Quintana Roo ubicado en último lugar del Índice de Estado de Derecho 2022-2023 en México
Necesariamente Incómoda
**En una escala de 0 a 1, Quintana Roo, Ciudad de México y Guerrero tuvieron un porcentaje de 0.36, de acuerdo al estudio elaborado por la organización internacional World Justice Project (WJP).
**Este instrumento es utilizado para diseñar políticas públicas y tomar decisiones de gobierno;
Graciela Machuca Martínez
La oficina en México de la organización internacional World Justice Project (WJP) dio a conocer la quinta edición del Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX), documento que consiste en un informe con los resultados en materia de Estado de Derecho de las 32 entidades federativas del país.
El Índice de Estado de Derecho en México evidencia la falta de avances substantivos en materia de Estado de Derecho en la mayoría de las entidades del país. La calificación promedio general de los 32 estados es de 0.42 en una escala del cero al uno.
Desde la versión pasada, los puntajes mostraron cambios marginales, aumentando en 19 estados, descendiendo en 3, y permaneciendo sin cambios en 10, consideran las organizaciones que realizaron la investigación en la que también se encuentra la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
Los tres estados con mejor puntaje son Querétaro (0.49), Guanajuato (0.48), Aguascalientes (0.47). En contraste, Guerrero, Ciudad de México y Quintana Roo ocupan las últimas posiciones con el mismo puntaje (0.36).
Al revisar el documento en: https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2023/06/IEDMX-2022-2023_Digital.pdf se encuentra información que es importante rescatar para conocer el comportamiento de las instituciones de Quintana Roo, toda vez que el estudio fue realizado con una metodología probada a nivel global.
El puntaje general de Quintana Roo (2022-2023) es de 0.36, tomando en cuenta que la escala es de 0 a uno. Con esta puntuación quedó en el lugar 32 de 32 y descendió de dos posiciones respecto a la cuarta edición del índice.
En el factor de límites al poder gubernamental tuvo un puntaje de 0.36 y está en la posición 31 de 32. Los subfactores analizados quedaron de la siguiente manera: el legislativo es un contrapeso eficaz, 0.36; el judicial es un contrapeso eficaz, 0.39; los organismos de control son un contrapeso eficaz, 0.24; sanciones por abuso de poder, 0.35; los contrapesos no gubernamentales son eficaces, 0.46; las elecciones se apegan a la ley, 0.35.
En ausencia de corrupción tiene el puntaje 0.30, posición 31 de 32. Ausencia de corrupción en el ejecutivo, 0.31; ausencia de corrupción en el judicial, 0.38; ausencia de corrupción en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, 025; ausencia de corrupción en el legislativo, 0.28.
Gobierno abierto 0.52 y posición 8 de 32: participación ciudadana, 0.40 y derecho a la información pública, 0.64.
Derechos fundamentales 0.44, 28 de 32: ausencia de discriminación, 0.37; debido proceso legal, 0.33; libertad de expresión, 0.46; libertad religiosa, 0.79; derecho a la privacidad, 0.27; libertad de asociación, 0.56; derechos laborales, 0.29.
Orden y seguridad 0.33, 24 de 32: ausencia de homicidios, 0.17; ausencia de crimen, 0.46; las personas se sienten seguras, 0.36.
Cumplimiento regulatorio 0.29, 32 de 32: cumplimiento regulatorio eficaz, 0.29; cumplimiento regulatorio libre de corrupción, 0.42; procedimientos administrativos eficientes, 0.29; derechos de propiedad, 0.31.
Justicia civil 0.32, 28 de 32: las personas conocen sus derechos, 0.24; acceso a información y asesoría legal asequible en casos civiles, 0.29; justicia civil asequible y sin procesos burocráticos, 0.28; justicia civil imparcial, independiente y libre de corrupción, 0.39; justicia civil de calidad, 0.30; justicia civil expedita, 0.27; ejecución efectiva de las resoluciones en materia civil, 0.30; mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) accesibles, imparciales y expeditos, 0.47.
Justicia penal 0.30, 28 de 32: investigación penal eficaz, 0.18; procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz, 0.23; derechos de las víctimas, 0.41; debido proceso legal, 0.33; justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción, 0.29; sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos, 0.38.
¿Por qué usar el Índice de Estado de Derecho en México?
El Índice de Estado de Derecho en México es único en su tipo, ya que utiliza información de primera mano para capturar las voces de miles de personas en zonas urbanas y rurales en los 32 estados del país. Es la quinta edición que se realiza en México, lo que permite registrar avances y retos persistente sobre el Estado de en las entidades federativas.
Hasta la fecha, 28 estados y 5 dependencias y/o Secretarías del actual gobierno federal usan el Índice de Estado de Derecho en México para sus Planes Estatales de Desarrollo, Programas de Gobierno, y otros instrumentos de planeación.
El IEDMX es un instrumento que sirve para identificar las fortalezas y debilidades institucionales de cada estado, así como para fomentar el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México.
El WJP es una organización independiente, internacional, sin fines de lucro y multidisciplinaria que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo. Utiliza un enfoque multidisciplinario que incluye investigación, recolección y análisis de datos, el establecimiento de una red activa y global de conocimiento, y el apoyo a programas prácticos dirigidos a encontrar soluciones locales.
Desde 2008 WJP publica el Índice de Estado de Derecho a nivel global, que mide el grado de adhesión al Estado de Derecho en 140 países. México se incorporó a la medición en 2009.
El hecho que el estado de Quintana Roo siga ubicándose en el último lugar de este índice con 0.36 de una escala de 0 a uno, significa que el gobierno sigue actuando con falta de interés para dar el servicio que requiere el pueblo de Quintana Roo.
Instrumentos de esta naturaleza son útiles para diseñar políticas públicas y determinar acciones de gobierno, siempre y cuando no tengan el interés electoral que define el comportamiento de la élite gobernante estatal.
Graciela Machuca
