus entonces partidos y el Estado Mexicano fue cediendo a esas demandas sociales, no por voluntad propia, sino porque desde otros países, como de organismos multilaterales, se fue presionando a México para que actuara en consecuencia, porque de lo contrario no firmarían tratados comerciales. Deben saber qué es la famosa cláusula de conciencia.
Estos organismos autónomos, que tienen la obligación constitucional de garantizar los derechos humanos, se quedarán sin recursos, y con ello, disminuirán las posibilidades de cumplir con sus facultades, se convertirán en elefantes blancos y el poder ejecutivo estatal centralizará facultades, como lo hacía el viejo PRI, del cual vienen muchos morenistas de los que ahora gobiernan Quintana Roo.
Graciela Machuca
