Inconsistente y superficial desempeño de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Quintana Roo
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
A quienes integran la Comisión de Derechos Humanos de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, poco les importa la tarea encomendada, ya que sus prioridades son de tipo electoral y las tareas que tienen que hacer dentro del Congreso las dejan para cuando tienen un tiempo libre de su apretada agenda externa.
Guillermo Brahms González (presidente llegó a esa comisión porque su bancada no le encontró otra donde pudiera encajar, ya que experiencia y formación en materia de derechos humanos no la tiene, lo que ha quedado demostrado al dar a conocer y aprobar su Plan Anual de Trabajo 2023-2024, mismo que fue elaborado solo con generalidades, con acciones de rutina, lo que denota que no tienen una agenda definida sobre las constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos del pueblo de Quintana Roo.
Hasta el momento, solo los integrantes de la citada comisión ellas y ellos saben de los resultados de su primer año de trabajo y a quienes benefició, porque en materia legislativa sobre derechos humanos no hicieron nada, salvo la diputada Maritsa Basurto Basurto quien se ha interesado el resto solo esperaron a que el tiempo pasara y prueba de ello son las iniciativas que están en la congeladora como la que se refiere a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El plan de trabajo que se han diseñado para su segundo y último año de trabajo solo fue redactado para cumplir con su obligación, para cumplir con la forma, porque un plan de trabajo no se basa en ideas, sino en acciones concretas a desarrollar para lo cual se anexa un cronograma y un apartado de evaluación, pero a esta comisión legislativa se le hizo fácil incluir como plan de trabajo como que el documento está enfocado en promover reformas, coordinar reuniones de trabajo de los tres órdenes de gobierno, fortalecer el marco normativo y coordinar encuentros con la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, acciones que de manera ordinaria deben realizar, pero el plan de trabajo no dijeron ni saben nada.
Una tarea que tienen y que hasta el momento no han dado luces de cómo la desarrollarán es el nombramiento de la persona que presidirá la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo; a pesar, que es un compromiso que deben sacar sí o sí de aquí al mes de diciembre, no se tomaron la molestia de dedicarle algunos párrafos en su referido plan de trabajo.
Esperemos que en algún momento tengan tiempo de impulsar las 14 iniciativas relacionadas con derechos humanos que se encuentran en comisiones unidas y las tres que ellos tienen en la congeladora.
La persona que presida esa comisión debe tener el perfil para ello, debe estar a la altura de los requerimientos del pueblo de Quintana Roo, cuyos habitantes ven continuamente violados sus derechos humanos, como acceso y administración de justicia, salud, educación, vivir en un medio ambiente sano, derecho a una vivienda digna, entre muchos otros que a diario conocemos testimonios de que son violentados por personas servidoras públicas de los gobiernos estatal y municipal.
Por ejemplo, de quienes se encuentran en la lista de aspirantes a presidir dicho organismo público autónomo defensor de derechos humanos, solo se sabe que la abogada María Teresa Paredes Hernández, realiza trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional y que incluso ha recibido premios por la defensa de los DH, pero del resto, luego que se suspendió el proceso de elección, se olvidaron del tema y se dedicaron a sus actividades profesionales o a sus negocios personales.
En la lista, también se encuentran Virginia Cabrera, Laura Susana Martínez Cárdenas, César Cervera Paniagua, Eduardo Ovando Rivera, Olga Tatiana González Morga, Enrique Miguel Paniagua Lara, Georgina Muñoz Álvarez, Ángel Moisés Pacheco Forbes, Omega Istar Ponce Palomeque, Judith Rodríguez Villanueva y Carlos Vega Martínez, quienes deben dar a conocer al pueblo de Quintana Roo sobre que actividades realizaron en pro de los derechos humanos durante el año y meses que duró el juicio de amparo que pretendió que se corrigiera el desaseo que armó la XVI Legislatura, principalmente por Judith Rodríguez Villanueva y Eduardo Martínez Arcilla.
Quienes siguen aspirando a presidir la Comisión tuvieron tiempo suficiente para especializarse en el tema de derechos humanos, defender casos, promover la cultura de los derechos humanos, dar conferencias, cursos, demostrar que están interesados en el trabajo; deben decir que casos emblemáticos o no de defensa de derechos humanos tienen en sus agendas, que violación a derechos humanos denunciaron públicamente y en cuales acompañaron y asesoraron a las víctimas y no solo esperar la designación y las miras al presupuesto que amasaran por que al parecer a muchas y muchos de ellos solo les interesa el cargo, para tener un buen salario, traficar con las influencias, hacer favores a la clase política y hacer negocios con el ahora disminuido presupuesto del organismo.
Un asunto del cual debe fijar una postura la Comisión de Derechos Humanos de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo es sobre la Recomendación número 146/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigida al fiscal general del estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar, la cual se emitió con fecha 31 de agosto pasado, pero para cubrir el tiempo en que se debe notificar a las víctimas y autoridades involucradas, se hizo pública hasta el pasado fin de semana.
La CNDH determinó que la Fiscalía General del Estado, incurrió en omisiones en la investigación para esclarecer los homicidios de los periodistas Rubén Pat Cahuich y Francisco Romero Díaz, ocurridos en julio de 2018 y mayo de 2019, respectivamente, en el estado de Quintana Roo.
Este organismo, consideró que las anomalías que se cometieron en ambos casos contribuyen “a agravar esta problemática que afecta el ejercicio de la comunicación”, por lo que emitió la referida recomendación al ahora titular de la FGE de Quintana Roo, en la que le solicitó efectuar en favor de cuatro víctimas indirectas los trámites necesarios para que puedan acceder a la reparación integral del daño causado por estos homicidios.
Recordemos que el resto de las investigaciones sobre periodistas asesinados en Quintana Roo durante el último sexenio están inconclusas y que es urgente que se reactiven para hacerle justicia a las víctimas asesinadas y a sus familias y con ello, al gremio periodístico nacional.
Graciela Machuca
