La negligencia, causa de la impunidad, es histórica en la Fiscalía de Quintana Roo; una recomendación de la CNDH, lo demuestra
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
Los asesinatos de periodistas en Quintana Roo es un pendiente que sigue teniendo el sistema de justicia de la entidad con las familias de las víctimas, con el gremio periodístico nacional y con la sociedad mexicana, porque al asesinar a un periodista, no solamente se calla una vida, una voz, sino la posibilidad que la sociedad para ejercer su derecho a la información como lo ordenan la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por México.
Por estas razones, de manera constante en este espacio se ha exigido que dichos asesinatos sean investigados, se sepa la verdad y se castigue a los responsables y a las familias les sea reparado el daño de manera integral.
Sin embargo, ni a las instancias de procuración de justicia ni a las de administración les interesó hacer su trabajo conforme a la ley, hicieron hasta lo imposible por inmovilizar los casos y sólo decirle mentiras a las familias. Dos de estos casos han sido revisados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo público nacional que emitió una recomendación al actual fiscal general del estado, Raciel López Salazar, quien tiene la obligación de enmendar los errores y la negligencia de sus antecesores.
La CNDH llegó a la conclusión que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo incurrió en omisiones en la investigación para esclarecer los homicidios de los periodistas Rubén Pat Cahuich y Francisco Romero Díaz, ocurridos en julio de 2018 y mayo de 2019, en la entidad.
En la Recomendación 146/2023 establece que del análisis de información publicada en medios de comunicación, inició de oficio expedientes de queja para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos en el homicidio de estos dos periodistas, quienes fueron ultimados a balazos.
En el desarrollo de la recomendación referida se documenta que a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo se le acreditó responsabilidad institucional “por cuanto a la intervención de personal de la Unidad de Homicidios y de la Policía Ministerial…”.
Lo anterior, “considerando que en el estado de Quintana Roo, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público adscrito a la FGEQR; por lo que a dicha autoridad le corresponde el deber legal de iniciar y conducir la investigación al tener conocimiento por comunicación que haga cualquier persona sobre hechos presuntamente delictivos, para lo cual deberá ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia de la infracción penal; así como la responsabilidad de los autores y partícipes”.
Además, en los términos expuestos en el apartado de Observaciones de esta Recomendación, las y los agentes del Ministerio Público de la FGEQR que intervinieron en las CI1 y CI2 se desapartaron de las obligaciones que les corresponden, establecidas en el numeral 131 del CNPP, particularmente y de manera enunciativa, a ejercer eficaz y oportunamente el conducción y mando de la investigación de los delitos, a través de la coordinación de las policías y peritos; a analizar los actos de investigación realizados por las policías; a requerir informes o documentación a otras autoridades y particulares; a actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, entre otras, según el contenido del documento.
Pero, aún hay más, “a causa de que el personal de la Policía Ministerial y de la Dirección General de Servicios Periciales de la FGEQR incumplió con la atención, respuesta y seguimiento a múltiples órdenes de investigación y solicitudes de peritaje, respectivamente, necesarios y relevantes para el esclarecimiento de los homicidios de V1 y V2; obligaciones que, al no haber sido atendidas en los casos de V1 y V2, provocaron una vulneración al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente de procuración, por falta al deber de debida diligencia; así como a la seguridad jurídica y legalidad, en agravio de VI1, VI2, VI3 y VI4; además de VI5 y VI6”, estas últimas víctimas indirectas, familiares de los periodistas asesinados.
La Fiscalía de Quintana Roo, en el plazo de seis meses deberá diseñar e impartir al personal ministerial de la Unidad de Homicidios de esa Fiscalía, así como al personal de la Policía Ministerial que intervino en las diligencias que obran en las CI1 y CI2, un curso de capacitación y formación en materia de derechos humanos, relacionado con los derechos humanos de acceso a la justicia, procuración de justicia, aplicación del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, así como los principios constitucionales que rigen el servicio público.
Dicho curso deberá ser efectivo para prevenir hechos similares a los del presente caso; ello, con la finalidad de atender también a una cultura de paz del Estado mexicano.
Entre las múltiples recomendaciones dirigidas al fiscal de Quintana Roo se le pide colaborar en el trámite y seguimiento de la denuncia de hechos que esta Comisión Nacional presente en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 y AR8, ante la FGEQR, “por la comisión de conductas probablemente constitutivas de delitos previstos y sancionados en los artículos 225, fracciones VIII y X, del Código Penal Federal, a fin de que se inicie el procedimiento que corresponda, a efecto de que dicha instancia realice la investigación respectiva y resuelva lo que conforme a derecho proceda; hecho lo anterior, se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite dicha colaboración”.
Aunque la CNDH no es precisa en exigir que se realicen las investigaciones pendientes en ambos casos, la Fiscalía tiene la obligación ética, política y jurídica de desempolvar las carpetas de investigación y realizar las investigaciones conforme a derecho.
Con esta recomendación se demostró, una vez más, que el trabajo de la Fiscalía de Quintana Roo es deficiente en perjuicio del pueblo. Las anomalías en las investigaciones de los casos de estos dos periodistas asesinados fueron evidenciadas por la investigación de la CNDH, por la trascendencia política y mediática que tuvieron, ¿pero, que podemos esperar de los miles de casos que están en el rezago o que simplemente ya fueron cerrados?
Por economía institucional, no todos los casos pueden llegar a la CNDH, pero para hacer ese trabajo está la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, así como todas las mujeres y hombres que quieren dirigir ese organismo, la defensa de los derechos humanos no solo la pueden hacer cobrando un salario en una institución, los casos de violación de derechos humanos están a la vista, solo falta quien quiera defenderlos.
Graciela Machuca
