Población adulta mayor en México es víctima de violencia institucional, social y familiar 

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Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez 

Foto: elheraldodechihuahua.com.mx

Una de las acciones gubernamentales de la 4T que más utilidades electorales le ha traído es el programa de pensiones para adultos mayores de 65 años y más que tiene la finalidad que las personas incluidas en este grupo de edad tengan una mejor calidad de vida tomando sus condiciones de vulnerabilidad y porque ya le aportaron al país durante sus etapas de productividad, de acuerdo al discurso oficial.

Sin embargo, en ciudades como Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Puebla, la Ciudad de México, Tijuana, Cancún y muchas más, se ve a diario a cientos de mujeres y hombres adultos mayores, incluso de 80 o 90 años de edad, recorriendo las calles realizando una actividad productiva como ventas y no en pocas ocasiones se les ve pidiendo ayudas económicas para sobrevivir o comprar sus medicamentos.

Los programas gubernamentales como este de apoyo a la población adulta mayor deben ser avaluados por organismo como el CONEVAL, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como por entes de la sociedad civil y del ámbito académico para poder reunir los elementos metodológicos que permitan valorar el grado de eficacia en la estructura social, porque a diario, por todo el país, se ven a miles de personas en condiciones de ancianidad y enfermas pidiendo una moneda o como vendedoras ambulantes.

A la situación de pobreza y extrema pobreza en que vive gran parte de la población adulta del país, se agrega la marginación, la discriminación y la explotación por medio de la trata de personas con fines laborales tanto de parte de familiares como de la delincuencia organizada, un asunto en el que debe intervenir alguna instancia gubernamental por tratarse de un grupo de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Además, de lo que se observa en la vía pública del país en torno a la población adulta mayor, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), levantada por el INEGI,  para el segundo trimestre de 2022 se estimó que en México residían 17 millones  958 mil  707 personas de 60 años y más (adultas mayores).

De acuerdo, al organismo federal la cifra anterior representó 14 % de la población total del país. En los hombres, este porcentaje es de 13 %; en las mujeres, de 15 por ciento. Más de la mitad (56 %) tiene entre 60 y 69 años. Conforme avanza la edad, este porcentaje disminuye: 30 % corresponde al rango de 70 a 79 años y 14 % a las personas de 80 años y más. Según sexo, el porcentaje es ligeramente más alto para los hombres de 60 a 69 y para las mujeres de 80 años y más.

La mayoría de las personas ocupadas de 60 años y más laboran por cuenta propia (49 %), le siguen las y los trabajadores subordinados y remunerados (38 %).  En México, 70 % de las personas adultas mayores ocupadas trabaja de manera informal.

A pesar, que en el discurso gubernamental se habla de inclusión y no discriminación, las personas adultas mayores en México cada día van perdiendo su condición de sabias y consejeras que han tenido en las comunidades y los pueblos originarios, a tal grado, que en muchos casos se han convertido en un “estorbo” tanto para la comunidad en general como para la familia en particular.

En el ámbito familiar son víctimas de malos tratos, discriminación, abandono y explotación, mientras que el contexto institucional se les vulneran los derechos humanos, discrimina, estigmatiza y explota electoralmente. Para nadie es novedad ver las enormes filas para realizar trámites para formar parte del Programa Bienestar, después se les ve por horas esperando poder cobrar la pensión en el Banco del Bienestar donde no hay personal suficiente que les de una atención especializada, a lo que se suma las inconsistencias técnicas de los cajeros automáticos, a los que ya se hizo costumbre que se les caiga el sistema. 

Por otra parte, al interior de las familias, son conocidos los casos de que son violentados física, emocional y verbalmente, por hijos o nietos, o familiares políticos que solo esperan su muerte para disfrutar de una herencia abundante o miserable.

Tanto en los medios de comunicación como en las fiscalías se han documentado homicidios, abandono de personas, lesiones, secuestros de personas adultas mayores para poder cobrar herencia y seguros de vida. 

El cuidado y la procuración de una mejor calidad de vida para las personas adultas mayores no solo es un pendiente de las instituciones gubernamentales, sino de la sociedad mexicana, la cual, conforme va avanzando el Siglo XXI, va perdiendo valores como el respeto a las generaciones anteriores que construyeron el país que hoy tenemos, el cual, si no nos gusta, estamos a tiempo de cambiarlo, pero debe prevalecer el respeto a nuestros ancestros.

De acuerdo a cifras oficial, entre 2018 y 2022, los hogares mexicanos que perciben un ingreso por pensión o jubilación incrementaron en 1.3 millones, y en suma, el ingreso por pensiones y jubilación ascendió a 194.13 millones de pesos (mdp) trimestrales, es decir, 48.14 millones más respecto a 2018 cuando se registraron 145.99 mdp.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dio a conocer que las pensiones, jubilaciones, becas, remesas y/o programas sociales representan en conjunto el segundo mayor ingreso de los hogares en México, en promedio, cada hogar recibió 3 mil 643 pesos al mes por este concepto.

Al referirse específicamente a las pensiones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2020 evidenció que el 55.7% de las personas mayores contaba con un ingreso de $1,292 mensuales por pensión mediante programas sociales, mientras apenas un 33.1% tuvo acceso a pensión contributiva, es decir, transferencias por jubilación, por $7,362.

En el primer caso y que preponderaba a la población adulta mayor, no es suficiente el ingreso para sobrevivir, por ello muchos adultos siguen trabajando, mayormente en la informalidad, de hecho, la ENOE reportó que casi el 55% de las los mayores de 65 años que trabajan están en dicho sector, lo que significa que aún hay una brecha que atender en materia de protección social a los adultos mayores, publicó el pasado 4 de agosto el portal de noticias fiscales, jurídicas y laborales idconline.mx

Graciela Machuca

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