ONU y CIDH llaman a los gobiernos a terminar con discursos estigmatizantes en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Cómo un llamado de atención para que se respete el derecho a defender derechos humanos en Quintana Roo, un grupo de organizaciones civiles estatales y nacionales, hicieron llegar este 16 de diciembre a los titulares de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la entidad, el mensaje conjunto de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con motivo del Día Internacional de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, que se conmemoró el pasado día 9 de diciembre.
Este comunicado de ambos organismos internacionales fue entregado a los Poderes del Estado de Quintana Roo, en la oportunidad del cambio de gobierno estatal y del legislativo, ya que por medio de este documento se hace un llamado a los Estados miembros para aumentar los esfuerzos que garanticen la protección y reconozcan la labor de quienes defienden los derechos humanos, de manera individual y/o colectiva, por su rol fundamental en el fortalecimiento de las democracias y por tanto, del Estado de derecho.
El mensaje conjunto de la CIDH y la ONU fue fechado en las ciudades de Bogotá, Guatemala, México, Panamá, La Paz, Tegucigalpa, Santiago de Chile, Lima y Washington D.C.
La versión oficial del mensaje con motivo del Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las presencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina (ONU Derechos Humanos) hace un llamado a los Estados para aumentar los esfuerzos que garanticen la protección y reconozcan la labor de quienes defienden los derechos humanos, de manera individual y/o colectiva, por su rol fundamental en el fortalecimiento de las democracias y por tanto, del Estado de derecho.
ORGANIZACIONES CIVILES ENTYREGARON A LOS TRES PODERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL MENSAJE DE LA ONU Y DE LA CIDH
En Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama; el diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo; así como, Heyden José Cebada Rivas, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ya tienen en su poder, el oficio respectivo por medio del cual están enterados de sus obligaciones internacionales para proteger y defender a las personas defensoras de derechos humanos en el estado de Quintana Roo. Bueno, si no lo leen o sus asesores no les explican de que se trata, ya veremos las consecuencias.
En el mensaje se advierte, que si bien el derecho a defender los derechos humanos está reconocido en la Declaración sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobada un día como hoy 8 y 9 de diciembre) en 1998, la CIDH y ONU Derechos Humanos han observado el incremento de discursos estigmatizantes que buscan deslegitimar y/o silenciar la labor de defensa de los derechos humanos en diversos países de la región. En algunos casos, preocupa que estos discursos provienen desde las más altas autoridades de los Estados.
Este tipo de ataques han encontrado en la esfera digital un amplificador para difundir una narrativa negativa sobre quiénes son y qué derechos defienden las personas defensoras de derechos humanos. En particular, se ha observado que estos mensajes se dirigen en contra de quienes muestran discrepancia con las autoridades, denuncian la corrupción y la impunidad, defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, defienden el medio ambiente, o exponen la falta de acceso a una justicia independiente, incluyendo a periodistas y personas funcionarias estatales que publican e investigan casos de corrupción, respectivamente.
La falta de reconocimiento a la importancia del trabajo de personas defensoras por las autoridades y la sociedad en general ha contribuido a que tanto las personas como los colectivos desarrollen sus actividades en una mayor situación de vulnerabilidad. Cuando se trata de mujeres defensoras, la CIDH y ONU Derechos Humanos han destacado los riesgos diferenciados y efectos desproporcionados que estos discursos ocasionan por la discriminación basada en género, y que a su vez se ven incrementados, según los derechos o causas que defienden, usando su orientación sexual o identidad de género, su origen étnico y su ubicación territorial como algo negativo.
LLAMADO A AUTORIDADES PARA NO DESLEGITIMAR LABOR DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
La CIDH y ONU Derechos Humanos hacen un llamado a los Estados para que autoridades y el funcionariado público, desde los más altos niveles y de cada uno de los poderes del Estado, se abstengan de realizar acciones o pronunciamientos oficiales que afecten la legitimidad de la labor de defensa y promoción de los derechos humanos; así como de participar en campañas de difamación o de estigmatizar a personas defensoras y el trabajo que éstas realizan. Los Estados tienen la responsabilidad de vigilar también que las empresas no contribuyan con la emisión o difusión de este tipo de mensajes, e investigar y sancionar a quienes realizan este tipo de discursos, en especial cuando se trata de personas funcionarias estatales toda vez que la impunidad sobre estos actos permite su repetición.
Sumado a esto, los Estados deben abstenerse de adoptar y aplicar legislaciones que entorpezcan el funcionamiento de las organizaciones defensoras, bajo pretexto de proteger su soberanía o luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo. Por el contrario, es obligación de los Estados no solamente establecer un marco legal adecuado y efectivo para proteger la labor de defensa de derechos humanos, sino también asegurar condiciones reales de acceso a la justicia que permitan investigar y sancionar a los responsables de los ataques y amenazas.
Por último, la CIDH y ONU Derechos Humanos instan a los Estados a reconocer pública e inequívocamente el papel fundamental que las personas defensoras de derechos humanos ejercen en la garantía de la democracia y el Estado de derecho dentro de la sociedad, y que dicho compromiso se refleje en todos los niveles del Estado – local, estatal, provincial y nacional – y en los tres poderes– ejecutivo, legislativo y judicial, partiendo desde las más altas autoridades estatales.
Únicamente a través del sólido respaldo gubernamental a la labor de quienes defienden los derechos humanos, de manera individual y/o colectiva, los Estados podrán progresivamente erradicar la indebida estigmatización que han sufrido las personas defensoras y garantizar un ambiente seguro para la defensa de los derechos humanos.
Estar en desacuerdo con los discursos de odio, que a la vez estigmatizan y criminalizan al quehacer de personas defensoras de derechos humanos, no solo es una opinión personal, si no que es una política con la que trabajan los organismos internacionales de derechos humanos, los cuales tienen claros, que esos discursos surgidos desde las esferas más altas del poder político de un Estado, provocan la división, la confrontación y la polarización que llevan a un país a sacar sus fanatismos, más aún, cuando desde el mismo Estado, se busca tener a una población sometida a los dictados de un líder que no acepta otras voces, más que el eco de la suya.
Graciela Machuca
