Chiapas, en riesgo de una guerra civil
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
El estado mexicano de Chiapas se encuentra convulsionado por tres principales razones, de las cuales los gobiernos federal y estatal tienen su prioridad, preparar el terreno para los comicios de 2024, lo demás, son asuntos que no les interesan como lo han demostrado del 2018 a la fecha.
La delincuencia organizada foránea que se alió con muchos cacicazgos de la entidad se han apoderado de extensos territorios, donde a sangre y fuego han impuesto su autoridad, es evidente que las autoridades de los tres niveles de gobierno han decidido “no molestar” a los grupos armados que asesinan, secuestran y roban, cuya presencia se puede apreciar desde las redes sociales y por las denuncias de transportistas, comerciantes y miles de familias que quieren vivir paz y ante la omisión del gobierno son víctimas del desplazamiento forzado interno.
Otra realidad en Chiapas es el incremento sin control de migrantes de diversas nacionalidades que se encuentran varados ante la incapacidad de los organismos internacionales y de las autoridades mexicanas para realizar los trámites necesarios que les garanticen llegar a la frontera con Estados Unidos, de acuerdo a los convenios multilaterales.
La tercer causa del colapso social y político en Chiapas son los preparativos para los comicios de 2024, donde los cacicazgos que prolongaron su existencia bajo la protección del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ahora se encuentran aferrados a seguir gobernando, pero ahora bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aunque para ello tengan que revivir sus prácticas de “horca y cuchillo”.
La violencia en la entidad se ha venido agudizando durante los últimos meses, sin que el gobernador Rutilio Escandón y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, morenistas ambos, tomen cartas en el asunto; el primero dice que los temas de violencia generada por la delincuencia organizada corresponden atenderlos a instancias federales y el titular del Poder Ejecutivo dice que en Chiapas no pasa nada, que solo es alarmismo de la prensa.
El 9 de junio de 2023, cuando en Tuxtla Gutiérrez fue atacado a balazos el presidente municipal de La Concordia y resultaron asesinados tres de sus escoltas, el estado ya se encontraba inmerso en una violencia generalizada.
Ese mismo día, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con el gobernador Escandón para tratar una agenda relacionada con la violencia que se vivía en ese momento en poblados que colindan con Guatemala, de la cual se responsabiliza a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, bandas criminales que ya no solo se dedican al tráfico de estupefacientes, sino a la trata de personas, muchas de las cuales interceptan en esa región entre Guatemala y México.
El día anterior, miles de personas marcharon en la Ciudad de México y en San Cristobal de las Casas y en otras ciudades del país, para exigirle a las autoridades estatales y federales su intervención para el cese de la violencia generada por grupos paramilitares en contra de pueblos zapatistas, así como la salida del Ejército Mexicano y de multinacionales que operan en la zona.
Los meses han pasado y la violencia se ha extendido por amplias regiones de la entidad, a tal grado que la representación sindical de trabajadores de la educación de los municipios de Honduras de la Sierra, Siltepec, El porvenir, Motozintla de Mendoza y Mazapa de Madero anunciaron suspensión de clases.
Por medio de un comunicado, la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó la suspensión de clases en los municipios de la región Sierra de Chiapas debido a la ola de violencia que se ha registrado en los últimos días en los límites con Guatemala.
Esta decisión fue tomada para proteger la integridad física de alumnos, docentes y padres de familia y se advirtió que regresarán a sus escuelas “hasta que existan las garantías de seguridad”.
“El pueblo lo sabe, el estado lo sabe, como se vive en Siltepec, como lo vive Motozintla, El Porvenir y muchos municipios más… los maestros hoy no están dando las clases, la ciudadanía sufre por las cuestiones de bloqueos”, declaró a la prensa Víctor Morales Roblero, presidente del Comisariado Ejidal de Santo Domingo La Cascada, perteneciente al municipio de Honduras de la Sierra.
El pasado 14 de septiembre, un conglomerado de organizaciones integrado por la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG), Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) y Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja, advirtieron de los riesgos de la población de la Región Frontera de Chiapas ante la omisión estatal.
Por medio de un pronunciamiento, recordaron que a más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región.
Las referidas organizaciones mencionan que desde el 7 de julio de 2021, después del asesinato en la capital del estado de Chiapas de una persona vinculada a uno de los grupos criminales, iniciaron los enfrentamientos en diversas regiones. “Se tomó paulatinamente el control territorial de la región frontera, particularmente del corredor frontera-centro”.
Las amenazas, extorsiones, secuestros, la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, la cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales, campesinas, de transportistas y comerciantes, se han convertido en constantes y cotidianas.
El enfrentamiento en la comunidad de Lajerío entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, fue equiparable a una “guerra”: detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos “monstruos” blindados.
Inició la mañana del 23 de mayo, después de la desaparición de autoridades ejidales un día antes; duró alrededor de cuatro días sin intervención alguna del Estado, y fue hasta el 30 de mayo que hubo presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en la zona.
Estos hechos provocaron que alrededor de 3,500 personas se desplazaran forzadamente de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, su seguridad e integridad personal. En este contexto también ocurrió la muerte de un adolescente de 14 años por una bala perdida que entró por el techo de lámina de su domicilio.
Además, la interrupción de la vida cotidiana de la población con el cierre intermitente de escuelas, comercios y de los servicios de salud y de transporte, ha implicado daños al patrimonio y medios de vida de las familias, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria e impactando profundamente en la salud física y mental de las personas, que viven en constante temor de nuevas agresiones.
Después de los enfrentamientos, los grupos criminales limpiaron evidencias y levantaron casquillos, armas y cuerpos de personas heridas y sin vida. Hasta después de estos sucesos, alrededor de 1, 500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército mexicano y Policía Estatal llegaron al territorio. Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan.
Posterior a la guerra de los 4 días, se ha expandido este conflicto hacia comunidades y ejidos de otros municipios, como Chicomuselo y La Trinitaria, en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial. También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos.
Hasta aquí un fragmento del citado documento. Solo a un gobierno perverso le conviene que un estado se encuentre a punto de una guerra civil para poder simular elecciones y continuar en el poder.
Graciela Machuca
