Iniciativa de ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Quintana Roo debe ser de avanzada
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
En el Congreso del Estado de Quintana Roo se determinó que serán aprobadas de manera rápida una serie de iniciativas rezagadas de la anterior Legislatura con la finalidad de ponerse al corriente en esa tarea, lo cual sería una buena muestra de querer hacer su trabajo de manera expedita y eficiente, pero el acuerdo es que se aprueben los proyectos que se tengan que aprobar, pero sin ser sometidos a consulta ciudadana, porque se supone que eso ya se hizo en la XVI Legislatura, lo cual no en todos los casos se hizo de manera adecuada.Hay un asunto que preocupa al gremio periodístico y a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que es precisamente la Ley de Protección a ambos sectores de la sociedad quintanarroense, que ya estaba vigente desde que se publico el 14 de agosto de 2015, pero que el 13 de diciembre de 2017, el gobierno de Carlos Joaquín González cabildeó con el la XV Legislatura para que se abrogara.Influyeron diversos intereses tanto externos como internos de la entidad para que desde el poder político máximo estatal se haya decidido abrogar un instrumento legal que costó más de tres años a un grupo de organizaciones periodísticas elaborarla durante talleres y foros, lo cual no interesó al Congreso y decidió deshacerse de ella, luego de una acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque el Congreso y por no desempañar su tarea de manera eficiente incluyó en la ley la definición de Libertad de Expresión, un asunto que solo compete regular al Congreso de la Unión, entre dos motivos más.
EN LOS ARCHIVOS DEL CONGRESO EXISTEN LAS INICIATIVAS CIUDADANAS PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES DE PERIODISTAS
Integrantes de las Legislaturas XV y XVI se comprometieron con el gremio periodístico a elaborar una nueva iniciativa y someterla al pleno, incluso elaboramos un nuevo proyecto ciudadano y se lo entregamos en tiempo y forma a las dos Legislaturas, pero la orden política fue que el tema no se volviera a tocar, a pesar que en la mayoría de los estados de la república, ya se encuentran vigentes dicho tipo de leyes que crean los mecanismos de protección integral a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.Por esta razón la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo nos recibió nuestra iniciativa ciudadana, la cual tenían que adecuar a lo establecido por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la referida acción constitucional, pero pasaron los tres años de su periodo y ese análisis técnico no lo hicieron, a pesar, que solo se trataba de un análisis de la misma resolución.
LA EXDIPUTADA DEL PAN, KIRA IRIS, SE FUSILÓ LA LEY DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA PRESENTÓ COMO SUYA A ÚLTIMA HORA
A la iniciativa ciudadana se sumó una más el día 31 de agosto de 2022, tres días antes de que concluyera legalmente la XVI Legislatura y fue la entonces diputada Kira Iris, del Partido Acción Nacional (PAN), en su calidad de presidenta de la Comisión de Justicia desde el 23 de febrero 2021. Tuvo mas de un año para impulsar que se aprobara una nueva ley en la materia, pero prefirió hacerlo a última hora, solo para incrementar su número de iniciativas presentadas.De nada sirvieron los millones de pesos que le costaron al Congreso del Estado los salarios de los asesores de la diputada Kira Iris, porque no hicieron su trabajo de elaborar la iniciativa, solo se “fusilaron” la Ley de Protección Integral a Periodistas y Personas Defensoras del Estado de México que entró en vigor en el año de 2021.
