En la construcción del Tren Maya se olvidan de la justicia federal y de los derechos laborales
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Indudablemente, desde que se movió la primera piedra para iniciar la construcción del Tren Maya en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el gobierno federal de la 4T ha insistido en violentar la ley y faltarle el respeto a los auténticos dueños de esos territorios por donde pasa el trazo de la vía férrea, con la finalidad de cumplir con el mandato de los dueños del capital que mueve la economía neoliberal hoy en día, aunque en el discurso se diga lo contrario.
Se iniciaron los trabajos antes de que concluyera la amañada consulta de acuerdo a lo estipulado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se dijo que no se talaría ni un solo árbol y ahora vemos cientos de kilómetros de selva devastada a los largo de la vía; no se cuidó que el trazo afectara los acuíferos, cintos de familias tuvieron que ser desplazadas o reubicadas para darle paso al tren.
A pesar que el Poder Judicial de la Federación a otorgado suspensiones definitivas para detener las obras en lo que se resuelven de fondo los juicios de amparo, el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (FONATUR), le ha dado instrucciones a las compañías extrajeras constructoras que no le hagan caso a los jueces federales y que sigan con los trabajos.
Por ejemplo, en días reciente, el amparo que interpuso la organización Selvame del Tren para detener las obras del Tramo 5, con trazo de Cancún a Tulum, fue validado por el primer juzgado de distrito en Yucatán para la suspensión definitiva de las construcciones y tala o desmonte de selva, ya que no ha llevado el debido proceso, permisos, estudios y autorizaciones para avanzar y cumplir conforme a la ley, de acuerdo a la organización.
Sin embargo, Fernando Vázquez Rosas, vocero del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) aseguró que las obras no se detendrán y que se han dado todos los documentos que demuestran que el uso de suelo cuenta todos los permisos “por lo que no existe ningún impedimento para que el Tren Maya avance”; además de que esta resolución no les afecta porque ya no habrá desmonte de selva. Aunque aún faltan áreas por derrumbar de acuerdo a los planos, difundió la organización Change.org
En los últimos días también se anunció que el costo del megaproyecto Tren Maya había aumentado por obras que no se habían contemplado en principio; como parques, el nuevo aeropuerto de Tulum, ampliaciones viales y hasta un museo y algunas zonas hoteleras, por lo que la organización hace un llamado a cuestionar dichas decisiones gubernamentales.
Unas de las partes fundamentales de la suspensión dice: “Se debe suspender o paralizar cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de tala o desmonte en los terrenos que comprende el tramo 5 norte y sur del proyecto Tren Maya, con trazo de Cancún a Tulum, Quintana Roo, por lo que no se permite la remoción o destrucción de la flora y fauna del terreno en cita ”.
Por medio de un comunicado, la organización Sélvame del Tren dijo al respecto: La suspensión se aplica al área que está fuera de la superficie contemplada en el oficio emitido el 15 de diciembre de 2022 por el que se autorizó el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Este grupo conformado por expertos, biólogos, activistas y actores, dio a conocer que su movimiento “celebra esta acción porque suspende una obra ilegal que afecta el patrimonio ecológico de todos los mexicanos”.
Otro asunto que va encaminado a seguir la vía legal y la protesta social es el incumplimiento laboral por parte de las constructoras encargados de los trabajos, porque operan fuera del marco de la ley, a pesar que sus trabajos son pagados con recursos de la Federación.
En diferentes puntos del trazo se han dado a conocer las inconformidades de los trabajadores, como en el tramo 7, donde un grupo de trabajadores ya dieron a conocer su pretensión de realizar un paro de labores, luego que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha ignorado sus demandas laborales, como equipo de protección y salarios dignos.
Enrique Kú Ramírez, representante de los obreros inconformes declaró a la prensa: “Si no nos hacen caso, vamos a tener que pasar a la acción bloqueando toda la obra en el tramo Chetumal-Escárcega. Porque ya estuvo bueno que nos vean la cara durante todo este tiempo. Si nuestra situación no se resuelve en este mes, vamos a detenerlo todo”.
A pesar que desde hace cinco meses han pedido cascos, botas y ropa adecuada para trabajar en la selva, un sistema de transporte seguro y equipo médico permanente para atender cualquier accidente.
Casi en su totalidad de este grupo de trabajadores inconformes provienen de Nicolás Bravo, perciben un salario de dos mil 200 pesos semanales, muy inferior a los 3 mil 800 los trabajadores en otros tramos.
El asunto ya llegó al conocimiento formal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, así como a las autoridades laborales de la entidad, pero todo mundo se echa la bolita porque como se trata de una obra federal, nadie quiere intervenir.
Pero fueron contratados por empresas privadas y por lo tanto no están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“A nosotros nos tratan como personal de segunda o de tercera. Con decir que nos movilizan en camionetas estaquitas que no les sirve ni la caja, más de 15, en hacinamiento y con el peligro de caernos en plena carretera y sufrir accidentes”, declaró el representante de estos trabajadores.
El doble discurso del gobierno federal a todo lo que da.
Graciela Machuca
