Por decreto presidencial, la 4T pretende exonerar al Ejército Mexicano de la matanza de Tlatelolco
Necesariamente Incómoda
Graciela Machuca Martínez
La oposición a la militarización de las instituciones en el país no tiene que ver con nada personal contra las fuerzas armadas, sino a una postura ideológica de quienes hemos vivido y hecho cobertura periodística de las atrocidades del Ejército Mexicano, de la Marina, de corporaciones policiales y grupos de inteligencia militar y política, desde mucho antes que en este país se pudiera hablar de derechos humanos, para ello hay que remontarse a las décadas que van de 1950 al menos a 1980, más los casos bien identificados en años posteriores, cuando mandos militares ordenaron o permitieron violaciones de mujeres indígenas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas.
Las experiencias de países de centro y sur América en donde los ejércitos se hicieron del poder político y económico, son archivos vivientes del abuso del poder, de las dictaduras, de gobiernos autoritarios cuestionados y combatidos de movimientos sociales con raíces desde la izquierda, por lo que ahora, resulta incongruente, que un gobierno que se ha vendido como de izquierda, lo cual solo sus fanáticos lo creen, le esté dando poder político y económico al Ejército Mexicano y a la Marina, poniendo en sus manos el control de puertos, aeropuertos, aduanas, una línea aérea y se le entregue para su administración y vigilancia empresas como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que le a costado miles de millones de pesos al pueblo de México y que la deuda generada tendrán que seguirla pagando las futuras generaciones.
Por congruencia ideológica, histórica y social y en memoria a las víctimas de la militarización retomó un documento distribuido recientemente por el Movimiento Seguridad sin Guerra y Amnistía Internacional México.
Las instituciones castrense del país tienen muchos pendientes con la historia, pero principalmente con las víctimas y sus familias, quienes se han enfrentado a la represión militar y política. El movimiento social que respaldó al proyecto político electoral de Andrés Manuel López Obrador tiene sus orígenes y formación en esos años de luchas sociales, sindicales, agrarias, estudiantiles, campesinas, obreras que fueron apagadas por la represión del sistema político mexicano representado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ejercía el poder.
Por ello, la sociedad mexicana no puede guardar silencio, mucho menos ignorar, hechos históricos en los que la cúpula militar, al servicio de la política, reprimió a opositores políticos, cometió ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y ahora, se le quiere deslindar de su responsabilidad, sin permitir que se les investigue, solo por decreto se les quiere absolver.
De allí la importancia del comunicada de Seguridad sin Guerra y Amnistía Internacional México, organizaciones que alzaron la voz: “Ante la declaración del Ejecutivo federal emitida este 2 de octubre de 2023 de que los elementos de las instituciones castrenses obedecieron órdenes de civiles, Seguridad Sin Guerra y Amnistía Internacional reiteramos que la actuación de las Fuerzas Armadas, principalmente, el Ejército, durante el periodo de mediados de los 60 hacia los 80 y, más aún, ahora que se encuentran desplegados masivamente en tareas de seguridad pública, ha implicado violaciones muy graves a derechos humanos, algunas incluso con características de delitos de lesa humanidad por cumplir supuestos de generalizadas y sistemáticas, entre ellas, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza, que no pueden ser olvidadas ni protegidas”.
En el referido comunicado se explica que las declaraciones del presidente López Obrador “parecen exonerar al Ejército de su responsabilidad en las violaciones graves a derechos humanos que han cometido, usando dos argumentos inaceptables: a) la obediencia debida, argumento de regímenes autoritarios para exculpar a las instituciones castrenses y decisiones de política de Estado en la comisión de atrocidades y, en consecuencia, b) decir que son “errores” cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas estas acciones y decisiones represivas para mantener los pactos deliberados de impunidad crónica y sistémica”.
Recuerdan que los estándares internacionales de derechos humanos, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “establecen claramente que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser: subordinada, complementaria, regulada, extraordinaria y fiscalizada, criterios que actualmente no se cumplen y violentan el mínimo control constitucional que se les ha impuesto, lo cual pone en riesgo la transparencia y rendición de cuentas que es exigible a cualquier institución del estado.
“Ningún funcionario público, por más alta que sea su jerarquía y su investidura, puede sustituir por decreto la investigación de la probable responsabilidad de la acción de las Fuerzas Armadas en hechos del pasado constitutivos de delitos. Es obligación de las instituciones de procuración de justicia civil investigar si hubo violaciones graves a derechos humanos y de los tribunales juzgar conforme lo establecen los más altos estándares de justicia de transición para las víctimas de la violencia del pasado y la presente: verdad, justicia, reparación integral y no repetición”.
Seguridad Sin Guerra y Amnistía Internacional recuerdan al Gobierno de la República que desde 1950 la Organización de las Naciones Unidas aprobó los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las Sentencias del Tribunal de Nuremberg. Estos principios reconocen que cuando una persona actuó en cumplimiento de una orden de su gobierno o superior jerárquico no la exime de responsabilidad penal. Ese principio ha sido reiterado en numerosas ocasiones por el derecho internacional. El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, del cual México es parte desde 2005, establece que quien hubiere cometido un crimen de guerra, lesa humanidad o genocidio, en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal (art. 33).
Por lo tanto, el movimiento Seguridad sin Guerra y la organización Amnistía Internacional exigen al Ejecutivo federal asuma la responsabilidad constitucional que le atañe y respete el dolor causado a las víctimas de las violaciones graves a derechos humanos perpetradas por las fuerzas militares durante la masacre de 1968 y años posteriores. Es necesario reconocer que fue parte de una deliberada represión a la disidencia política y social.
Refieren que la protección a la impunidad de la acción represiva del Ejército tanto en el pasado como en el presente representa un régimen de injusticia que no investiga y no sanciona a quienes son responsables de estas graves violaciones y de esta forma, no hay verdad ni justicia para las víctimas.
Por ello, se sigue exigiendo el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles que ya rebasan más de 261 mil elementos en tareas civiles pues, aunque se les haya dado un alfiler justificatorio constitucional en seguridad pública, no ha sido así en la sustitución por decreto de las instituciones civiles y la vida pública. Hasta aquí la postura de Amnistía Internacional y Seguridad sin Guerra.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) en Quintana Roo, confió la Seguridad Pública Municipal a un militar, a pesar de ello, un informe del gobierno federal sobre los 50 municipios con mayor número de homicidios dolosos de septiembre de 2023, ubica a Benito Juárez, como el séptimo de esa lista.
El presidente de la república acaba de anunciar que más de tres mil 500 efectivos del Ejército Mexicano se harán cargo de custodiar las operaciones del Tren Maya. El objetivo de López Obrador es militarizar la economía del país, sobre sus razones tendrá que dar una explicación al pueblo de México.
Graciela Machuca