MANIOBRA DE DESPRECIO DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN TARTA EL CONGRESO ESTATAL A LOS PERIODISTAS DE QUINTANA ROO
Tan es así que se trata de una copia fiel de la ley del Estado de México que en los artículos transitorios Tercero y Octavo se les olvidó cambiarle el nombre a la mexiquense Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que en Quintana Roo tiene las funciones de la Secretaría General de Gobierno. La diputada panista y su equipo no movió un dedo, mucho menos una neurona para hacerle modificaciones a la iniciativa de acuerdo al contexto social, jurídico y político de Quintana Roo, lo que terminó representando un fraude al erario público quintanarroense, porque le pagaron para que legislara y no para que se robará las ideas de otros legisladores del país y en este caso de otro grupo de periodistas que se encargó, también por varios años de elaborar un proyecto ciudadano.Su imaginación e inteligencia no fue suficiente para cambiarle el nombre a la iniciativa de ley, ya que le dejó el mismo nombre que tiene la del Estado de México, Ley de Protección Integral a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, título que tiene irregularidades sintácticas, de técnica jurídica y de interpretación del derecho propersona. La ley federal de la materia se llama Ley de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, con la finalidad de integrar en una sola oración tanto a quienes defienden derechos humanos como a quienes ejercen el periodismo como personas.
ASESORES DE LA EXDIPUTADA PANISTA SOLO COPIARON Y PEGARON Y SE LES OLVIDÓ QUITAR EL NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS QUE OPERA EN EL ESTADO DE MÉXICO
El nombre adecuado podría ser Ley de Protección Integral a Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, porque si no se le antepone la palabra personas a periodistas, los estamos excluyendo de ser personas o les estaremos dando un privilegio sobre el resto de las personas. Otra razón de poner primero a las personas defensoras de derechos humanos, es que de manera genérica defienden todos los derechos humanos y quienes ejercemos el periodismo también defendemos y promovemos todo el catálogo de derecho humanos, pero específicamente los derechos a las libertades de opinión, expresión, prensa e información.Un aspecto que desde luego no lo analizaron los asesores de la diputada que copiaron la iniciativa de ley, fue el número de integrantes que conformaría la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, que según su propuesta es de ocho, un número par, pero en este tipo de órganos colegidos que toman decisiones por mayoría o unanimidad sus integrantes deben ser con números impares, para evitar los empates en las decisiones, las cuáles no son de tipo administrativo sino de protección de la integridad física y la vida de personas.En este caso de la ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas no se puede aprobar Fast Track porque al entrar en vigor se encargará de proteger vidas, por ello, un equipo de expertos en la materia de protección de ambos sectores de la población deben revisar la ley que estuvo vigente y cuyo proyecto original fue elaborado por un grupo de organizaciones civiles, también se cuenta con la resolución de la SCJN de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la CNDH, la iniciativa ciudadana presentada por un grupo de periodistas a la XVI Legislatura, además, de consultar el “fusil” de la exdiputada Kira Iris y sus asesores, pero además, todo el compendio de leyes vigentes en el país, así como los proyectos de reformas que existen y se han trabajado tanto en el Senado, en la Cámara de Diputados Federal, así como por organizaciones civiles.
PRIMERO LOS PANISTAS ROBARON EL BORRADOR Y LO PRESENTARON COMO INICIATIVA SUYA A LA XV LEGISLATURA
En la dinámica de integración de la construcción de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, nos fue sustraída una copia del borrador y el 2 de diciembre de 2014 el entonces diputado Panista Sergio Bolio Rosado, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, presentó la iniciativa como propia hasta con las faltas de ortografía del borrador en discusión.
LO QUE RESTA POR HACER
Como un homenaje a los cinco periodistas asesinados en Quintana Roo durante los últimos cinco años, se debe elaborar una ley acorde al escenario estatal, desde luego que si la actual Legislatura tiene la intención de que esa ley sirva, debe reunir al grupo de expertos en un corto plazo y trabajar a marchas forzadas, para que se elabore una nueva iniciativa, se apruebe y la misma Legislatura pueda asignar para el presupuesto 2023 los recursos suficientes para que el Mecanismo de Protección opere, porque una ley de protección sin presupuesto no sirve.Con toda la información que se cuenta en Quintana Roo y en el resto del país, la ley de protección para personas defensoras de derechos humanos debe ser de avanzada, pero para ello se requiere no solo voluntad política, sino herramientas técnicas y metodológicas. Sacar una ley por sacarla no resolverá el estado de indefensión que viven ambos sectores de la sociedad quintanarroense.
Graciela Machuca
